La corrupción es el aprovechamiento (de mil formas) de la cosa pública en beneficio de interés particular. Supone un ataque al bien público, por lo que es un ataque a la democracia. Sus efectos son devastadores tanto en el aspecto económico (derroche, falta de competencia, encarecimiento de los servicios públicos y fraude a Hacienda), como políticamente creando desafección al poder y a las instituciones.

El poder siempre puede corromperse, por lo que tienen que existir controles para evitarlo, y medios para descubrirlo y consecuencias penales y políticas. Las causas de la corrupción son la falta de transparencia que trae consigo la impunidad, y la falta de control ante el poder de la administración.

La corrupción en España se está convirtiendo en un cáncer que afecta a la economía y a la política. Es gravísimo que un exvicepresidente del Gobierno y máximo responsable del control del fraude fiscal, aparezca indiciariamente como uno de los mayores defraudadores del país. Igualmente que durante 10 años, una Comunidad Autónoma como Andalucía, administre fraudulentamente más de 100 millones de euros en los ERES de ayudas. Como que el tesorero del partido en el Gobierno tenga millones sin justificar en paraísos fiscales y su contabilidad B sea la real del PP, e imputados los tres anteriores tesoreros, dinero B con el que se pagaban campañas sobresueldos y construcción de sedes del PP. O que la hija del rey y su marido estén imputados en negocios fraudulentos. Que un embajador y un diputado asesoren verbalmente (tomando café) a una empresa dedicada a la obra pública por 9 mil y 5 mil euros mensuales respectivamente. Que los tres presidentes del PP de Castellón (Fabra), Valencia (Rus) y Alicante (Ripoll) estén imputados (o condenados) o investigados por corrupción, y condenado el presidente de comunidad Balear, Matas. Los casos Gürtel, Púnica, Pujol, Fórmula I, visita del Papa, Bankia y tarjetas en negro, CAM, Brugal, Marbella, Emarsa, Pokemon, Palma Arena, etcétera. La corrupción afecta a tantos políticos que puede considerarse sistémica. Los casos judiciales relacionados con corrupción política en España en 2015, son unas 1700 causas con 500 imputados o investigados, de los cuales únicamente 20 han sido condenados y entrado en prisión.

Así no se puede seguir, y para luchar contra la corrupción es necesario la transparencia, el control y la penalización. Cualquier político sospechoso de corrupción que se niegue a declarar (acogiéndose al derecho a guardar silencio) ante el juez, el fiscal, o incluso ante la opinión pública, debe dimitir de sus cargos. En una democracia el poder tiene que responder ante el pueblo, como el contable de una empresa que si se negara a declarar ante la empresa sería despedido. La transparencia de la información pública tiene que ser radical, total y que llegue al público por todos los medios, incluidos los digitales. Todo cargo público debe tener una agenda pública de su actividad donde se recojan todas sus entrevistas, con quién y de qué asuntos hablaron, sin excepción alguna. Si son actos muy reservados, para eso está la Comisión de asuntos reservados. La omisión de datos, falsedad o pérdida de esa agenda será constitutiva de un delito grave. Se debería volver a la reforma fiscal de Fernández Ordóñez de 1977 en la que se establecía la publicación de las listas de contribuyentes, ordenados en función de su renta y aportación. Se conoció, por ejemplo, que los más ricos de España eran los Ruiz-Mateos, la familia Entrecanales Ibarra y los March. Y que el mayor contribuyente de Soria era el modesto sueldo del presidente de la Audiencia Provincial. A los dos años se derogó diciendo que la publicidad sólo quedaría para los defraudadores. El PSOE cinco años más tarde declaró el secreto de las declaraciones de Hacienda, ya sin la reserva de la publicación de los defraudadores. Como mínimo debería publicarse la lista de defraudadores. Un país es como una comunidad en que cada vecino tiene que pagar su cuota, cuando en una comunidad de propietarios algún vecino no paga su cuota, sale en una lista que todos los copropietarios conocemos y autorizamos al presidente para reclamar en juicio. ¿Por qué no a los defraudadores de Hacienda?

Tienen que existir órganos independientes de funcionarios, y así secretarios, interventores, depositarios de administración local, provincial y autonómica, deben ocupar plaza por riguroso escalafón, salvo el conocimiento de la lengua cooficial. El ingreso será por oposición libre centralizada para su ingreso posterior en la Escuela Superior de Administración pública, como existe con gran prestigio en Francia. El secretario será el jefe del personal administrativo (vacaciones, permisos, sustituciones) y no el alcalde como ahora, y debe existir una fuerte y prestigiosa inspección central con amplios poderes de control. Se debe proteger a los denunciantes de abusos administrativos como si fueran testigos protegidos. Desaparición de los asesores, que exclusivamente se nombrarán entre funcionarios titulares con tres años de antigüedad.

Urbanismo en que la plusvalía vaya al pueblo como exige nuestra Constitución, transparencia y publicidad, cortando de raíz el tráfico de influencias e información privilegiada. Procurar crear suelo municipal para urbanizar como existe en toda Europa central. Una nueva ley de contratos administrativos (concurso público sin excepciones y máxima publicidad) incluyendo todas las empresas públicas mixtas. Por último, mayor penalidad a los delitos de corrupción y alargamiento de los plazos de caducidad especialmente en el fraude fiscal, y prohibición de amnistías fiscales.

Todas estas medidas para la administración local no supone ser un revolucionario antisistema, ni hará desaparecer la corrupción, pero la frenaría notablemente y que los administrados tomen conciencia de que el gobierno es del pueblo y para el pueblo.