La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, a través del Síndic Major, Rafael Vicente Queralt, presentó esta semana su Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat, correspondiente al ejercicio de 2013. Como suele ser habitual, se hizo en les Corts Valencianes inmediatamente después de terminar el último Pleno del año que es, precisamente, el que se emplea para aprobar los presupuestos del año siguiente. La secuencia temporal tiene su importancia y es de lamentar que el Informe no se presente algunos días antes. Si así se hiciera, los excelentes análisis que suele hacer la Sindicatura sobre las cuentas del Consell podrían resultar extraordinariamente útiles para el desarrollo del debate presupuestario. Hay que decir que los datos de la Sindicatura nos acercan a la realidad económica de la Generalitat, mientras que el proyecto de ley de Presupuestos se sitúa, destacadamente, en el terreno de la ficción. Es evidente que al Consell le viene muy bien que el Informe se haga público con los Presupuestos aprobados, con Les Corts de vacaciones y con la gente entretenida con la lotería y las cenas de Navidad.

Para ilustrar lo que digo, nada mejor que un ejemplo: mientras el pasado día 13 el conseller de Hacienda declaraba sin ruborizarse que «nos encontramos en el mejor momento de la legislatura en materia de pagos», debiendo lo que debe el Consell, el lunes conocíamos que la Sindicatura advierte de la amenaza que pende sobre la viabilidad financiera de la Generalitat. Oyendo alabar el buen momento de los pagos, con un manifiesto desprecio por los miles de ciudadanos que esperan las ayudas o las subvenciones a las que tienen derecho, se valora aún más el trabajo de instituciones independientes como la Sindicatura de Comptes, que ponen las cosas en su sitio. Gracias a ese trabajo, que cualquiera puede consultar, alcanzamos un conocimiento cierto sobre la gestión económica de quienes nos gobiernan, abriendo la puerta a una exigencia razonada de responsabilidades políticas por el ejercicio del poder. Esto forma parte de los mecanismos básicos de nuestro sistema democrático, esos que a veces se desprecian con demasiada ligereza por quienes no han puesto realmente a prueba su utilidad.

La verdad es que la situación financiera de la Generalitat es insostenible. Los valencianos venimos recibiendo una menor financiación per cápita desde la década de los ochenta, cuando se recibieron las grandes transferencias de educación y sanidad sin las dotaciones adecuadas. A partir de ahí, los sucesivos modelos de financiación autonómica nos han castigado con aportaciones inferiores a la media. Incluso el modelo de 2009, que mejoraba la situación anterior, ha resultado insuficiente para equilibrar las cosas, como se ha demostrado a partir de la primera liquidación de un ejercicio completo, en 2011. Una gestión plagada de despilfarros y trufada de casos de corrupción tampoco ha ayudado a controlar el déficit de los últimos años. El descubrimiento de los entresijos de operaciones como la Fórmula 1, la Ciudad de la Luz o el aeropuerto de Castellón, entre otros, nos ha restado fortaleza para reclamar, ante el Estado y las otras Comunidades, un trato más justo. Y así, hemos llegado al límite.

La vigente ley establece que el modelo de financiación autonómica debía revisarse para que una nueva versión entrara en vigor en 2014. En esa revisión estaban depositadas muchas esperanzas por parte de las Administraciones Públicas valencianas. Pero la revisión ni se ha hecho, ni se hará en 2015. Un gobierno como el de Rajoy, con mayoría absoluta, no quiere abordar ese complejo problema, que siempre termina enfrentando a unas Comunidades con otras. De esta forma, los que estamos en la peor situación desde hace años seguiremos igual y acumulando deuda. Porque, para evitar el colapso de Comunidades mal financiadas como la nuestra, el gobierno prefiere prestarnos un dinero a través del denominado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Ahora, para hacernos otro «favor», nos lo prestan sin cobrarnos intereses, como se ha acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera reunido el martes. O sea, que no reforman el sistema de financiación y no nos dan lo que nos corresponde, pero nos lo prestan barato. Paz para hoy y deuda para mañana.

Lo que ha inventado el gobierno de Rajoy es un sistema de respiración asistida que, en la práctica, supone el secuestro de la voluntad de la Comunidad autónoma. El Consell no puede dar un paso sin permiso. Depende del capricho de Montoro, que se permite ningunear a Fabra y humillar a los empresarios valencianos, a los que no recibe desde antes del verano. Con las grandes partidas de gasto social, como educación, sanidad o servicios sociales, bajo la responsabilidad de las autonomías, la actuación del gobierno constituye un ejemplo flagrante de falta de lealtad institucional en los momentos más duros de la crisis.

El problema es que lo peor todavía puede estar por llegar. ¿Qué pasará tras las elecciones autonómicas de mayo? Un gobierno central acostumbrado a condicionar la acción de los ejecutivos autonómicos mediante el reparto de préstamos no es la mejor garantía de que se vayan a respetar, sin injerencias, los procesos de conformación de mayorías parlamentarias. Da miedo pensar que la subsistencia financiera de una Comunidad, como la nuestra, tenga que depender de que el color de sus Instituciones sea del agrado de Montoro. Aplazar la reforma del sistema de financiación permite dotar al gobierno de un arma muy poderosa para doblegar voluntades. Tan poderosa que podría llegar a desvirtuar la decisión de los electores.