La dimisión de Sonia Castedo como alcaldesa de Alicante le proporciona al jefe del Consell, Alberto Fabra, un balón de oxígeno en sus aspiraciones por ser designado por Génova como candidato del PP a la presidencia de la Generalitat. Muy cuestionado desde sus propias filas en la Comunidad Valenciana por su línea roja, el líder de los populares en estas tierras puede ahora muy bien aprovechar los aires que corren por la capital de España contra todo lo que huela a corrupción política, dado el cabreo que muestran los ciudadanos cada vez que se les pregunta por este asunto, para ponerse por delante de las alternativas que dice María Dolores de Cospedal tener en su despacho. Fabra está cerca de limpiar las instituciones de cargos de su partido encausados por presuntas irregularidades y mantiene firme su compromiso de no llevar en las listas a ningún imputado. Con ello tiene la posibilidad, en los meses que restan para la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, de, si no sacar, al menos alejar las siglas del PP de los sofocantes focos de la sospecha en los que se encontraba metido día sí y día también. El caso de Castedo, doblemente imputada por las investigaciones de trato de favor al constructor Enrique Ortiz en la tramitación del Plan General y en el plan especial de Rabasa, puede ser el que acabe de darle el espaldarazo definitivo precisamente por ser uno de los que ha tenido más trascendencia mediática a nivel nacional. Pero pese a todo, el jefe del Consell no tiene aún nada asegurado porque todavía está por ver cómo gestiona este capital político que le ha dado su línea roja de aquí a su hipotética designación. Además, sigue teniendo encima la losa de la herencia envenenada que le dejó su antecesor, Francisco Camps, con una Generalitat en bancarrota y que ni ha sabido sacar de la parálisis de gestión ni ha logrado que el Gobierno central hiciera caso a sus reivindicaciones de mejora de la financiación. Su via crucis, por tanto, está lejos de haber concluido.
