Sáhara: cuarenta años después

03.03.2015 | 04:56

En 2015 se cumplen cuarenta años desde que España regaló ilegalmente el Sáhara occidental a Marruecos.
En octubre de 1975 el Tribunal Internacional de Justicia había dictaminado que la población autóctona del Sáhara es el poder soberano en el territorio. La Corte requirió la celebración inmediata de un referéndum de autodeterminación sobre la independencia.
Pero lo que debía haber sido un referéndum meramente confirmativo de la independencia del territorio y de su pueblo, resultó torpedeado por el reino de Marruecos al invadir y ocupar, ilegal e ilegítimamente, el Sáhara. Pese a ello, Marruecos fue elevado a la consideración de Parte en el conflicto, respaldado por algunos países del Consejo de Seguridad, quienes continúan amparando el bloqueo marroquí mientras la solución del Sáhara no pase por la «confirmación» de su marroquinidad.
También el departamento de Asuntos Jurídicos de la ONU confirmó, en 2002, el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de 1975: que es un asunto de descolonización y que Marruecos no se encuentra anotado como potencia administradora del territorio en la lista de territorios-no-autónomos de las Naciones Unidas y, por consiguiente, Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara occidental. Marruecos aparece como una simple potencia ocupante y por lo tanto su presencia constante en el Sáhara es ilegal.
La posición jurídico-política de Marruecos en el Sáhara occidental es una situación vinculada al derecho de guerra, por violación del principio de prohibición del uso de la fuerza armada, y en aplicación de los Convenios de Ginebra de 1949, en concreto el cuarto convenio que regula las situaciones de ocupación militar y establece que en ningún caso esa ocupación supone una traslación del título de soberanía, ni cambia el estatuto del territorio; continúa siendo internacional, no propiedad ni bajo la soberanía de la potencia ocupante. Precedentes claros fueron Indonesia, en su época ocupante de Timor este, y Gaza y Cisjordania, ocupante Israel, no existiendo en este caso tampoco potencia colonial.
El Derecho Internacional viene siendo, desde el comienzo del conflicto del Sáhara, violado por consideraciones geopolíticas. Los principios básicos de la ley y de la justicia internacionales han sido pisoteados y evidencian el fracaso de Naciones Unidas, o más bien la falta de voluntad de sus miembros más influyentes en el Consejo de Seguridad, de poner término a lo que hubiera debido ser un simple proceso de descolonización, el único pendiente en África. Cuando el conflicto apareció en 1975, lo fue en el paroxismo de la Guerra Fría. Pero actualmente las circunstancias son distintas; sin embargo, las consecuencias de esta contradicción y la perpetuación de este conflicto son numerosas: denegación al pueblo saharaui de su derecho a la autodeterminación; prolongación del sufrimiento en los campamentos de refugiados; tensión continua en las relaciones marroquí-argelinas; imposibilidad de la construcción del Magreb unido; congelación de la Unión del Magreb Árabe; tensiones cíclicas en las relaciones franco-argelinas; desavenencia periódica en las relaciones marroquí-españolas, de un lado y argelino-españolas de otro; amenaza de guerra en la región; carrera de armamento entre Argelia y Marruecos a costa de su desarrollo socioeconómico; la pretensión de la Unión Europea de conferir un estatuto avanzado a Marruecos; levantamientos en el territorio saharaui ocupado, con las violaciones de Derechos Humanos resultantes?
No obstante, hace unos meses, en julio del año pasado, el pleno de lo Penal de la Audiencia Nacional dictaminó que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara occidental, que Marruecos carece de jurisdicción y que el amparo judicial a los ciudadanos saharauis en el Sáhara compete a la jurisdicción española, no por aplicación del principio de justicia universal sino por el de territorialidad. Esto es, que el Sáhara sigue siendo territorio español hasta que su pueblo se autodetermine y que a ese pueblo deben protegerlo los tribunales españoles.
Y así, de un solo golpe, la justicia española ha confirmado que, casi todo cuanto se ha hecho sobre el Sáhara y sus ciudadanos desde hace cuarenta años, ha sido ilegal.

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