Fue Clinton quien en la campaña de 1992 contra Bush padre le soltó «¡Es la economía, estúpido!». Y Bill Clinton ganó la Presidencia. Los del PP no se lo esperaban. No es una «derrota dulce» -que decía Guerr- puede ser una victoria, que ha dicho Rajoy, pero amarga. El paro es el principal problema para cuatro de cada cinco españoles. Con pequeños descensos coyunturales, lo ha sido para más del 80% -el doble que la corrupción- desde enero de 2011. Ese mismo año fue a Zapatero a quien «le dieron la liquidación». No siempre ha sido así. Esa proporción no se superaba desde finales de los años ochenta. Y, desde luego, nunca la desigualdad ha sido tan sangrante. Ahora aún es peor. Ha habido etapas en que el paro ha obsesionado a esa proporción de ciudadanos, pero las medidas redistributivas, la cobertura de los desempleados ha paliado el daño. Mariano Rajoy ha presumido y hecho bandera de los logros económicos, pero parodiando a Clinton cabe decir, ¡es el paro, insensato!

El Gobierno ha repetido de forma fatua que la situación económica ha mejorado, incluso que se está creando empleo y como promesa estrella subraya que la ocupación será a final de la legislatura la misma que al comienzo de la misma. No han sido cuatro años perdidos en la lucha contra el paro, ha sido peor. El paro, y el empleo precario, parcial, temporal está en el origen de la diferencia de ingresos también entre los ocupados, con trabajadores que no llegan a final de mes, que incluso están por debajo del umbral de pobreza. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado esta semana los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2014, cuyas conclusiones se basan en los datos de 2013. Los ingresos medios por hogar eran 26.154 ? en 2013; al comienzo de la crisis en 2009 eran 29.834 y en 2011 ya bajó a 27.747. En el periodo 2009-2013 la renta familiar descendió un 12%. Por persona, el descenso ha sido de un 8 por ciento.

El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión en los dos últimos años del Gobierno Zapatero aumenta ligeramente, pero en los dos primeros años del Gobierno Rajoy las personas bajo el umbral de pobreza pasa del 20,8 al 22,2 y las personas excluidas pasan del 27,2 al 29,2. (El tercio de Thatcher y Cameron que decíamos la semana pasada). Son los años en que el paro se dispara, pero además se reduce la cobertura de los desempleados y se recorta en las políticas redistributivas: sanidad, educación, dependencia y servicios sociales. El resultado es el aumento de la exclusión social la que se mide con el índice AROPE (índice de riesgo de pobreza o exclusión social). Son el 29,2% que no puede disponer de cuatro, al menos, de estas nueve cosas: lavadora, televisor, teléfono, automóvil, o se retrasan en pagar cosas de la vivienda, no pueden mantenerla a temperatura adecuada, ir una semana de vacaciones, comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días, ir de vacaciones una semana al año. Hay un 29,2% que carece al menos de cuatro de las nueve cosas anteriores.

El AROPE mide si se van consiguiendo los objetivos de la Estrategia Europea 2010-2020. «Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente: A) Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación. B) Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva. C) Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial». Lo que se concreta en que tengan empleo el 75% de la población entre 20 y 64 años y en reducir el número de personas en riesgo de pobreza. Los dos primeros años del plan hemos ido justo en dirección contraria.

El crecimiento económico sin políticas redistributivas no crea empleo; no es el crecimiento inteligente, sostenible e integrador al que España se comprometió, sino el que aumenta las injusticias y desigualdades. Este mes publicará el INE el Índice Gini que mide la desigualdad y promete ser otro récord. Antes de las elecciones el 55,7% y el 67,5 de los ciudadanos deseaban cambios en ayuntamientos y comunidades. Ahí está el resultado. Los que deseaban un cambio en el Gobierno de España eran el 79,1%. Y lo vamos a ver.