Con todos mis respetos

Emigración forzada, exclusión sanitaria

17.05.2015 | 02:51
Emigración forzada, exclusión sanitaria

Tienen algún hijo o familiar mayor de 26 años en el extranjero? Miren a su alrededor, pregunten a los amigos de sus hijos e hijas, seguro que con el panorama laboral precario que tenemos, se sienten tentados por la «movilidad exterior» que diría la ministra Fátima Báñez. Ahora, esa movilidad exterior está supeditada a la buena salud del joven porque el Gobierno no expide la Tarjeta Sanitaria Europea a los mayores de 26 años sin contrato indefinido que salgan del país más de tres meses. En su lugar, se expide un Certificado Provisional Sustitutorio (CPS) que cubre la atención sanitaria durante 90 días. En la práctica, se trata de un documento que no se acepta porque está redactado íntegramente en español y en el extranjero dicen que «España no paga». ¿Qué ha ocurrido? Pregunten al PP. Esto es lo que denuncia la Marea Granate, una marea más de gente despojada de sus derechos básicos, esta vez granate, por el color del pasaporte, un pasaporte que más que una ayuda se ha convertido en una losa. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que excluye a su propia ciudadanía?

Recordarán que todo empezó en 2012. En aquel entonces el gobierno del PP expulsó de la Sanidad pública a las personas en situación irregular en España, personas que no tenían contrato de trabajo ni permiso de residencia. Múltiples voces se han escuchado desde otros partidos y hasta de gente corriente diciendo: «No podemos dar las mismas prestaciones a las personas que se encuentran en situación irregular que a las que sí lo están o a la propia ciudadanía española». Pues ahora, si tu hija está en Londres, Berlín o Singapur más de tres meses y no tiene un contrato indefinido, o no tiene contrato o está trabajando sin declarar y cae enferma, Sanidad le cobrará la factura del médico. Quedan a solas con su enfermedad y a expensas del Servicio Nacional de Salud del país de acogida. Como todos sean como España, que Dios no pille confesadas.

El atropello es de dimensiones considerables porque en primer lugar, vincula un derecho básico a una situación laboral, económica y administrativa. El colmo es que España exija a sus conciudadanos un contrato indefinido para concederles la Tarjeta Sanitaria Europea cuando aquí un contrato indefinido es como una pepita de oro en el desierto. Hasta Europa dice que con un contrato temporal es suficiente. ¿Acaso los padres y familiares de estos jóvenes no han cotizado y siguen cotizando en nuestro país? ¿Acaso estos jóvenes no mandan sus ahorrillos a España y ayudan a sus familias? No se han ido por turismo, ni por amor, ni por placer sino por necesidad. Su exilio le permite a Rajoy alardear de la bajada –mínima– de las cifras de desempleo. Claro, muchos ni se apuntan en las oficinas del INEM, se van aconsejados por amistades ya instaladas fuera. Asistimos a un desolador «remake» del «Vente pa Alemania, Pepe». Y por último, ¿cuánto ahorro ha significado esta injusta e injustificada medida? Nadie lo menciona. El otro día, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se enzarzaron en un baile de cifras sobre el número de jóvenes que se habían marchado del país. El líder socialista tenía razón, eran más de los que decía el Presidente pero a él también le bailaron las cifras. ¡Cómo es posible que no haya estadísticas fiables que den una cifra lo más real posible de la cuantía de este éxodo! El Instituto Nacional de Estadística cifra en 750.000 los españoles que han emigrado desde el inicio de la crisis. Una cifra que, según los expertos, no representa la realidad. Así es, 750.000 españoles y españolas son tratados por el gobierno de su país como irregulares o extranjeros y han quedado sin cobertura sanitaria.

Ante esto, la Comisión Europea le ha dado un tirón de orejas a las autoridades españolas porque según Europa Press, la comisaria de Empleo y Servicios Sociales, Marianne Thyssen, asegura que «La expedición sistemática de un Certificado Provisional Sustitutorio en lugar de Tarjeta Sanitaria Europea para determinadas categorías de personas aseguradas, no se ajusta a las normas». A esto, hay que sumar las denuncias de los colectivos Marea Granate y Yo Sí Sanidad Universal sobre las trabas existentes para recuperar la cobertura sanitaria cuando nuestros jóvenes vuelven a España. Dicen que sienten que su país les ha echado y que ahora les excluye de la cobertura sanitaria. Sienten desamparo y yo, como madre y ciudadana española avergonzada, siento rabia e indignación. Desde esta ventana he defendido y seguiré defendiendo el derecho a la sanidad como un derecho universal básico que no se puede vulnerar. Si es básico para cualquier persona, cuanto más para nuestros jóvenes españoles, expulsados de un país más preocupado por llenarse los bolsillos en B que por construirle un futuro a las nuevas generaciones. Esta denuncia va dirigida –con sorna– a aquellos partidos que no han suscrito el pacto por la Sanidad universal y a quienes se les llena boca diciendo: «Los españoles son lo primero». ¿Y cuando al españolito lo han convertido en extranjero por arte y gracia del Gobierno, tenemos algo que decir?

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