No podemos ignorar el impacto que la crisis y sus políticas de ajuste aplicadas están teniendo sobre los niños, pero tampoco debemos trivializar sobre ello. Sin embargo, algunas de las propuestas anunciadas a bombo y platillo por diferentes fuerzas políticas, parecen convertir a los menores en objetivo electoral de primer orden, aunque evidenciando más oportunismo y desconocimiento de los dispositivos y cauces de intervención adecuados que voluntad real de actuar en profundidad sobre los problemas y riesgos más importantes de la infancia.
En los últimos años, diferentes instituciones internacionales han mostrado su preocupación sobre la situación de los menores en los países más afectados por la crisis. Informes como los publicados por Eurochild, Guía de la pobreza infantil en la UE, o la recomendación de la Comisión Europea, Invertir en los niños: romper el ciclo de la desventaja, del año 2013, y más recientemente, el informe de UNICEF, Los niños de la recesión, demuestran hasta qué punto existen evidencias empíricas contundentes de que los menores son victimas colaterales de unas políticas económicas que están poniendo en riesgo su bienestar, y lo que es más grave, dañando de por vida sus oportunidades futuras. En España, diferentes organizaciones vienen también llamando la atención sobre este problema, apareciendo sin embargo fenómenos muy preocupantes, como el intento de captar dinero de modo espurio aprovechándose de esta situación mediante organizaciones pantalla, la folclorización del fenómeno por medio de maratones televisivos y espectáculos mediáticos, junto a propuestas bien intencionadas que, sin embargo, pasan por perpetuar la neobeneficencia y la caridad. Y en medio de todo ello, empiezan a escucharse algunas propuestas electorales llamativas que prometen, como primeras medidas, abrir los comedores escolares para que los niños pobres puedan desayunar en ellos o alimentar a los niños que lo necesitan.
Sin duda, uno de los resultados más dramáticos de la crisis en los países del Sur de Europa es la aparición del hambre, que ha llevado a que, solo en España, cerca de dos millones de personas dependan cada día de los alimentos que reciben para poder comer, según hemos podido verificar en la investigación que hemos llevado a cabo («Emergencia alimentaria: Grecia, Portugal y España, 2014»). Ahora bien, quienes formulan esas promesas, ¿conocen cuántos niños han sido detectados por el sistema público de salud o los servicios sociales con malnutrición? Y en estos casos, ¿saben cuántos de ellos se deben a negligencia parental, o por el contrario, cuántos se deben a la imposibilidad de los padres de proporcionar alimentos? Incluso en el ámbito educativo, ¿saben estos políticos cuántos colegios han notificado a los servicios sociales municipales problemas de alimentación?
Son preguntas básicas a responder por quienes anuncian medidas sin criterio. Y decimos sin criterio porque las dificultades de alimentación en los niños están generalmente asociadas a otros problemas más graves en el seno familiar: falta de ingresos, amenazas de desahucio, desempleo, problemas de corte de servicios como agua y luz, o situaciones de riesgo social. Y con frecuencia, no basta solo con dar desayunos a los niños sin intervenir sobre otros problemas más graves que afectan a los chavales y a sus familias. Porque los niños no son entes que viven aislados, sino que forman parte de un sistema social más amplio que se llama familia y que, al igual que ellos, sufren las mismas necesidades y carencias. Peor aún, porque aquellos padres y madres que no tienen los recursos necesarios para satisfacer mínimamente las necesidades de sus hijos, seguramente sean los que sufren y lloran con mayor dolor esta catástrofe social que se está viviendo en nuestro país.
En modo alguno se deben alimentar situaciones de estigmatización que lleven a que los niños pobres desayunen en los colegios, mientras que los niños con recursos lo hagan con sus familias y en sus hogares, como algunos pretenden. Y por si fuera poco, existe una cierta preocupación por la forma en que se está actuando sin criterio desde algunos comedores escolares creados improvisadamente, desvinculados de las intervenciones sociales familiares y donde en no pocas ocasiones es más costosa la infraestructura necesaria que la comida que se ofrece. Por ello precisamente, desde la Sindicatura de Greuges de la Comunidad Valenciana se está realizado un seguimiento de estas actuaciones, algo que parecen desconocer también estos políticos tan dados a las promesas carentes de criterio.
Es cierto que se necesita actuar con urgencia sobre las situaciones de privación material para garantizar una vida digna a los menores, pero mediante enfoques integrados, multidisciplinares, multiprofesionales y globales que aborden todos los aspectos de la pobreza, el riesgo y el bienestar infantil, tanto horizontal (en las distintas concejalías) como verticalmente (con las diferentes administraciones). Y para ello, el apoyo y la intervención con las familias es un prerrequisito esencial, cortando la desigualdad en el acceso y distribución de recursos. De la misma forma que la altura moral de una sociedad se mide por la manera en que cuida a sus niños, la utilización de los problemas de los menores da también la medida de la miseria moral de quien lo hace.
@carlosgomezgil
