El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, afirmaba el miércoles que «desde una perspectiva estatal podemos decir que la Comunitat Valenciana es la peor de todas en políticas públicas de discapacidad», concluyendo que «está muy cerca del estado de excepción en términos sociales». Se trata de una aseveración grave, que viene de un buen conocedor del funcionamiento de los servicios sociales de todas las Comunidades Autónomas. Esta declaración vuelve a poner sobre la mesa, una vez más, la tormenta que está zarandeando la difícil existencia de los discapacitados y ancianos con pocos recursos en nuestra Comunitat. Al efecto de los recortes generalizados en gasto social se une, aquí, una actitud política muy alejada de la comprensión y del diálogo que se precisa para atender un área sensible donde las haya. En el mundo de los servicios sociales básicos, las decisiones políticas inciden en aspectos imprescindibles para llevar una vida que se pueda calificar como mínimamente digna. Esto obliga a extremar el celo requerido a todo gobernante prudente, para evitar que sus acciones contribuyan a agravar las situaciones más duras, en lugar de paliarlas, como sería su función. En este ámbito, en el que cada caso es un drama, están confluyendo elementos que pueden acabar causando una catástrofe.

El pasado 1 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anulaba el Decreto 113/2013 que establecía un modelo de copago para servicios destinados a ancianos y discapacitados. La sentencia, de ser firme, abriría la puerta para que estos usuarios reclamaran la devolución de lo ilegalmente cobrado, introduciendo un arduo problema: ¿A quién habrían de reclamar los que pagaron indebidamente? ¿A la Generalitat, que aprobó el precio público anulado, o a las residencias que les cobraron? Ni una ni otras tienen capacidad para afrontarlo. De acuerdo con lo que sostienen los afectados, el Consell ha recurrido la sentencia del TSJCV ante el Tribunal Supremo para aplazar el problema. Entretanto se resuelve este recurso, la Conselleria de Bienestar Social ha ordenado seguir cobrando el precio público anulado. Una medida que ampliaría los límites del conflicto por las cuantías a devolver, si finalmente el Tribunal Supremo ratificase la anulación ¿Era preciso imponer este cobro contra la decisión del TSJCV, cuando ya se ha anunciado que en enero cambiarían las normas?

A partir del próximo 1 de enero el copago para ancianos y discapacitados estará de nuevo en vigor, fundamentado, esta vez, en la aprobación de una tasa mediante Ley de les Corts Valencianes; lo que ha indignado a las asociaciones de discapacitados, provocando las manifestaciones que encabezan este artículo. Se avecina una nueva batalla jurídica, pues CERMI, entidad que agrupa a siete mil asociaciones, anticipa un recurso de inconstitucionalidad contra la tasa valenciana.

La aprobación de este copago, mediante la figura impositiva de la tasa, ha puesto en alerta a los centros concertados que forman parte de la red del Sistema de Atención en la Comunitat. El motivo es simple: hasta ahora el dinero del copago lo cobraban las residencias, de forma directa y mensualmente de los usuarios. A partir de enero lo cobrará la Conselleria y después transferirá su parte a los centros concertados. Dado el historial de impagos de la Generalitat, en el sector están literalmente aterrorizados ¿Cuántas residencias van a tener que cerrar, se preguntan, por no poder soportar los retrasos en las transferencias del Consell? Más problemas, más tensiones y un futuro incierto por delante para ancianos y discapacitados.

Por si el panorama no estuviera suficientemente agitado, esta semana se han hecho públicas dos sentencias del TSJCV que anulan sendas Resoluciones de Bienestar Social, que imponían la participación económica de los dependientes en el mantenimiento del sistema -el copago-; bien sea por la vía de minorarles las prestaciones que recibían o la ayuda para cuidador no profesional. La razón está en una sentencia de 2011 de la Audiencia Nacional, firme porque el Supremo no ha admitido el recurso interpuesto contra ella. El TSJCV ha manifestado que «no cabe duda alguna de que es improcedente la deducción, cualquiera que sea el tenor de alguna norma dictada por la Generalitat Valenciana sobre esta materia». Duras sentencias que de nuevo cuestionan, con otros fundamentos, la lamentable política del Consell en relación con dependientes, ancianos y discapacitados.

En este conflictivo contexto, el presidente de CERMI-CV, Joan Planells, denuncia amenazas de la Conselleria en el sentido de instar la retirada de la tutela a las familias de discapacitados si dejan los centros de atención por no poder hacer frente al coste del copago. La Consellería rechaza la acusación pero los medios exhiben documentos para sostener que algunos centros ya han iniciado esos trámites ante la justicia. No salgo de mi asombro ¿Quién se va a ocupar de esa tutela? ¿Lo hará la Conselleria, que atiende muy deficientemente a los tutelados que ya tiene a su cargo? Más de 300 personas con discapacidad han renunciado a estar en una residencia entre enero y octubre de este año y las organizaciones del sector están demasiado encendidas como para aceptar de buen grado cualquier amago de provocación.

Esta semana, en el debate de la ley de acompañamiento de los Presupuestos se ha planteado en Les Corts la disyuntiva entre mantener el copago por servicios básicos o reducir la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones. La mayoría parlamentaria ha preferido la reducción de impuestos y el mantenimiento del copago. Es una decisión política que perjudica a los más pobres, que deteriorará gravemente unos servicios públicos elementales y que espoleará una ya larga contienda jurídica. En estas condiciones, todo el ámbito de los servicios sociales es un auténtico volcán ¿Es mucho pedir que la Conselleria haga un esfuerzo por recomponer al menos el diálogo?