Lon una mezcla de sorpresa e irritación hemos conocido, gracias a los medios de comunicación, la reunión que se celebró en la sede del Ministerio de Interior el pasado día 29 entre el ministro del ramo, Jorge Fernández Díaz y el procesado por una larga lista de presuntos delitos económicos, Rodrigo Rato. Y nos ha sorprendido no sólo por la facilidad con que Rato accedió al despacho del ministro del Interior sino también por la nocturnidad con que se hizo, es decir, sin emitir ninguna nota de prensa previa ni tampoco posterior al encuentro a pesar de que la sede ministerial no pertenece al partido político en el Gobierno de la nación, sino a la sociedad en su conjunto, a una ciudadanía que acorde con el contrato social que se renueva en cada una de las elecciones generales otorga su confianza y concede el derecho de ejercer el gobierno con justicia y equidad.
No es la primera vez que el Gobierno de Mariano Rajoy actúa utilizando alguna de las instituciones públicas como si se tratase de una delegación del Partido Popular, mezclando lo público y lo privado de esa forma tan poco sutil de hacerlo a que nos tiene acostumbrados. Y ello a pesar de que si hay un partido que ha propugnado por la disminución de lo público ha sido precisamente el partido conservador. La derecha española acostumbra a defender la necesidad de reducir el Estado del Bienestar excepto en todo lo que se trate a su aprovechamiento particular, tal y como hemos visto con el caso Púnica, de reciente conocimiento público, o cuando gracias a haber ocupado cargos públicos se consiguen puestos de trabajo en la empresa privada muy bien pagados.
Como era de esperar la repuesta, en un primer momento, del Ministerio de Interior fue la de asegurar que la reunión entre Rato y Fernández fue una conversación privada sobre un tema personal que no tenía nada que ver con su procesamiento judicial. Poco después, el propio Rato admitió a un periódico de tirada nacional que Fernández Díaz y él habían hablado, únicamente, de su situación judicial, dando su versión de los delitos que se le imputan al ministro para que con toda seguridad se la diera después al presidente Rajoy. No hay que olvidar que en la actualidad Rodrigo Rato continua siendo investigado, por orden judicial, por unidades policiales a las órdenes del ministro de Interior, situación que, como mínimo, debería haber impedido cualquier tipo de contacto oficial entre el ministro y Rato y que hubiese supuesto un claro impedimento para un encuentro de carácter privado entre un exvicepresidente del Partido Popular inmerso en una causa judicial y un miembro del actual Gobierno. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha solicitado la dimisión de Fernández Díaz por recibir a Rato en su despacho mientras es investigado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a sus órdenes.
La comparecencia de Fernández Díaz ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados deja en evidencia la aparente normalidad que el Gobierno quiso dar a la reunión, teniendo que comparecer de manera urgente tras las evasivas de Mariano Rajoy a dar una mínima explicación lógica y entendible en una de las pocas ruedas de prensa que ha dado en las últimas semanas. Siendo como es el Partido Popular muy defensor de las políticas liberales extraña que no se aplique a sí mismo el estricto código moral y ético que se instala en la política en aquellos países donde el liberalismo campa a sus anchas, ni tampoco el concepto que de la estricta separación entre lo personal y el cargo público que se ostenta se tiene en los países nórdicos. Basta recordar aquella ministra sueca que tuvo que dimitir por haber comprado una chocolatina con la tarjeta de crédito del Ministerio cuando estaba de viaje, a pesar de ingresar el importe al día siguiente. El hecho de que la reunión haya sido conocida gracias a un medio de comunicación, un encuentro entre un procesado judicial y el ministro competente en la investigación de los delitos que se le imputan debería haber motivado la dimisión de Jorge Fernández Díaz.
Imaginamos que para el Partido Popular nos encontramos ante un nuevo «asunto privado». Porque como sabemos los problemas judiciales de su antiguo tesorero, Luis Bárcenas, son un asunto privado; que Francisco Granados esté en una prisión que él mismo inauguró responde también a un asunto privado. ¿Y quién se acuerda de Carlos Fabra o de Rafael Blasco, también en prisión por un asunto privado? Mal hace el PP en tratar de esconder cualquier error político, grave en este caso, sin dar las explicaciones oportunas en tiempo y forma. A pesar de los intentos de esconder y hacer pasar por menudencias la profunda corrupción que suponen los últimos escándalos conocidos en torno a la trama Púnica, el deseo de que para la opinión pública española la reunión de Rato y Fernández Díaz sea una serpiente de verano, lejos de ser una realidad, complica aún más su delicada situación electoral.
