El maltrato financiero que sufre la Comunidad Valenciana acabará convirtiéndose en un problema de Estado. Así lo ha manifestado el actual conseller de Hacienda, Vicent Soler, y de sus palabras se desprende la voluntad de que se aborde como tal. Lejos de criticarle, comparto plenamente su opinión. Un nuevo informe del ejecutivo autonómico ha ratificado lo que el gobierno de Alberto Fabra ya evidenció una y otra vez: a la hora de repartir, somos los parias de España. No busquen segundas intenciones que, actualmente, cualquier queja se interpreta como un conato de secesionismo y los tiros van por otro lado. Sólo subyace el interés por evidenciar una injusticia, mantenida invariable en el tiempo, que exige solución sin más demoras.
Primero fueron las conclusiones de la comisión de expertos de Les Corts, recordando que la deuda histórica superaba con creces el coste de un año entero de funcionamiento de la Generalitat Valenciana. Luego llegaron las balanzas fiscales, demostrando que anualmente nos birlan el 1,5% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB), siendo la única comunidad «pobre» que aporta al Estado más de lo que recibe. En ambos casos quedó patente que el reparto autonómico nos está abocando a la bancarrota. Ahora surge un nuevo capítulo de esta historia inacabada, con un estudio que pone encima de la mesa un déficit acumulado de 12.433 millones de euros en una década, como resultado de un sistema de financiación autonómica absolutamente inmoral. Sí, nos están robando ¿O existen razones que permitan defender lo contrario?
No se trata de sacar a relucir el agravio cada cierto tiempo, por más que la reiteración sea necesaria ante una injusticia de tal magnitud. En esta ocasión hay novedades que merecen ser tomadas en consideración. Nuevos matices que incrementan el riesgo de que, efectivamente, esto acabe por convertirse en un problema de Estado. Que el Consell decida denunciar al Gobierno de España ante los tribunales es una seria decisión que puede ir más allá de lo meramente simbólico. Ahora bien, siempre cabe la duda de que se trate de un acto electoralista y, en el supuesto de que Pedro Sánchez llegase a La Moncloa, la denuncia no siguiera adelante. Motivos hay para desconfiar puesto que algunos responsables del PSPV, hoy al frente del gobierno autonómico en coalición, apoyaron explícitamente el actual modelo de financiación, aprobado bajo la presidencia de Zapatero. Pese a ello, por lo pronto, cabe felicitarse por la decisión del Consell para defender lo que nos corresponde.
Como decía, el informe realizado por la Conselleria de Hacienda aporta diversas primicias de interés. Quizá la más llamativa es el reconocimiento de que el derroche en los gobiernos del PP -que es innegable que lo hubo- apenas ha tenido un efecto marginal en la generación del déficit de la Generalitat Valenciana. El estudio llega a cuantificar el efecto del mal gasto de los dineros públicos. Admite que el discurso del despilfarro no era tan cierto como se pretendía y que el 90% de la deuda autonómica se debe a la infrafinanciación de la Generalitat. Apenas un 10% de la factura responde a esa alegría con la que dilapidaban el presupuesto por estas tierras. Tiene cojones que después de aguantar durante años el sambenito de manirrotos -bueno, la Generalitat que no los ciudadanos- y de hacernos responsables de nuestras penurias económicas, nos hayan engañado. Parece ser que resultaba más conveniente dar pábulo a la creencia populista de que todo el problema provenía de una gestión que nos condujo a la ruina. Y no fue así.
Los datos desmontan el discurso del derroche. A la vista de la información que aporta el actual Consell, los gobiernos populares no fueron tan despilfarradores como se quiso dar a entender. Otra cuestión es que priorizaran el gasto del modo más adecuado, especialmente en tiempos de crisis, y es obvio que abundaron en equivocaciones. Ya saben, hubo dinero para grandes eventos y fanfarrias pero no para atender las necesidades más perentorias de la población ¡Ojo! No les disculpo, sólo pretendo recalcar que el problema esencial era otro. El mismo que continuamos padeciendo, que somos la comunidad autonómica más castigada a la hora de recibir parte del pastel.
Otro tópico que el informe pone en tela de juicio es la supuesta benignidad del sistema de financiación de Zapatero, respecto al de los tiempos de José María Aznar y bautizado como «modelo Zaplana». Una vez actualizadas las aportaciones per cápita a las variaciones del IPC, parece que con Aznar nos trataban menos mal, aunque siempre alojados en el vagón de cola. Los números cantan y la aportación per cápita en aquella época fue casi un 20% superior a la recibida con el sistema actual, obra del ejecutivo socialista. Vamos para atrás y de ahí que el conseller Soler reclame la friolera de 5.877 millones más cada año, casi la mitad del presupuesto autonómico.
Me extraña la pasividad de gran parte de la ciudadanía, tan dada a filosofar sobre lo humano y lo divino pero, a la vez, poco pragmática cuando se trata de bajar a lo terrenal y cotidiano. No es cuestión de parafrasear a Gramsci y odiar a los indiferentes, pero sí de reclamar que abramos los ojos. Es posible que los ciudadanos no entiendan la dimensión del asunto que nos ocupa y precisemos de una buena dosis de eso que llaman «pedagogía social».
La financiación autonómica es un sistema de vasos comunicantes y, si a nosotros nos falta, es resultado de que otros se están llevando más de lo que les corresponde. Y puesto que no hay más leña que la que arde, nuestra mejoría sólo ocurrirá si esos otros ven reducida su calidad de vida. Así de simple, por frío e insensible que parezca. Sin presupuesto no queda más opción que gestionar la miseria e incumplir los programas electorales. Algo que, por otra parte, ya vienen advirtiendo desde el actual gobierno autonómico. Vayan dando por muerto el Acord del Botànic, que no hay parné para financiarlo. Ahí tienen esa nueva RTVV como primer ejemplo del desaguisado que nos espera.
Va siendo hora de que al sufrido ciudadano se le explique la realidad, confrontándole ante un futuro bastante gris si no se favorece un cambio drástico en la situación financiera de la Comunitat. Y sí, quizás acabemos siendo un problema de Estado pero ¿nos queda otra salida? Me temo que no.
