Vaya semanita nos están dando con los tuits de los ediles de Ahora Madrid. Bastante escaldado anda este país para que lo calienten aún más. Entre el verano, que se aproxima amenazando bochorno, y lo que nos resta para acabar el año electoral por excelencia, vamos apañados. Para ser ecuánime, es obligado recordar que estos rebuznos no sólo proceden del ámbito de Podemos. Ahí está el caso de Jonathan Cabeza, ex portavoz del PP en un municipio palentino, que hace unos meses calificaba a Pablo Iglesias de «gran hijo de puta», a la vez que deseaba que le pegaran un tiro en la nuca. En honor a la verdad, el fulano tardó apenas un par de días en ser expulsado de su partido y devolver el acta de concejal. Ahora bien, una dimisión no es disculpa para una conducta tan psicopática.
Cuesta aceptar que los tuits publicados por el concejal madrileño Guillermo Zapata se consideren una muestra de humor negro, tal y como pretende su autor. Que la solución para meter a cinco millones de judíos en un seiscientos sea introducirlos en el cenicero, no produce carcajada alguna. Que argumente que a Israel le sobra territorio porque «cada persona ocupa un montón de ceniza», ratifica un antisemitismo indigno e impropio de un supuesto demócrata. Dice el mozo que estos tuits eran parte de su trabajo, porque tenía que hacer bromas sobre política. No sé qué demonios tendrán que ver con la política las niñas de Alcàsser, Marta del Castillo o Irene Villa. Desconozco cómo esperaba divertir a las masas el menda, a costa de cachondearse del sufrimiento de inocentes. Al margen de si, realmente, el tal Zapata puede ser o no un nazi disfrazado de progresista, lo que parece evidente es que disfruta recreándose en el morbo más miserable.
Como prueba de su honorable ética y transparencia, nos venden que Zapata ha dimitido. Y él se defiende afirmando que, a diferencia de la «vieja política», los de Podemos dan la cara cuando se equivocan. La cuestión es que el hombre sigue siendo concejal del Ayuntamiento de Madrid, por más que le hayan retirado las competencias de Cultura que tenía delegadas. Ya ven, verdades a medias que el pueblo acaba por creerse. Ciertamente, otra casta es posible.
Con todo, lo de Guillermo Zapata no ha pasado de ser una muestra de su pésimo mal gusto; porque, como declaraba la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el humor negro no puede ser cruel y su límite está en el dolor de las víctimas. De mayor gravedad son los mensajes de Pablo Soto, otro edil de la misma tropa y ejemplo de lo que viene en llamarse la «nueva burguesía comunista». El tipo arengaba a sus acólitos animándoles a quemar bancos, más entusiasmado por la belleza del fuego que por amargarle la fiesta al capital. Por cierto, se trata del mismo bienintencionado que también proponía -con machacona insistencia- torturar y matar a Gallardón. Ahora bien, ambos concejales apuntan, en su descargo, que no escribieron esos tuits siendo cargos públicos y que se trata de mensajes ya antiguos, como si esto les eximiera de maldad ¡Torpe excusa! Los que escribieron y difundieron mensajes que desprendían hostilidad -en algunos casos hasta violencia- son los mismos personajes, aunque ahora se sienten en un escaño. Y es irrelevante que los tuits se publicaran hace tres años o diez meses; en cualquier caso, ya eran adultos. Lo que sí importa es que estos señores, hoy concejales, han sembrado la duda sobre su capacidad de asegurar el respeto que merece un sistema democrático.
En fin, estos asuntos suelen resolverse brindando al público explicaciones indulgentes, un «perdonen no era mi intención» y pelillos a la mar, que aquí no ha pasado nada. Y es que la lista de tuiteros arrepentidos va en aumento, sobre todo cuando los cazan en una metedura de pata. Las cuentas empiezan a desaparecer o, cuando menos, los mensajes están siendo borrados. El problema se ha extendido en todos los partidos, con mayor o menor representación social, pese a que en los últimos días los podemitas son los protagonistas. O mucho me equivoco o, a estas alturas, los dirigentes de algunas formaciones políticas ya han dado instrucciones para repasar, al detalle y con lupa, los escritos de sus cargos públicos que circulan en la red.
Más allá de la consideración que, a título personal, nos merecen quienes se dedican a firmar tuits venenosos, hay otros mensajes de autores más significados que deberían preocuparnos por su carga de profundidad. El ingreso en prisión de Alfonso Fernández Ortega, alias Alfon, ha puesto en evidencia el desprecio de determinados políticos por la Justicia y la desconfianza en la integridad moral y legal de la Policía Nacional. La criaturita fue detenida hace un par de años mientras paseaba plácidamente con su novia, en mitad de una manifestación. Cuentan, si el mínimo sonrojo ni asomo de duda, que algún policía canalla le colgó una mochila con explosivos y metralla. Luego fueron los malvados jueces de la Audiencia Provincial de Madrid quienes le condenaron a cuatro años y, para rematar al inocente Alfon, el Tribunal Supremo ha terminado por ratificar la pena. Y al pobre luchador antifascista, lo acaban sacando los malos de la película de la iglesia en la que se había refugiado para no ir al talego ¡Coño! de película. Debe de ser buena gente, a pesar de sus antecedentes por robo con violencia, agresión sexual y lesiones, o la condena a dos años de prisión por tenencia de drogas; apenas eran 230 gramos de anfetaminas, supongo que para consumo propio ¿no? Ya ven, todo un héroe.
Avergüenza la identificación que se intenta hacer de este pájaro con la clase obrera. Como entristece el apoyo que está recibiendo por quienes debieran de ser modelo de cordura y respeto al poder judicial. Es comprensible que, antes de ser juzgado, fuera apoyado por políticos como Tania Sánchez o Joan Tardà. Sin embargo, una vez se ha pronunciado el Supremo, sería deseable asumir la sentencia, independientemente del derecho que asiste al chaval a solicitar el amparo del Tribunal Constitucional. Parece que el objetivo es seguir calentando la calle, que ya no es de Fraga sino de la izquierda radical.
En sus respectivas cuentas de Twitter, Iglesias y Errejón ya han manifestado su oposición a la sentencia. Como argumento, comparan el caso de quien portaba explosivos con el de los políticos corruptos que aún no han pisado la trena. Una situación no justifica la otra; muy al contrario, la cárcel debe de ser el destino final de ambos tipos de delincuentes. Y, por supuesto, fundamentar la defensa en una corruptela policial -vaya, que al cándido Alfon le colgaron el marrón-, constituye una absoluta irresponsabilidad. Mención aparte merece la eurodiputada Marina Albiol, para quien se trata de un claro caso de persecución política. Como decía, la cuestión es calentar la calle, incitar el odio, mantener la tensión viva hasta las elecciones generales. Extraña manera de interpretar las reglas de la democracia.
Me quedo con las palabras de Rita Maestre, también concejala de Ahora Madrid e imputada por entrar semidesnuda en la capilla de la Universidad Complutense: «las mentiras que se mueven estos días generan odio y violencia». Jugamos con fuego.
