Nos encontramos inmersos en un fin de legislatura intenso en reformas legislativas que se están aprobando y que eran absolutamente necesarias, dado que en la reforma del Código Penal se han introducido nuevos tipos penales de hechos que eran denunciados en dependencias policiales, pero que quedaban impunes, como las conductas reiteradas de acoso por algunos hacia personas que no son su pareja, pero pretendían tener una relación con ellos, o aquellas que vigilan y persiguen a otras con su continua oposición, o la de la grave difusión de imágenes que atentan a la intimidad de las personas por redes sociales, conductas que con la agravación del castigo para asesinatos de mujeres que son violadas, los de menores de 16 años, o los actos terroristas tienen ahora una sanción penal más proporcional a la gravedad del hecho cometido, al igual que el daño que producen los carteristas en nuestras localidades y ahora serán más duramente sancionados. También se ha realizado una reforma completa de las medidas de investigación policial adecuando la legislación a una realidad social donde el crimen es más sofisticado y se utilizan herramientas tecnológicas para delinquir.

Sin embargo, además de otras medidas que no es posible extendernos ahora en estas líneas hay un tema capital que es preciso destacar para que las reformas legislativas tengan una mayor eficacia, ya que la ley y la sanción de un hecho se realizan para que la ciudadanía las conozca y tenga un efecto de prevención general, para evitar que a partir de ahora se cometan esos hechos. Pero no podemos olvidar, -y este es el objetivo que queremos destacar- que las leyes son realmente eficaces si la ciudadanía las conoce y las utiliza. Y ejemplo de esto último lo encontramos en la mediación civil y penal, un sistema muy eficaz, pero que desde que se aprobó en España en el año 2012 todavía está esperando de un tirón de la Administración que la potencie y publicite para que los ciudadanos sepan que esa institución de solución de conflictos está ahí y que se puede y debe utilizar. Pero el problema está en la falta de información pública que de estas reformas se hacen, uno de los fallos de un sistema que opta por aprobar buenas leyes, pero que, sin embargo, luego no acierta a publicitarlas bien. Y en esto radica uno de nuestros grandes fallos. Otros países, por contra, son mejores en esto de publicitar bien lo que se hace por nuestros responsables públicos para que los ciudadanos conozcan bien las leyes y las puedan utilizar, y prueba de que ello es eficaz lo encontramos aquí en el caso de la seguridad vial, un ejemplo claro de publicidad positiva de todo lo que se hace y que repercute de forma notable en el descenso de las cifras de las víctimas en carretera, como lo demuestra el hecho de que de los fallecidos en carretera han pasado de 4.741 en 2004 a 1.680 en 2013, en gran medida propiciado por las reformas legislativas de control de velocidad y cumplimiento de una serie de normas que antes no se cumplían, como no poder hablar por el teléfono móvil mientras conducimos para evitar distraernos, ponernos el cinturón de seguridad siempre antes de salir y a todos los ocupantes del vehículo, etcétera. Pero la eficacia no viene tanto porque las reformas se hayan aprobado con un paquete de medidas, sino porque estas se han explicado y se han publicitado muy bien desde la DGT, y es en base a este conocimiento por lo que el ciudadano las aplica. Pero ¿alguien piensa que porque se publicite en el BOE una reforma simplemente el ciudadano la va aplicar? La respuesta es claramente negativa. Las reformas legales las estudiamos los que tenemos que aplicarlas todos los días, pero el ciudadano las conoce mal y de oídas, y en muchos temas sociales es preciso una mayor publicidad como desde la Audiencia Provincial de Alicante hemos hecho en varias ocasiones, como cuando elaboramos un CD para víctimas de malos tratos que en cifra de 400.000 distribuimos por todo el país.

Por ello, la eficacia de todo lo que hacemos en la vida que tiene, o debe tener, una proyección al exterior depende claramente de si publicitamos debidamente lo que hemos hecho, de si el ciudadano tiene facilidad para entender la reforma legal y cómo y en qué medida le afecta a él. Pruebas de esto tenemos muchísimas, porque en el caso de la violencia de género tenemos el ejemplo de que en un reciente estudio de la Delegación del Gobierno para la violencia de género se constató en una encuesta que el 44% de nuestros jóvenes ni tan siquiera sabía que existía una ley de violencia de género, -realmente sorprendente- con lo que la clave de la eficacia de las normas que aprueba nuestro Parlamento no está tanto en que sean buenas, que es la premisa básica, sino que la ciudadanía las conozca y se les explique de forma clara y sencilla cómo se aplica la ley, la principal herramienta que los demócratas tenemos para hacer frente a las injusticias, pero si no la explicamos de forma clara y sencilla para que se apliquen sus efectos positivos, a la larga es como si no hubiéramos hecho nada.