El nuevo Ejecutivo comunitario salido de las elecciones europeas del 25 de mayo añade por tanto una palanca de tipo keynesiano y contra-cíclico al arsenal de la política económica europea, centrado hasta ahora en el ajuste fiscal a ultranza y en la desregulación de los mercados de trabajo, aprovechando también la estabilidad financiera de la que disfruta la zona del euro desde que el Banco Central Europeo (BCE) reorientara la política monetaria a partir del verano de 2012.
Con ser esto una buena noticia, lo cierto es que llega tarde. La obsesión por equilibrar a toda costa y a corto plazo los presupuestos públicos a partir de la primavera de 2010, cuando estalla la crisis de la deuda pública griega, consecuencia parcialmente de la falta de apoyo claro y explícito a los títulos de deuda soberana y por tanto al euro, por parte del BCE, ha provocado una segunda recesión, millones de puestos de trabajo perdidos, recortes a los servicios del Estado del bienestar y una situación próxima a la deflación.
Si se compara el crecimiento económico de la Unión Europea (UE) y de la eurozona con el que se ha experimentado en los Estados Unidos en el período 2007-2014 veremos que el diferencial a favor de nuestros aliados al otro lado del Atlántico ha sido superior, en media, a un punto porcentual por año. Éstas son las consecuencias de primar el equilibrio presupuestario a corto plazo sobre la recuperación económica, en unos años en los que el consumo y la inversión privadas estaban deprimidos, y solamente los estados podían apoyar el aumento de la producción de bienes y servicios, y por tanto la creación de empleos.
Como segunda derivada, las políticas aplicadas hasta la fecha han reducido además el crecimiento potencial a largo plazo de la economía, por la expulsión de trabajadores hacia la inactividad, la prejubilación o la emigración fuera de Europa, el aumento del capital destinado a operaciones financieras sobre la inversión productiva, y la caída de la financiación de la investigación científico-técnica.
El plan Juncker por su parte supone reconocer que la UE tiene una responsabilidad en promover la recuperación económica, máxime mientras los estados miembro sigan sometidos a las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por el cual los déficits públicos no deben superar el 3% del Producto Interior Bruto (PIB), entre otras condiciones. Con todo, dado que la capacidad de gasto e inversión públicos es mucho mayor en el nivel nacional que en el europeo (el presupuesto comunitario no pasa del 1% del PIB de la Unión, cuando los presupuestos nacionales no bajan en general del 35% del PIB del estado miembro), si se quiere hacer una política fiscal anti-cíclica, no bastará con el plan de Juncker, será necesario también flexibilizar y revisar las reglas de control del déficit y la deuda públicos.
Ahora bien, es importante evaluar si el propuesto plan europeo de inversiones va a tener un impacto positivo sustancial, en tanto en cuanto se diseña una nueva arquitectura para la gobernanza económica de la UE, y en concreto de la eurozona.
En primer lugar, procede examinar la cuantía del plan Juncker, dotado presuntamente de 315.000 millones de euros, equivalente a dos presupuestos comunitarios en un plazo de tres años, lo que supone sin duda una suma importante. Sin embargo, cabe tener en cuenta que la brecha anual en la tasa de inversión ha sido estimada por el centro de estudios Bruegel de Bruselas en 280.000 millones de euros. Por tanto, el programa de inversiones propuesto vendría a cubrir poco más de un tercio al año del «gap».
En segundo lugar, es decisivo disponer de fuentes de financiación creíbles, dado que los estados miembro ya dejaron claro en 2013 que no solo no estaban dispuestos a aumentar el presupuesto comunitario, sino que de hecho lo rebajaron para el período 2014-2020 (una decisión, por cierto, sin precedentes).
Según la Comisión Europea, el propuesto Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas (FEIE) estará dotado con 21.000 millones de euros de capital semilla, provenientes de garantías del presupuesto de la UE y de aportaciones en capital del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Con estos dineros, se pretende hacer una emisión de bonos europeos, bien por parte del FEIE o del propio BEI, con los que captar 63.000 millones de euros en los mercados financieros, los cuales se transformarían en préstamos. Dichos créditos públicos movilizarían a su vez nada menos que 252.000 millones de euros en aportaciones privadas a los proyectos financiados por el plan Juncker, lo que alcanzaría la suma total de los 315.000 millones de euros. Es éste último eslabón de la cadena el que aparece como el más débil, es decir, la estimación, ciertamente optimista, de que por cada euro público invertido van a sumarse cinco euros adicionales de inversión privada. En este sentido, el plan Juncker corre el riesgo de defraudar las expectativas, en un momento particularmente difícil para la construcción europea, lo que se traduce en el aumento de los apoyos a los populismos euroescépticos a derecha e izquierda del espectro político.
Por tanto, urge reforzar el FEEI con recursos públicos adicionales, provenientes al menos de los estados miembro con margen de maniobra fiscal, así como del establecimiento de nuevos recursos propios de la Unión, en concreto a través del impuesto sobre las transacciones financieras, en fase de implementación, y que puede generar hasta 30.000 millones de euros al año en recaudación. Ésta es la propuesta de la Iniciativa Ciudadana Europea conocida como New Deal 4 Europe, lanzada meses antes de la elección de Juncker como presidente de la Comisión por sindicatos, organizaciones sin ánimo de lucro y varias secciones del movimiento federalista europeo. Esperemos que el Parlamento de Estrasburgo, en su papel de co-legislador, apoye esta línea de trabajo para reforzar esta muy necesaria palanca europea favorecedora del crecimiento y el empleo.
