El periodista y escritor Manuel Vázquez Montalbán defendía como un hecho probado la existencia de un importante sector de la derecha carpetovetónica que concibe España como una enorme finca de su propiedad, vigilada por la Guardia Civil y cuidada primorosamente por una legión de disciplinados machacas siempre dispuestos a cumplir las órdenes del señorito con una sonrisa en los labios. Con esta metáfora esperpéntica y cañí, el padre del detective Carvalho quería ilustrarnos sobre una de las más dolorosas señas de identidad de nuestras élites conservadoras: su sentido patrimonial del poder y su incapacidad patológica para distinguir sus intereses privados de los intereses públicos.
Este símil literario puede ser de gran utilidad a la hora de explicar los innumerables casos de corrupción que en los últimos años vienen salpicando a políticos del Partido Popular. En todos estos escándalos se repite con pequeñas variaciones la misma fórmula: un gobernante utiliza descaradamente los resortes de una administración pública en beneficio propio, obteniendo sustanciosos réditos económicos de actuaciones o proyectos que deberían redundar en beneficio de toda la comunidad. Hay también una coincidencia casi general en las actitudes de los dirigentes sorprendidos con las manos en la masa de algún asunto turbio, ya que casi siempre suelen reaccionar mostrando su indignación y cabreándose porque algún periodista indiscreto o algún diputado de la oposición hayan tenido la osadía de inmiscuirse en sus «legítimos» negocios personales.
En esta línea de pensamiento hay que incluir la polémica entrevista entre el ministro del Interior y Rodrigo Rato, celebrada en sede institucional y convertida en uno de los grandes argumentos periodísticos de este verano. Para el resto de los mortales, estamos ante una situación anómala y chocante, capaz de dar verosimilitud a las peores sospechas: el máximo responsable de que se cumpla la ley se reúne con uno de los más ilustres socios de la cofradía de los presuntos delincuentes, el jefe de los policías departe amigablemente en su despacho con el máximo sospechoso de uno de los peores latrocinios económicos que ha sufrido este país. Si miramos la opinión de los protagonistas de esta historia, la situación se valora justo en el sentido contrario, ya que se considera que estamos ante un acontecimiento rutinario absolutamente inofensivo: dos amigos, dos miembros destacados de esa clase privilegiada que lleva décadas alojada en las salas de máquinas del poder, se toman unos cafés para hacer algo tan normal como hablar de sus cosas. Ni qué decir tiene, que los dos participantes en este sonado «tête à tête» están escandalizados por el revuelo mediático y político generado por su encuentro.
La tímida reacción oficial del Gobierno y los intentos de minusvalorar o de justificar estos hechos nos confirman, una vez más, que las caricaturescas teorías del añorado Vázquez Montalbán no iban tan desencaminadas. Cualquier cosa que no sea el cese inmediato del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, supone la confirmación institucional de esa visión patrimonial y personal de la gestión pública; cualquier cosa que no sea la condena contundente de esta reunión supone admitir como normal una situación que rebasa todos los límites de la ética y del decoro político.
En este caso concreto, la ejemplaridad no es una opción más; en este caso concreto, la ejemplaridad es una obligación ineludible. Los intentos del PP por venderse a la opinión pública como un partido de la derecha moderna homologado a los estándares internacionales quedan invalidados por sucesos como éste, con los que se le manda a la calle un mensaje muy negativo en el que la política y la economía se convierten en territorios endogámicos en manos de un selecto grupo de privilegiados, que se cree por encima del bien y del mal y de las exigencias morales que se les reclaman al resto de los ciudadanos.
No es extraño que los barones más centristas y renovadores del PP hayan reaccionado en un tono insólitamente crítico ante la aparición de la noticia del encuentro entre el ministro y el exbanquero. El desastre sufrido por los populares en las pasadas elecciones municipales y autonómicas y los graves problemas anunciados por las encuestas para los próximos comicios generales aconsejan el abandono de este tipo de gestos, que nos sitúan ante la imagen clásica de una derecha autoritaria y anacrónica, que ha conseguido espantar a amplísimos sectores del electorado.
