Entre claustros, reuniones de departamento y elaboración de memorias, el curso académico 2014/15 da sus últimos coletazos. Con él, la LOE (Ley Orgánica de Educación) también languidece contando los días para dejar de regir el sistema educativo de todos los españoles para seguramente acabar días en una estantería acumulando polvo o con un poco de suerte en un olvidado cajón. Mientras la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) también conocida como la ley Wert, trata de fortalecerse en los centros de Primaria a la vez que llama a las puertas de los institutos de Secundaría.

La LOE nació allá por el 2006 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero; tres años después estaba al frente de la educación española. Como todas las leyes, la LOE era ambiciosa, renovadora y con intención de perdurar. Pero nada más dar sus primeros pasos ya se perfilaba que no estaba exenta de problemas. Una de sus asignaturas, Educación para la Ciudadanía, llenó horas y horas de tertulias políticas y enconados debates. El Partido Popular no lo dudó, usó Educación para la Ciudadanía como ariete destructivo contra una ley que no contaba con su beneplácito. Pero el particular viacrucis de la LOE acababa de comenzar. Su destrucción y deterioro se produjo cuando desembarcó en las comunidades autónomas que, con competencias en Educación, la modelaron a su antojo. En la Comunidad Valenciana, la LOE será recordada como la ley del aumento de alumnos por aula, la ley de las pruebas extraordinarias en julio, la ley del aumento de la carga lectiva para el profesorado, la ley que mandó al paro a miles de profesionales de la enseñanza. En resumidas cuentas, la LOE se arrastró por el sistema educativo valenciano con más pena que gloria perdiendo cualquier tipo de bondad que tuviese cuando fue creada.

Ahora, seis años escasos después, es la LOMCE la que intenta abrirse paso en nuestra sociedad y no le será fácil, nada fácil. Ya desde su creación contó con el rechazo frontal de todos los partidos políticos y de una gran parte de la comunidad educativa. Desde su nacimiento sólo ha encontrado refugio bajo el manto del PP y como único defensor contaba con el señor Wert el cual, cobardemente, desaparece cuando más lo necesita, abandonándola a su buena suerte. Así que la ley de las reválidas, de la Formación Profesional Básica, la ley que elimina definitivamente las funciones de los consejos escolares, esa ley que pretendía españolizar a todos los niños de la nación, tiene los días contados. Los primeros pasos ya se están dando: después del cambio de colores políticos en muchas comunidades autónomas y aunque el inicio del próximo curso se presente caótico, la LOMCE tiene todos los síntomas de ser una de las leyes más breves en estar al frente de la educación en España, y espero que así sea.

Es bueno recordar que la educación es fundamental en cualquier tipo de de sociedad, la trasmisión de conocimientos a las generaciones futuras es una columna fundamental en la estructura de cualquier país. Del sistema educativo obtendremos nuestros futuros médicos, empresarios, profesores y maestros, bomberos, fontaneros y también políticos. De un buen proceso educativo depende el futuro de una nación, y como toda estructura que sostendrá el tipo de sociedad que queremos, necesita de unos planos elaborados meticulosamente con el consentimientos de todos los implicados, necesita un tiempo de reposo para detectar errores antes de entrar a ejercer su cometido, necesita dinero para llevar a cabo tan colosal empresa y por último necesita tiempo para demostrar su valía; tiempo que hay que medir en décadas y donde se tenga la capacidad de maniobra para corregir posibles vicios ocultos que se escapen en su elaboración o los surgidos en su puesta en marcha.

Desde la Ley General de Educación vigente entre 1970 y 1980, ninguna de sus sucesoras (1980 LOECE, 1985 LODE, 1990 LOGSE, 1995 LOPEG, 2002 LOCE, 2006 LOE y en 2013 LOMCE) ha sobrevivido ni a la presión mediática ni a los cambios de los distintos gobiernos. Maestros y profesores llevan casi 30 años programando y desprogramando asignaturas y metodologías. El mismo tiempo que llevan los padres asistiendo perplejos a cómo libros en perfecto estado no pueden ser usados por hermanos, familiares o compañeros de sus hijos. Los mismos años que llevan las editoriales cambiando planchas y troqueles, siempre sin saber qué ocurrirá el siguiente curso académico. Y todo debido a la frivolidad con la que nuestros distintos gobiernos se han tomado un tema, pecando de redundante, tan importante como la educación de nuestros hijos. El PSOE y el PP han tenido tiempo y durante ese tiempo han demostrado su incapacidad para llegar a un mínimo acuerdo que dé continuidad a un sistema educativo. La aparición en escena de nuevas fuerzas políticas, la desaparición del bipartidismo, el tiempo y el dinero que se invierte en elaborar cada cuatro años una ley orgánica educativa y el ridículo tan espantoso y el desconcierto que cada poco tiempo tenemos que soportar con el comienzo del curso académico, debería de ser suficiente para que nuestros dirigentes, contando con la experiencia de los docentes, aparquen sus siglas a un lado y en una gran mesa poner el sentido común y el bienestar de nuestra sociedad como ingredientes fundamentales para elaborar un pacto de Estado en Educación.