La última propuesta del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, me tiene desconcertado. No porque plantee rescatar la gestión de los tributos para la capital y que en realidad quien puede decidir si accede o no a la petición puesto que hay un contrato firmado y en vigor es el responsable de otra institución, en este caso la Diputación, gobernada por el PP con el apoyo de Ciudadanos. Eso, si me apuran, se queda en algo anecdótico si vamos al fondo de la cuestión, que no es ni más ni menos que el coste del cobro de los impuestos. Según el alcalde, Alicante podría ahorrarse hasta cuatro millones de euros al año si vuelve a tener el control directo de las tasas que pagan los residentes en la capital de la provincia. Y es aquí donde a un servidor no le cuadran los números por mera aplicación de la lógica. Cómo es posible que una gestión centralizada de los impuestos para casi todos los municipios de la provincia, que es lo que hace Suma, resulte más cara que hacerlo individualmente cada ayuntamiento, que es lo que se extrae de las palabras del primer edil. Cuando hace ya bastantes años vio la luz el organismo tributario que gestiona la Diputación, de la mano de su entonces presidente, Antonio Mira-Perceval, desde todos los rincones se aplaudió una idea que venía a implantar modernidad y eficacia en la difícil tarea de cobrar los impuestos locales. En aquella época, infinidad de multas de tráfico, tasas y otros impuestos se quedaban sin pagar por la simple causa de que al titular de la deuda no se le localizaba al no residir en la localidad que le reclamaba el pago. A eso y a otras muchas picarescas más hizo frente Suma y logró implantar un modelo que ha traspasado las fronteras de Alicante y ha sido copiado en otras provincias. Por eso me extraña la falta de contundencia de la Diputación y Suma para responder a una cuestión que ataca su línea de flotación y va contra su razón de ser.
