Muy recientemente se han publicado en el BOE dos leyes que modifican sustancialmente el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en nuestro país.
La aún vigente Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menores publicada en 1996 supuso un importante cambio en un sistema de protección de menores que provenía de la dictadura (1948) y que fue parcialmente modificado en 1987.
Muchos han sido los cambios normativos introducidos por la citada ley de 1996 y por un amplio número de normas legales de ámbito internacional, nacional y autonómico que nos han permitido disponer de un sistema que garantiza la seguridad jurídica de todas las actuaciones que, desde las distintas administraciones públicas, pudieran ponerse en funcionamiento para garantizar los derechos reconocidos a la infancia y la adolescencia.
Sin embargo, los numerosos e importantes cambios legales no han ido acompañados de recursos (programas, servicios, presupuestos) suficientes para que esos avances pudieran verse reflejados en las políticas que, desde los distintos ámbitos de atención integral a los menores (educación, sanidad, servicios sociales?), deberían haberse implementado en nuestra Comunidad Autónoma.
Por el contrario, informes elaborados en los últimos años, hablan de asuntos que parecían erradicados en nuestro país. El aumento de la pobreza, el creciente aumento de la llamada brecha de la desigualdad, afectan muy especialmente a la población infantil. Hablar de limitaciones de acceso a becas de comedor, becas de libros y material escolar, la demanda de apertura de comedores escolares durante el verano, son noticias que, lamentablemente, aparecen casi a diario en los medios de comunicación.
La dureza de estos problemas y la falta de recursos para paliarlos, no debe vincularse, exclusivamente, a la crisis económica de los últimos años ya que el desequilibrio entre la promulgación de normas legales y la generación de recursos suficientes para su aplicación efectiva, es algo que se venía produciendo antes de que comenzara la crisis.
La falta de planificación y coordinación entre administraciones, viene siendo una constante de los últimos años. Aun habiéndose redactado hasta dos planes integrales de atención a la familia y a la infancia, estos nunca han sido objeto de una evaluación participativa que sirviera para detectar la evolución de las problemáticas que afectan a la infancia y a la adolescencia y por tanto la adopción de medidas para su atención.
Estamos ante una nueva oportunidad. Las modificaciones legales incorporadas al sistema de protección de menores nos abren, de nuevo, la posibilidad de reflexionar sobre la situación actual del sistema y, sobre todo, planificar las actuaciones necesarias a llevar a cabo para su mejora.
Ojalá seamos capaces de no perder esta oportunidad. Afortunadamente contamos con un importante número de profesionales, de familias, incluidas las de acogida que en muchas ocasiones han sido tan poco cuidadas y valoradas, de entidades que viene trabajando en el sector, que han demostrado todos ellos una gran implicación y conocimientos que no pueden ser desperdiciados en este nuevo reto que tenemos la oportunidad de afrontar.
Y sobre todo, no podemos olvidar en esta tarea, incorporar la voz de los propios menores, a los que no sólo tenemos la obligación de oír y escuchar en todo aquello que les atañe, sino que tienen el derecho a participar progresivamente en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal.
