Manchados como estamos de esa pegajosa gelatina que nos empapa llamada corrupción, la entrada en la cárcel de Picassent el pasado lunes del exconseller del PP y todo poderoso Rafael Blasco, por su condena firme en el primero de los tres procesos abiertos contra él por los casos de corrupción sobre la cooperación valenciana, ha parecido uno más entre los bochornosos espectáculos a los que estamos asistiendo. Sin embargo, este caso tiene unos perfiles singulares, tanto por las características del político condenado, como por la naturaleza de la trama de corrupción generada y, sin ninguna duda, por el sector específico sobre el que se han producido los delitos. En una de las sentencias más contundentes hasta la fecha por un caso de corrupción, el TSJ de la Comunidad Valenciana considera probado que un grupo formado por políticos, funcionarios y empresarios dirigidos por Rafael Blasco crearon una trama delictiva para saquear recursos de la cooperación internacional a los países empobrecidos en beneficio propio de forma continuada. Para ello, abusaron de su autoridad, falseando documentos y procedimientos para hacerse con subvenciones públicas competitivas destinadas a las ONG valencianas, creando para ello organizaciones ficticias que no reunían los requisitos legales exigidos que presentaban proyectos falseados, destinando posteriormente el dinero obtenido a pisos, garajes, artículos de lujo y gastos personales. La sentencia es prolija y detallada en la descripción de unos hechos que considera como «aberrantes y contrarios al sentido común». Para ello, se creó todo un operativo mafioso, bajo la dirección de Rafael Blasco y en complicidad con personas como Augusto Tauroni, con las que compartía negocios y contratos desde hacía tiempo allí por donde Blasco pasaba. Pero para que todo ello fuera posible, Blasco se rodeó de funcionarios y cargos indignos que corrompieron todos los mecanismos legales de contratación, control y evaluación existentes, llegándose incluso a contratar empresas externas de nula solvencia que ofrecían informes a la carta para justificar los delitos cometidos. Hasta aquí los hechos, pero bueno es que tratemos de extraer algunas lecciones sobre este desdichado caso que nos permita comprenderlo mejor y situarlo dentro de los corrosivos procesos de corrupción que por desgracia nos sacuden.
Desde hacía tiempo, muchos en la cooperación valenciana conocían en primera persona el funcionamiento anómalo de la Generalitat, si bien, fuimos muy pocos quienes denunciamos públicamente allí donde podíamos lo que conocíamos. Pero otras muchas personas y ONG prefirieron mirar para otro lado para asegurarse favores y dineros, trasladando así Rafael Blasco su trama corrupta a otros espacios de la sociedad valenciana que también fueron corrompidos y degradados. No es una exageración, hasta el punto que existen ya incluso tesis doctorales que abordan estos hechos, habiendo tenido la oportunidad de participar en el tribunal de una de ellas. Los procesos de privatización, clientelismo y docilidad que se han alimentado durante décadas en la sociedad valenciana la han dañado de forma muy seria.
Se necesitó que el caso saltara a los medios de comunicación, el 6 de octubre de 2010, gracias a la información que trabajadores relacionados con la trama corrupta facilitaron a las diputadas valencianas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís, y que éstas trasladaron a la Fiscalía, para que se denunciara lo que ya era un secreto a voces. Los medios de comunicación han jugado un papel esencial en el avance de la investigación y en la difusión pública del caso, sobre todo cuando el denunciado disponía de todo el aparato político, mediático e institucional para tratar de encubrir sus delitos y falsear los hechos, como se ha visto.
Mención aparte merece el magnífico trabajo judicial llevado a cabo y también el de la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat, que fue entorpecido hasta el límite por los acusados, junto a los informes periciales de la Inspección de Hacienda y técnicos de la Dirección General de Cooperación, quienes a pesar de amenazas y presiones actuaron en defensa del interés público con extraordinaria profesionalidad.
Como bien ha recogido la sentencia, la procedencia de los fondos, aliviar situaciones necesidad en población de pobreza extrema, agrava el reproche social de los delitos cometidos, demostrando que se han generado espacios de corrupción política que no han tenido reparo alguno a la hora de robar, delinquir y engañar.
Ahora bien, el caso Blasco demuestra también la facilidad que tienen los políticos para corromperse y corromper, utilizando para ello todos los dispositivos económicos, administrativos e institucionales que tienen a su alcance. Con ello, los mecanismos democráticos y de control existentes se diluyen al máximo, quedando únicamente la acción dificultosa de la justicia para tratar de corregir actuaciones delictivas y conductas antidemocráticas que están haciendo un enorme daño a la sociedad. Pero la respuesta a la corrupción no puede venir exclusivamente de la justicia, sino que debemos de comprender la importancia del control político, como elemento de vigilancia permanente, y la articulación de mecanismos de participación social avanzados. De esta forma, el trabajo conjunto de los partidos de la oposición y la acusación particular a través de la Coordinadora Valenciana de ONGD, han sido cruciales para un desenlace positivo de un caso tan despreciable.
@carlosgomezgil
