La cosa está que arde y el personal anda un tanto escaldado y no me refiero a la situación política ni al clima, sino a los montes. Los terribles incendios declarados en la sierra de Gata (Cáceres), Ódena (Catalunya) o en diversos puntos de Galicia copan los titulares en los medios de comunicación y levantan suspicacia entre buena parte de la población, que se pregunta si entre la citada reforma y el fuego existe una relación directa. El personal está, y seguramente no es para menos, con la mosca tras la oreja después de la nueva Ley de Montes (ley 21/2015 de 20 de julio) porque restablece la posibilidad de recalificar las zonas forestales quemadas, siempre y cuando las comunidades autónomas consideren que existen «razones de interés público de primer orden» y sin necesidad de que pasen 30 años, como dictaba la anterior ley. Y el «interés público de primer orden» se presta a ser tan amplio como algunas comunidades quieran.

Vistas las cosas, y a pesar de la proliferación de noticias de incendios, echando manos de las estadísticas provisionales no hay nada hasta la fecha que dé base para el mosqueo. Del 1 de enero al 2 de agosto, los últimos datos de incendios forestales facilitados por la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales), no recogen diferencias sustanciales: el número de siniestros, 7.147 es inferior a la media en los últimos diez años. También la proporción de conatos es superior al de incendios como tales y similar a la media de grandes incendios. La superficie arbolada quemada ha sido de 18.564 hectáreas, inferior a la media de la última década, y también lo es la de matorral y la de pastos. En total la superficie forestal incendiada ha sido algo superior a las 50.000 hectáreas, mientras que la media de los últimos lustros supera los 60.000. Hay dos aspectos que dejan el tema sobre la mesa: primero que la ley se aprobó en julio y los datos tan sólo llegan hasta el 2 de agosto; y que la media es muy alta porque los datos de 2012 fueron realmente desastrosos con más de 150.000 hectáreas de superficie forestal quemadas, en 2012 y 2013 la superficie quemada fue inferior a la de este año en el mismo periodo. Estadísticamente y hasta la fecha no se puede asociar la superficie quemada con la nueva ley.

Entre las causas inmediatas de los incendios los ecologistas citan en primer lugar las quemas de rastrojos y de masa forestal para obtener pastos, por lo que se reclama un gran acuerdo entre agricultores, ganaderos y responsables de ordenación del territorio y medio ambiente. Otras causas son las chispas por cables y maquinaria en zonas boscosas. Los pirómanos o la colilla que se arroja por despiste son el menor porcentaje. Más grave es la reducción importante de los presupuestos para los trabajos preventivos.

Entre las causas genéricas Theo Oberhauer, de Ecologistas en Acción, señala que las condiciones climatológicas juegan un papel fundamental. «En un incendio interviene la temperatura, la humedad y la velocidad del viento», explica. «El cambio climático provoca que las condiciones sean cada vez más adversas, y los incendios cada vez más difíciles de controlar» (13 de agosto de 2015, Lamarea.com).

En materia medioambiental la Ley de Montes de 2006 ha jugado un papel relevante, como también la potenciación de las energías alternativas y la construcción de las desalinizadoras, proyectos todos de Cristina Narbona, la que sostuvo una política más coherente y rigurosa en Medio Ambiente. En las desalinizadoras se encontró con decenas de trabas administrativas y seudotécnicas que retrasaron considerablemente la finalización de las estaciones potabilizadoras. Alguien tendría que reconocer que gracias a ellas se puede atender el notable incremento del turismo en nuestra costa y se ha evitado el espectáculo de llevar agua en barcos a Benidorm, o establecer restricciones y cortes en el suministro de agua. Somos flacos de memoria.