Hay un cúmulo de malas noticias y de desatinos inasumibles que impulsan a no callar. Digo esto a propósito de la designación (a dedo) de Asunción Sánchez Zaplana como candidata a la Alcaldía de Alicante por el Partido Popular. Las personas dependientes y familiares de Castellón, Valencia y Alicante celebramos con enorme alegría esta noticia: por fin, Asunción Sánchez Zaplana va a dejar la Conselleria de Bienestar Social. En estos ocho años de Ley de Dependencia hemos tenido cinco consellers: Alicia de Miguel, Juan Cotino y Angélica Such, los tres rodeados de corrupción; Jorge Cabré que se fue agobiado por el caos heredado de los mencionados; y la actual consellera, que por cierto, lo tenía muy difícil, pero finalmente ha conseguido hacer buenos a sus predecesores, paralizando la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana. Y esto no es una afirmación gratuita.
Desde que Asunción Sánchez Zaplana fuera nombrada en diciembre de 2012 consellera de Bienestar Social, los datos sobre dependencia que se reflejan en la página web del IMSERSO, dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, manifiestan una muy preocupante tendencia a la baja en la atención a las personas dependientes. Así, desde enero de 2013 hasta diciembre de 2014 (sospechosamente no hay datos de 2015), 1.668 personas han dejado de percibir algún tipo de prestación. Es decir, el Sistema de Atención a la Dependencia, en vez de ampliarse, va en constante retroceso, perfilándose su desmantelamiento.
Tres datos: en estos dos años se han dejado de asignar 2.075 plazas en residencias; las prestaciones económicas para atender a los dependientes en sus domicilios han disminuido en 979; al igual que los servicios a domicilio son 460 menos.
¿Qué está pasando en esta Comunitat con las personas dependientes? No es que enfermemos menos, sino que nuestros mayores van muriendo y se está impidiendo el acceso a nuevas personas dependientes. De hecho, y como viene sucediendo desde 2007, hay miles de personas que están a la espera de una plaza en residencia, o en centro de día o un servicio a domicilio. Actualmente hay en esta situación 12.400 grandes dependientes. Los últimos «afortunados» son los que solicitaron la Ley de Dependencia en 2010, es decir, con 5 años de retraso. Esto ha supuesto que en los últimos 8 años han fallecido sin ser atendidos más de 35.000 dependientes. ¿Qué siente la consellera Asunción Sánchez Zaplana sabiendo que en sus dos años de pésima gestión en dependencia hayan podido morir unas 9.000 personas? ¿Qué explicación puede darles a sus familiares? ¿Sería capaz de mirar a la cara a las 2.500 personas a los que les bajó el grado de gran dependencia porque milagrosamente han mejorado?
Durante estos dos años no han cesado las quejas que las familias presentan ante la Sindicatura de Greuges, que ya se cuentan por miles y reflejan la dejación y el desamparo a que les somete permanentemente la Conselleria de Bienestar Social. Siguen por otra parte los dependientes acudiendo todos los lunes al servicio de asesoramiento del Colegio de Abogados de Alicante y al nuestro de la Plataforma porque sienten una gran soledad ante tanta inseguridad jurídica frente a una Administración insensible, economicista y miserable que solo aspira a ahorrarse unos euros sin valorar las necesidades y los sufrimientos de las personas dependientes y sus familias.
El equipo dirigente de la Conselleria ha continuado la estrategia de judicializar la dependencia porque saben que unos pocos valientes se atreven a exigir sus derechos ante el Tribunal Superior de Justicia que, por cierto, a todos les está dando la razón.
Ante tanto despropósito, en cualquier empresa privada un gestor con una hoja de trabajo como el de nuestra consellera hubiera sido cesado rápidamente. Pero en el Partido Popular valenciano sucede lo contrario: la premian con la candidatura a la Alcaldía de Alicante. Si la razón que ha dado a las personas dependientes ha sido que no hay dinero en la hacienda autonómica, pregunto: ¿qué va a hacer si resulta elegida alcaldesa en el Ayuntamiento alicantino cuyas arcas municipales han sido saqueadas por sus correligionarios durante 20 años y está embargado por el señor Montoro? No creo que lo solucione con su talante dialogante. Es de esperar que la ciudadanía alicantina en las próximas elecciones sepa escoger a quien mejor pueda defender sus derechos.
