La cuantía de los sueldos de los cargos públicos es un tema recurrente. Cierto que se producen abusos, al igual que existen algunas disparidades en las retribuciones difícilmente justificables. Ahí tienen el ejemplo de la Diputación de Alicante, con personal eventual -ni siquiera son diputados, sino personal de apoyo- cuyas nóminas superan a la de un conseller. Pese a ello no comparto la opinión de que los políticos, en general, están bien pagados. A sabiendas de que la tendencia imperante es afirmar lo contrario, voy a ir contracorriente para abordar el asunto desde una óptica que pretende invitar a la reflexión.
Parece obligado empezar por valorar, en su justa medida, la magnitud de las administraciones públicas. Son empresas -al fin y al cabo ofertan y gestionan servicios- que generan el 16,3% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Valenciana, situándose como el tercer sector más productivo de nuestra economía. Una aportación similar a la de la industria (17,1%) y muy próxima a la que representan el comercio y la hostelería, que en su conjunto son responsables del 22,6% de nuestra contabilidad regional. Y emplean directamente al 12% de los trabajadores valencianos, siendo difícil estimar el enorme impacto que tiene en el empleo indirecto. Estos datos no pueden obviarse al opinar sobre las retribuciones de los puestos directivos de estas instituciones.
Por otra parte, una administración pública no es una empresa al uso que se encuentre regulada por las normas clásicas del mercado. Aquí no hay libertad de elección por parte del cliente. Todos lo somos y, en consecuencia, de un modo u otro nos afectarán sus resultados. Así pues, la responsabilidad de sus puestos directivos presenta un hecho diferencial: es universal, por cuanto influye directamente en la vida de todos los ciudadanos y no sólo en la de quienes, con carácter voluntario, optan por recibir sus servicios o adquirir sus productos.
Aún más. Las administraciones públicas tienen una potestad normativa que les permite intervenir incluso en otros sectores productivos, condicionando su funcionamiento. Tiene la capacidad de regularizar -o desregularizar- el mercado, circunstancia que añade un plus de responsabilidad al cargo directivo.Hacerlo mal conlleva un daño, muchas veces irreparable, no sólo directamente para los ciudadanos sino también para otras empresas.
Las odiosas comparaciones dan juego para la demagogia. Es evidente que dirigir las políticas propias de una Administración Pública exige cierto nivel formativo y una contrastada experiencia. Así pues, no cabe comparar con el salario medio del trabajador español, generalmente necesitado de una cualificación menor. A quien esté en paro, o cobre 15.000 euros al año, le parecerá desorbitada una nómina de 100.000 euros. Olvida, posiblemente, que el desarrollo de las funciones propias de un alto cargo exige esos criterios personales -formación y experiencia- a los que me refería. Otra cosa es, evidentemente, que todos aquellos que ocupan estos puestos se encuentren realmente capacitados para realizar adecuadamente sus funciones. Aquí radica el quid de la cuestión: en la capacitación de los cargos públicos y no en su salario.
Permítanme un ejemplo quizás algo extremo pero bastante significativo. Mercadona mueve anualmente un presupuesto ligeramente superior al de la Generalitat Valenciana. Disponen de plantillas de 80.000 y 125.000 trabajadores respectivamente. De acuerdo que Juan Roig se juega su propio patrimonio y Ximo Puig no, al margen de que existan otras indiscutibles diferencias entre ambos. Pero, siendo los máximos responsables de las dos primeras empresas valencianas, Roig percibe un sueldo 74 veces superior al del President de la Generalitat. Demasiada diferencia entre lo público y lo privado ¿no creen?
Parece existir un acuerdo unánime en que nadie debe cobrar más que el Molt Honorable. Sería estúpido reclamar un sueldo de cinco millones de euros, por más que esa cantidad sea la que cobra su homólogo en la empresa privada. Pero no más incoherente es mantener los 67.615 euros que sirven como referencia al resto de los directivos públicos. Una nómina muy próxima a los 64.000 euros anuales que por convenio se exige como salario mínimo? ¡para un jugador de fútbol de Segunda División! Ojo, que hablo de salario mínimo y no de las percepciones reales ¿Qué el fútbol es temporero? ¿Acaso no lo es también la política? En cualquier caso, nada que ver con las retribuciones habituales para un directivo de una empresa del tamaño de la administración autonómica, que difícilmente bajarían de los 250.000 euros anuales. El compromiso con el servicio público no es un argumento válido para justificar que el sueldo acabe siendo comparativamente tan ridículo.
No todo es defender un sueldo adecuado para los cargos públicos, en base a la responsabilidad de sus funciones. Un aspecto de vital importancia es su capacidad para gestionar las competencias que se les delega. Si los resultados obtenidos en su trabajo son los deseados, dudo que nos preocupe mucho si un cargo directivo cobra una u otra cantidad. Sin embargo, la conjunción del poder legislativo y el ejecutivo que caracteriza a las diputaciones y ayuntamientos, dificulta en extremo que las políticas públicas sean dirigidas por gobernantes capacitados para ello. Les propongo que echen un vistazo a los curriculums y la experiencia laboral de los cargos electos. Cuidado con esto último, que disponer de un título universitario sin experiencia laboral no constituye garantía alguna de una buena gestión pública. Que una cosa es ser un buen representante del pueblo y otra, bien distinta, disponer de las competencias y conocimientos necesarios para gestionar adecuadamente sus intereses.
En la administración pública se echa en falta la defensa pública de la cualificación de los candidatos. Por más que hace años se propusiera que los altos cargos defendieran su idoneidad para ocupar el puesto ante el parlamento correspondiente, la idea quedó en agua de borrajas. Ahí tienen un cambio legislativo que influiría en un mejor gobierno a todos los niveles. No deja de ser curioso que, en un país en el que hasta para distribuir la basura hace falta disponer de una acreditación, cualquiera pueda gestionar una conselleria, concejalía o negociado similar, sin necesidad de disponer de conocimiento ni experiencia alguna. Es en estos casos cuando debemos poner en duda la conveniencia de algunos sueldos.
Por tanto, la cuestión no estriba en que los directivos públicos cobren más o menos, sino en que sus retribuciones se adecúen a la responsabilidad que conlleva su puesto de trabajo. Y, por supuesto, exigiendo pruebas «a priori» de su capacidad para desempeñar estas funciones. Que una cosa es lucir la oratoria -o montar el show, que de todo hay- y otra, muy distinta, gestionar lo que es de todos.
