El 15 de mayo la Conselleria de Sanitat aprobó, por procedimiento de urgencia, el decreto 74/2015 de «libre elección» y de área única. La principal modificación con respecto al decreto 37/2006 se produce en la atención especializada. En esta hacen desaparecer los 24 departamentos de salud actuales para convertir todo el País Valencià en un único departamento en el que se podría «elegir» centro y especialista. Una persona de Sant Joan podría «elegir» ser tratada, a más de 200 kilómetros, por una neuróloga del hospital de Castelló.
El concepto de «libre elección» suena bien ya que parece que tiene que ver con libertad. Sin embargo, la «libre elección» de la que habla la Conselleria es falsa. Veamos porqué. Una persona podría elegir de forma realmente libre un recurso sanitario (un profesional, un centro) cuando todos los departamentos de salud dispusieran de recursos iguales, fácilmente accesibles para todo el mundo, y de buena calidad. Sin embargo, no hay libre elección cuando se tienen que usar los recursos sanitarios de otro departamento porque no los hay en el departamento propio, o estos son de menor calidad o tienen una mayor lista de espera. Ahora bien, sabemos que, con igualdad real de oportunidades para recibir asistencia, la lógica está en elegir lo más cercano al domicilio ya que la distancia es una barrera evidente para la atención. La Conselleria no está hablando de libre elección.
La Conselleria argumenta que con este decreto se da «una mejor respuesta a las necesidades», se permite «una mayor participación» de la ciudadanía y garantiza «una asistencia sanitaria orientada a la calidad». Veamos estos argumentos con mayor detalle. Veremos que el objetivo real es otro.
Primero, la respuesta a las necesidades de salud y de asistencia sanitaria dependen de su correcta identificación así como la de los factores sociales y biológicos que las determinan. Esta identificación de necesidades tiene que ver con la ciencia, con su investigación por medio de las encuestas de salud y de los foros de participación. No tiene que ver ni con un área única ni con la «libertad de elección».
En segundo lugar, ¿qué tendrá que ver la «participación en todos los asuntos relacionados con su salud» con la petición de un cambio de médico? En realidad, en nuestro sistema de salud no hay órganos reales de participación, de decisión ni de control ciudadano. Se quiere hacer creer que las personas pueden decidir que médico o centro quieren, cuando -según el decreto- realmente serán los órganos de dirección (el gerente del departamento, el/la coordinadora del centro de salud y el «comisionado» en los centros privatizados) los que decidan.
Tercero, la Conselleria señala que este decreto garantiza «una asistencia sanitaria orientada a la calidad». Sin embargo, ni con el área única ni con la «libertad de elección» se da respuesta a las necesidades de la atención primaria ni especializada derivadas de la falta de personal o de planificación, ni se solventan los problemas de la atención hospitalaria derivados del cierre de camas, la falta de posibilidades reales de una segunda opinión, ni el problema de las listas de espera.
Si la Conselleria no habla realmente de libre elección, ni de participación ni de identificación de necesidades, ¿de qué trata realmente este decreto? Se trata de facilitar nuevos pasos en el desmantelamiento de la sanidad pública y su entrega a empresas privadas en condiciones ventajosas. Por una parte, al hacer confluir los recursos de los 24 distritos actuales en uno, cada centro hospitalario ya no tiene la necesidad de ofrecer todas las prestaciones, sino que podrán compartirse con los otros centros de la nueva área única de 5 millones de personas. ¿Para qué ofertar pediatría o rehabilitación en el Hospital de Sant Joan si en la nueva área única (ahora todo el País Valencià) ya existen esos servicios en otros centros? El resultado es un alejamiento y la pérdida de oferta de servicios sanitarios para la ciudadanía. Y una pérdida de cartera de servicios y calidad para los centros sanitarios 100% públicos. Para los profesionales, significa disponibilidad total dentro del área única: hoy aquí, mañana allá? menos personal pero con movilidad ampliada. A su vez, unos servicios sanitarios públicos «adelgazados» facilitan aún más la oferta de las empresas y aseguradoras privadas, las cuales no escatimaran en publicidad engañosa para atraer a potenciales «clientes».
En segundo lugar, este decreto crea un «registro» de los centros menos demandados (en una demanda organizada y registrada por la propia Conselleria). Este registro es el mecanismo para implementar los recortes previstos en el Programa Nacional de Reformas de España 2015 del Ministerio de Hacienda, el cual anuncia un próximo Real Decreto que flexibilizará «el régimen de apertura, funcionamiento y cierre de centros sanitarios» («apertura y funcionamiento» son un eufemismo desorientador). El objetivo es seguir disminuyendo la inversión en servicios públicos para pagar una deuda pública ilegítima.
Lo que ACDESA-PV propone es desarrollar los recursos de atención primaria y secundaria 100% públicos que permitan una igualdad de acceso y de oportunidades asistenciales en todos los departamentos y zonas de salud en función de las necesidades reales de la población. En este desarrollo hay que priorizar aquellas zonas y departamentos con mayor nivel de necesidad o que están menos dotados. En un mundo de recursos finitos, la opción es maximizar las mejores condiciones y la mejor planificación de servicios en todas las zonas y departamentos de salud de nuestro País en función de las necesidades de la población. Ello requiere la derogación de este decreto de la Conselleria.
