El tiempo no ha pasado por el viejo palacio provincial. No ha pasado la crisis económica, no ha pasado el desprestigio general de la política y tampoco han pasado los intentos más o menos sinceros de los partidos por moralizar la vida pública a base de aplicar una serie de medidas destinadas a recortar las abismales distancias existentes entre una clase dirigente privilegiada y una ciudadanía maltratada por todos los terremotos de la economía y del desgobierno. En la Diputación de Alicante siguen a lo de siempre y desde la constitución de la corporación salida de las últimas elecciones municipales sólo generan tres tipos de noticias: las relacionadas con las luchas por cuotas de poder, los escándalos en torno al masivo nombramiento de asesores y las vergonzantes polémicas sobre sueldos astronómicos que superan el salario del mismísimo presidente de la Generalitat Valenciana. El mundo ha cambiado a su alrededor y esta institución se ha mantenido al margen de todas estas transformaciones, hasta convertirse en una especie de reserva espiritual de la vieja política, entendida en la concepción más miserable y alimenticia del término.
En un momento histórico en el que se cuestiona el papel y la propia existencia de las diputaciones provinciales, las personas que dirigen los destinos de la Diputación de Alicante parecen empeñadas en cargar de razones a los detractores de estos organismos territoriales, que exigen su supresión inmediata al considerarlos un carísimo mecanismo partidario destinado a crear redes clientelares y a utilizar el dinero público como un instrumento para favorecer las aspiraciones personales de determinados dirigentes o de determinadas facciones de un partido. En unos tiempos en los que manda la política de gestos, los gestos que envía la corporación provincial a la ciudadanía no pueden ser más irritantes. En un escenario de cabreo general en el que se exige ejemplaridad y capacidad de renuncia a los gestores públicos, los actuales rectores de la Diputación hacen una inmensa demostración de desprecio y se muestran ante la sociedad como los máximos responsable de un ente endogámico e insensible, totalmente ajeno a las necesidades reales de la calle.
Resulta inevitable comparar la decepcionante actitud del gobierno de la Diputación alicantina con los esfuerzos de renovación aplicados por la nueva Generalitat y por un buen número de ayuntamientos importantes de la provincia. La necesidad urgente de conectar con unos ciudadanos atenazados por la recesión económica y por los recortes sociales ha hecho que estas instituciones hayan aplicado una política de contención del gasto suntuario, que tiene su mejor expresión en la reducción drástica de todo tipo de prebendas y de canonjías, que hasta la fecha formaban parte de la extraña normalidad de la administración pública española. Se trata de recuperar la confianza de la calle, aunque para ello haya sido necesario renunciar a un buen puñado de privilegios.
En la Diputación Provincial de Alicante nadie parece haber hecho esta reflexión y ni siquiera la intervención estelar de Ciudadanos (un partido que ha hecho bandera de la regeneración) ha logrado frenar la aplicación del sistema de toda la vida. Los que gobiernan este organismo territorial actúan como si no tuvieran que responder ante la ciudadanía y demuestran, por si alguien tenía alguna duda al respecto, que su nombramiento para el cargo es el fruto de una serie de maniobras internas, que se desarrollan en la estricta intimidad de los despachos.
En el peor momento posible y con todas las instituciones públicas del país sometidas a un profundo proceso de revisión general, la Diputación de Alicante protagoniza una carrera suicida para colocarse en el centro del foco de la actualidad y para hacernos una exhibición patética de la peor cara de la política. Es una extraña forma de defender la continuidad de un organismo altamente cuestionado, cuya eliminación se plantea cada vez que las crisis económicas le aprietan las clavijas al gobierno de turno. Tras el decepcionante balance de estos primeros meses, a las personas que dirigen el ente provincial se les puede aplicar perfectamente el viejo dicho de que «con amigos como estos, las diputaciones no necesitan enemigos».
