Ni delito, ni acto irreprochable. Como siempre, las cosas no son tan absolutamente aceptables o rechazables, siendo la moderación y el sometimiento a la verdad la mejor postura a adoptar frente al maniqueísmo y el extremismo impostado de la clase política. El PSOE ha presentado frente al ministro del Interior una denuncia que tiene todas las posibilidades no solo de ser desestimada, sino que, de deducirse la oportuna pretensión, podría o debería engendrar las responsabilidades consustanciales a un uso espurio de la Justicia. El PP, por su lado, ha optado por dar explicaciones tan endebles y poco creíbles, que en lugar de clarificar los hechos han fomentado las dudas sobre el encuentro, su finalidad y objeto. Demasiada simplicidad en un asunto mucho más oscuro.
Y es que la clase política, en ese empeño en afirmar su soberbia consistente en no reconocer nunca errores, que conduce inevitablemente a tragedias y a confrontaciones derivadas del exceso de ego que llegan a ridiculizar y a denigrar a quien practica tal absurdo, siempre justifica los actos propios y vitupera trágicamente a los adversarios. La culpa es siempre del otro; él y los suyos, perfectos, en toda la amplitud casi esperpéntica de la palabra.
Un dislate en el que ambos partidos se han movido de forma histriónica, renunciando conscientemente a dar a conocer la realidad de los hechos y supeditando ésta a sus intereses y a captar y manipular las conciencias de sus votantes, siempre prestos a aceptar los discursos de sus afines aunque sean tan elementales, como ilógicos.
Porque, cualquiera que tenga un mínimo de inteligencia, cualquiera, puede pensar que si desde el Ministerio del Interior se quería transmitir a Rato información reservada, no lo hubiera hecho en una reunión en el Ministerio, sujeta a los controles ordinarios. Es de una evidencia incontestable que este tipo de actos se llevan a cabo de forma secreta y por medio de terceros.
De igual modo hay que calificar la imputación de tráfico de influencias. En este caso, la denuncia acredita una ignorancia y desprecio absoluto del Código Penal. Y es que, como cualquier estudiante de Derecho sabe, este delito exige un acto de presión que menoscabe la libertad del funcionario sobre el que recae la fuerza moral, no constituyendo jamás una reunión este delito como ha reiterado unánimemente el Tribunal Supremo.
Y, por último, la prevaricación no se alcanza a entender, pues una reunión legal, aunque sea éticamente indebida, no puede serlo, salvo que se dictara una resolución ilícita desde cualquier consideración. Y esa resolución o acto en general ni siquiera se cita en la denuncia.
Pero, junto a esto, insistir en que el señor Rato se reunió con el ministro para exponerle sus inquietudes acerca de posibles acosos a su familia, merece igual reproche, dada la inconsistencia de la excusa. No es la vía adecuada la de pedir directamente a un ministro la intervención policial y menos cuando quien la solicita no justifica dicha necesidad una vez publicitado el encuentro. Que Rato haya sido quien fue o que tenga amistad con el ministro no es causa para este tipo de demandas, privilegios en todo caso de ser ciertas.
En resumen, un acto políticamente inoportuno, que debe ser criticado por la relevancia de quienes se reunieron y la situación judicial del señor Rato, pero que a la vez ha sido utilizado, de forma manifiestamente indebida por el PSOE, abusando del Poder Judicial de forma consciente, atentando al honor que toda denuncia con apariencia de falsedad genera y todo, sencillamente, para conseguir un beneficio político.
La denuncia, lo aseguro desde ya, carece de recorrido alguno. Y lo saben sus autores que, en lo que es ya práctica muy extendida en nuestra clase política, han atribuido a los tribunales funciones que no les son propias, delegando en éstos lo que es la esencia de la discrecionalidad administrativa. En esa discrecionalidad el juego de la política es esencial y las críticas y las ofertas, básicas. Tal vez, la incapacidad para esto último y que todo se ha reducido a la demonización vulgar del adversario, es lo que está en la base de la criminalización social tan extendida hoy por causa del juego de una clase política con escasos valores democráticos.
Pero, a su vez, tampoco parece cierta o lógica la explicación ofrecida desde el PP, que crea a su alrededor, con los problemas que ya tiene, un velo turbio que afecta a su credibilidad y que le puede pasar factura en los próximos meses. Y, sobre todo, que nos deja de nuevo con una sensación extraña derivada de lo desconocido, aunque necesariamente esa duda haya de ser despejada sin atender a las extremas afirmaciones de la prensa más radical y a las demandas del PSOE.
Un nuevo caso en el que la política adquiere una fisonomía propia, alejada de la razón y de la verdad, para caer en manos de la noticia impactante, escasamente cercana a la realidad y poco pedagógica. El riesgo de futuro para los grandes partidos lo fomentan ellos mismos con este tipo de comportamientos.
