Quise gritar al cielo, mi rabia no sabía dónde esconderla, y desahogarme de tanta farsa y tanta mentira que aunque se repita mil veces cada día sigue siendo mentira. Y ustedes se preguntarán, ¿qué me ha sucedido para que empiece así mi reflexión? El pasado sábado saliendo de un famoso supermercado en Alicante veo instalado un mostrador donde hay unas cuantas personas pidiendo expresamente comida para los más pequeños de la casa, fundamentalmente leche, galletas, zumos y cola cao. En definitiva, productos de primera necesidad y que habitualmente los utilizamos para nuestra primera comida del día: el desayuno. Si niños y niñas inocentes siguen teniendo dificultades para poder alimentarse, ¿dónde esta la «gloriosa» recuperación económica de la que habla el presidente del Gobierno y por la que está tan orgulloso? ¿Dónde están los poderes públicos como garantes de los derechos de los más desfavorecidos? Da la impresión que nuestro Gobierno ha entrado en un proceso propagandístico donde vale todo con el único objetivo de volver a ganar las próximas elecciones generales. Les vale aprobar de urgencia una ínfima y adelantada rebaja en el IRPF, pero que no compensa el subidón de impuestos llevados a cabo por el PP en esta legislatura; les vale prometer una subida del 1% para los funcionarios para 2016 o la devolución de 1/4 de paga extra para esos mismos funcionarios -pero no el resto de la paga-, etcétera. Todo vale para que la ciudadanía les veamos, al PP, menos «fieros» y menos beligerantes de lo que han sido durante toda la legislatura, pero esos mismos que dulcifican su rostro no tienen dinero ni para los pensionistas ni para los niños y niñas que siguen sufriendo el rigor de una crisis injusta, desigual y caprichosa. Por cierto, el Gobierno del PP va a subir, para 2016, la pensión media en 2 euros al mes, el 0,25%, que es lo mínimo que exige la ley. Una auténtica provocación para nuestras personas mayores, ya que han sido ellas las que han venido soportando con sus pensiones las carencias económicas de su entorno familiar. En año electoral, no todo vale.

Otra radiografía de la realidad social lo recoge el último informe del Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad Valenciana. En él se refleja un aumento de los índices de pobreza en nuestra Comunidad, tal y como quedó plasmado en el diario INFORMACIÓN del pasado sábado. En dicho informe se alerta de que las personas con riesgo de exclusión social representan ya el 34% de la población, y supone 14 puntos por encima del porcentaje existente al inicio de la crisis. Es un disparate que algunos se enorgullezcan de su acción de gobierno, mientras la realidad y los datos supera a la ficción del gobernante. Es evidente, que no habrá una recuperación real y efectiva de nuestra economía si no desaparecen estos índices de pobreza, de exclusión social y de desigualdad. Los poderes públicos son los que tienen que tomar las medidas oportunas para solventar esta problemática social y nacional.

Más datos de una realidad existente hoy en nuestro país es el grado de morosidad, tanto respecto a las entidades financieras como a las comunidades de vecinos. En ambas, los porcentajes están muy por encima de lo que estaban al inicio de la crisis, allá por 2008. En mayo -último dato conocido-, el ratio de mora de las familias y las empresas con las entidades financieras, bancos y cooperativas era del 11,42%, mientras que antes del inicio de la crisis estaba rondando el 1% e incluso en 2008 era sólo del 5%. Es decir, en siete años la morosidad y el endeudamiento ha subido más del doble, lo que viene a constatar que las familias y las empresas han tenido y siguen teniendo dificultades para hacer frente a sus pagos, a pesar de la leve mejoría registrada. Según datos del Banco de España el sistema financiero tiene 157.207 millones de euros en créditos morosos. También está la que está atascando los juzgados en nuestra provincia: la morosidad de propietarios de vivienda con sus comunidades de vecinos. Según datos conocidos recientemente los impagos en la provincia han aumentado un 21% en solo dos años. Son propietarios que no pagan sus cuotas porque no pueden hacer frente a sus obligaciones por la crisis económica.

Ni el conjunto de la sociedad ni los poderes del Estado deben conformarse con una situación económica y social que agrava las carencias de aquellos expulsados del sistema por una crisis injusta y desigual. Por último, necesito gritar alto y fuerte: señor Sánchez y señor Hernando, del PSOE, las necesidades de la gente es lo único importante y no si Rajoy envía a París al exministro Wert como embajador ante la OCDE. Ni más ni menos.