Esta semana, más de 16.000 opositores optan a 655 plazas en las oposiciones a Primaria y Secundaria tras años de sequía. A nadie se le escapa que la convocatoria tiene más de oportunismo electoral que de ejercicio de reflexión acerca de qué tipo de educación queremos impartir y ofrecer. Leo, oigo -con cierto estupor confieso- que muchos lamentan la escasez de plazas ofertadas, esperan, anhelan que en años sucesivos aumenten las plazas. Los opositores optan a 655 plazas a cubrir en centros públicos de Primaria y Secundaria. Creo que desenfocamos el debate. Si la enseñanza pública disminuye respecto a la privada-concertada, veo improbable que en un futuro cercano aumenten las plazas ofertadas. En estos momentos, en la provincia de Alicante estamos casi empatados entre la pública y la privada-concertada. Se han cerrado aulas de la línea en valenciano, el anterior Consell ha «blindado» y aumentado los conciertos educativos, en definitiva, la Educación pública ha vivido un auténtico desprestigio. Estos temas están en el primer cajón del nuevo equipo. Además, la convocatoria de oposiciones se ve envuelta en medio de un debate sobre la rebaremación o no, de los interinos. La disyuntiva entre primar la nota del examen o computar la experiencia, es un debate estéril -hay argumentos a favor y en contra de las dos posturas-, enfrenta a los propios docentes y no es nuevo. Pero también me planteo otra reflexión, en un momento en el que la Educación pública y concertada se reparten casi al 50% el alumnado de la provincia, ¿tiene sentido perpetuar el sistema de oposiciones? Un título de ESO, por ejemplo, tiene la misma validez independientemente del centro que lo imparta. Leo en Información (26/06/15) que un 18% de los opositores a esas 655 plazas ha abandonado la prueba. Entre los motivos que se aluden están la falta de tiempo para preparar el examen, la falta de suerte en el tema, la imposibilidad de sacar un diez para recuperar los puntos adquiridos por la experiencia? . Lo que está claro es que interinidad es sinónimo de precariedad laboral e inestabilidad y que, tal y como está montado el sistema, conseguir tu primer trabajo por medio de las oposiciones, no es fácil. Deberíamos pensar en «otro» tipo de prueba o convocatoria. Las personas que se presentan han aprobado una carrera, han cursado un Máster de Docencia -o hicieron en su día el CAP- que les habilita para dar clase y ahora tienen que pasar otro examen diferente. Quiero puntualizar que, mientras el CAP no suponía un desembolso de dinero considerable, el Máster de Docencia oscila entre los 900? que cuesta en una universidad pública y los dos mil y algo que puede llegar a costar en una privada. ¿Por qué hay que hacer un examen adicional para entrar a trabajar en la Red pública y no en la privada? Seguro que hay alternativas más eficaces y acordes con la realidad de quienes quieren dedicarse a la docencia. Como dice mi doctorando «a ser un buen profesor se aprende enseñando y con vocación». Habría que plantearse si, a estas alturas, las oposiciones no se han convertido en un anacronismo, en algo de otra época mejor, porque lo cierto es que muchos se decantan por la privada-concertada que ofrece menos trabas. Si se cubrieran todas las vacantes que existen, harían falta más de esas 655 plazas. Este maquillaje electoral no hace más que aumentar el desaliento tanto de interinos -convertidos en docentes nómadas- como el de una juventud ahogada por el desempleo que ve cómo su título universitario y su Máster le sirven de bien poco.

El nudo gordiano no es, a mi entender, el escaso número de plazas, al fin y al cabo es la muestra de la precariedad laboral que hay en el país, sino qué vamos a hacer con el matrimonio Educación pública vs Educación privada-concertada. No pretendo erradicar esta última, lo he dicho en otros artículos, aunque sí creo que el nuevo Consell tendrá que abordar en profundidad, con responsabilidad y con mucha pedagogía, dos sistemas que conviven juntos, que se alimentan de dinero público, que ofrecen los mismos títulos pero con diferente contratación del profesorado. Hay que señalar, además, los problemas a los que se enfrenta el profesorado de la pública con una plantilla interina inestable, especialmente en la Vega Baja; una plantilla fija -funcionaria- desmotivada, con dificultades para promocionar y que trabaja -demasiadas veces- con el alumnado más vulnerable; una falta de renovación de equipos directivos en los que, en algunos casos, la dirección se perpetúa más de los dos mandatos permitidos a un Presidente del Gobierno o a un Rector; y por último, otro de los problemas añadidos al aula que ni las autoridades académicas, ni las familias han abordado con la complejidad y la gravedad que conlleva, me refiero al acoso escolar -bullying- que se disimula en la concertada y se denuncia, como una grave consecuencia de los recortes, en la enseñanza pública. Con este panorama, creo que lo más sensato sería plantearse, oposiciones, ¿para qué y para quién?