Como el Ayuntamiento de Alicante no cumplió en la etapa de Castedo con su obligación a la hora de ordenar urbanísticamente el territorio y decidir qué se podía, y qué no, instalar junto a Ikea; ahora, el alcalde, Miguel Valor, junto con toda la sociedad civil y económica alicantina, va contrarreloj para que no se consume el macrocentro comercial anexo que supone, según los expertos, la ruina efectiva del comercio local y convertir Alicante en una ciudad aún más inhóspita desde el punto de vista del tráfico. Son los ayuntamientos quienes ordenan su territorio, no los promotores. Es la ley. Son los políticos quienes marcan las directrices en un término municipal siguiendo un modelo de ciudad que deben definir, y son los técnicos municipales quienes exigen las infraestructuras necesarias. Aquí se ha hecho urbanismo a la carta y se ha dejado todo al interés y beneficio del promotor. Ni siquiera se ha establecido una contraprestación para la ciudad como en otros municipios. Y en el colmo del cinismo se tramita un gran complejo comercial como si de una actuación estratégica se tratara.
