El desprecio del PP al patrimonio arqueológico valenciano

La Conselleria de Cultura creada con la llegada de competencias autonómicas y el Gobierno del PSOE, a principios de los años 80, permitió que existiendo poco personal contratado se fueran implantando importantes convocatorias públicas de subvenciones y ayudas a las intervenciones sobre el patrimonio arqueológico, ya fueran para proyectos de los equipos universitarios, de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos. Existían unas importantes ayudas para excavaciones arqueológicas y para restauración del patrimonio histórico, aunque con todavía insuficiencias e imperfecciones, se alcanzó el mejor momento de la arqueología valenciana y el respeto a los profesionales de la misma, éstos eran incorporados a las jefaturas y direcciones generales, aportando su formación y conocimiento. Incluso se creó una comisión autonómica de arqueología, que aunque no contentaba a todos los sectores era importante y un instrumento válido y con prestigio. Pues bien, fue llegar el PP y se fue dejando perder esa comisión hasta anularla y no convocarla nunca; en las jefaturas y direcciones generales desaparecieron técnicos de la arqueología para colocar abogados y personal de otras profesiones que dilataron, entorpecieron y desviaron la gestión necesaria sobre ese patrimonio, primó el legalismo y no la eficiencia y agilidad de la gestión. Desaparecieron las ayudas económicas, que pasaron a ser ínfimas y a veces inexistentes, y como mucho se apoyó económicamente a proyectos asociados a ciertos alcaldes del PP o «buenos amigos» de algunos departamentos universitarios, por eso no se puede decir que no se hiciera nada, pero lo que se hizo fue, salvo rara excepción, en «corralito cerrado» e insuficiente, y en todo caso con nula democracia.

Por su parte, las diputaciones provinciales, en general, apostaron por apoyar a sus equipos propios, en detrimento de los equipos de los ayuntamientos. Las diputaciones desde que fueron gobernadas por el PP redujeron las ayudas a los ayuntamientos que quisieran intervenir en su patrimonio arqueológico y monumental, no obstante, la de Valencia siguió invirtiendo mucho en proyectos de convocatorias públicas en su provincia, excavaciones, restauraciones y museos se han seguido beneficiando, aunque menos que antes de llegar el PP. En el caso opuesto tenemos a la de Alicante, que al tener al MARQ ha tenido legítimamente que atender sus necesidades, pero los ayuntamientos de la provincia de Alicante han visto cómo desaparecían las ayudas públicas para intervenir en la recuperación de sus castillos, sus yacimientos arqueológicos y gestión de sus museos, ahora existen algunas ayudas que vienen principalmente por la propia gestión, la del MARQ, que con convenios puede ayudar en excavaciones y restauraciones, pero la decisión es siempre de su equipo político y técnico. Antes del PP cualquier ayuntamiento sabía que anualmente podía optar a ayudas abiertas, públicas y democráticas, para intervenir en su patrimonio arqueológico y monumental, ahora priman los intereses políticos y técnicos de la Diputación de Alicante.

El resultado es evidente, en veinte años, muchos ayuntamientos que cuentan con arqueólogos municipales, yacimientos arqueológicos y castillos o monumentos, y museos municipales, teniendo en cuenta esta fuerte inversión y apuesta propia, y que la legislación constitucional, nacional y autonómica les obliga a intervenir y colaborar en la protección y difusión de ese patrimonio, han visto que Conselleria y diputaciones han reducido su atención y apoyo necesario hasta antidemocráticos e insuficientes niveles económicos.

En ese mismo ambiente, los ayuntamientos en general, y sobre todo los menos sensibles con su patrimonio, han reducido sus aportaciones para la salvaguarda y protección del mismo, eliminando partidas económicas o reduciéndolas hasta que fueran insignificantes e inservibles. Si excluimos los dignos casos de Villajoyosa y a otro nivel Aspe o Monforte del Cid, la provincia de Alicante vive los peores momentos de su arqueología municipal. Otro dato en este sentido es muy grave, la gestión con el personal técnico que trabajaba en los ayuntamientos. Por un lado se ha eliminado a todo personal que fuera legalmente excluible, se ha dado paso a empresas que privatizaban la gestión, y sobre todo, al personal que no se podía eliminar, los arqueólogos municipales, casi siempre dignamente defensores y reivindicadores de lo mejor para el patrimonio de sus municipios, han sido maltratados sin contemplaciones. Concluyamos con algunos ejemplos. En Crevillente el alcalde del PP fulminó al arqueólogo Julio Trelis, 7 meses de expediente de empleo y sueldo, en Alicante Pablo Rosser fue excluido y enviado por el PP a su casa durante los últimos cuatro años, teniendo prácticamente prohibido pisar su despacho en las instalaciones de Las Cigarreras, el que esto escribe fue perseguido los últimos 6 años, retirándole competencias de arqueólogo la alcaldesa del PP Adela Pedrosa, poniendo la guinda con 3 meses de empleo y sueldo. En otros lugares también cuecen habas, y en el mismo Elche, una de las ciudades con mayor y mejor patrimonio arqueológico y monumental de España, o al menos de la Comunidad Valenciana, su Ayuntamiento de gobierno del PP lleva los últimos 4 años con la plaza vacante de arqueólogo y director de museos, y con una clara ausencia de técnicos municipales. En todos esos casos, Alicante, Elche, Elda y Crevillente, sus gobiernos del PP han demostrado su concepto y sensibilidad por el patrimonio histórico de todos nosotros. Ha llegado el cambio, básicamente en manos del PSOE-Compromís-Podemos, ¿y ahora qué? Sabemos que no hay mucho dinero en las haciendas públicas, pero hay cuestiones que no son sólo económicas. Estamos atentos y esperando el cambio con ilusión, no nos decepcionen.