Cien mil euros para pasar el año. Esto es lo máximo que cabe esperar del Ministerio de Fomento para la línea Alcoy-Xàtiva. Esta broma macabra se viene prolongando desde hace décadas sin tener en cuenta si los gobiernos son del PSOE o del PP. La administración central ha dejado muy claras sus intenciones de futuro respecto al tren: pagar un mínimo para el mantenimiento del tramo ferroviario y mantener el servicio abierto hecho una ruina para evitar las consecuencias políticas que se podrían derivar de su cierre. A fuerza de repetirlo, el mensaje no deja ningún espacio para la duda: a Madrid no le importa ni un comino este desdichado ferrocarril, que desde el año 1985 es un problema que debe ser resuelto desde el ámbito estrictamente regional.
Un análisis de la historia del tren en los últimos treinta años nos confirma esta visión de los hechos. La línea férrea existe porque hubo un presidente de la Generalitat, Joan Lerma, que en su día aceptó asumir el pago anual del déficit del servicio. De no haberse producido este compromiso del dirigente socialista, el ferrocarril sería ya historia y el Ministerio de Fomento de la época (dirigido por el PSOE) habría llevado a cabo la supresión, tal y como hizo en otros puntos de España. Este acuerdo se mantuvo hasta que el PP aterrizó en la administración autonómica valenciana. Los populares anunciaron en diferentes ocasiones su intención de incluir la línea en la red de ferrocarriles de la Generalitat, pero al final incumplieron todas sus promesas y lo que es peor, dejaron de pagar las pérdidas anuales. El tren quedaba anclado en un limbo legal, en manos de un Ministerio de Fomento que reducía al mínimo las inversiones y que dejaba el trayecto eternamente amenazado por el fantasma de la desaparición definitiva. El ferrocarril se convertía en tema central de discursos electorales y de anuncios de grandes proyectos de mejora, pero lo único cierto es que este tramo se quedaba relegado en el olvido institucional y era marginado sistemáticamente de todos los planes de modernización de las infraestructuras ferroviarias.
El cambio de color político en la Generalitat supone una importante oportunidad para modificar una situación que ya se había enquistado en el mapa de las comunicaciones de estas comarcas. El nuevo Consell acoge en todos los niveles de su escalafón a políticos que se han distinguido por su apoyo a la línea Alcoy-Xàtiva y por su defensa de un modelo de transporte ferroviario alejado de las inversiones faraónicas del AVE y más pegado a las necesidades reales del ciudadano. En los discursos de los ganadores de las últimas elecciones autonómicas destacaban sus continuas referencias al papel del tren como vertebrador del territorio y como instrumento para generar desarrollo económico. Ha llegado el momento de convertir en realidad todos esos planteamientos teóricos cargados de sentido común y de espíritu práctico.
El nuevo gobierno autonómico valenciano se enfrenta a la obligación de elaborar una propuesta sólida y realista para buscar soluciones definitivas para el eterno desastre del tren. Después de treinta años de abandono, no se puede zanjar el asunto con unas pocas promesas políticas y con unos vacíos anuncios de inversiones a largo plazo. Ahora toca. La actual Generalitat ha de elaborar su propio modelo para esta línea ferroviaria y defenderlo en Madrid, en Bruselas o donde haga falta.
Uno de los principales problemas de este tramo de ferrocarril ha sido la falta de un proyecto claro para gestionar su futuro. Todo el mundo defiende a capa y espada la continuidad de la línea, pero nadie sabe qué hacer con ella. Ya es hora de abandonar este inútil discurso patriótico y de sustituirlo por alternativas viables, rigurosas y bien elaboradas.
