El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha manifestado «la necesidad de que, en nuestro país, lleguemos a un gran pacto escolar, más allá de las contingencias del cambio de un ministro y de una alternativa política». Con esto pretende dotar al sistema escolar de una estabilidad necesaria. Hay que tener en cuenta que la Conferencia Episcopal Española es la responsable última de más de 25.660 profesores de religión, que imparten esta asignatura a 3.516.970 alumnos. La Iglesia tiene 2.601 centros católicos, que atienden a un millón y medio de alumnos, y dan trabajo a cerca de 125.000 profesionales, según la última Memoria de Actividades de la Conferencia Episcopal Española. El secretario de la Conferencia Episcopal Española, Gil Tamayo, reclama «dilucidar la cuestión religiosa con normalidad y abordar el respeto al derecho de los padres para que sus hijos sean educados según sus convicciones». Por otra parte, José María Alvira, secretario general de las Escuelas Católicas, ha expuesto los tres retos urgentes, que no se deben postergar. El primero es «buscar un gran pacto escolar con la comunidad educativa, desde un diálogo, que sepa tratar con justicia a todos los interlocutores». El segundo es «establecer mecanismos, que garanticen de forma real el respeto a los derechos de las familias de los centros». El tercero es «frenar el caos y el desconcierto que está generando el boicot de algunas comunidades a la LOMCE». «Guste más o menos, es una ley orgánica en vigor y debe ser respetada». La petición clara de los obispos es solicitar al nuevo ministro que frene el caos en la Educación. Es un tema muy importante que debe ser resuelto inmediatamente.
