Miguel Cardenal, Secretario de Estado para el Deporte, necesita un Romanones. El conde reclamaba en Las Cortes no la redacción de la ley, sino la de los reglamentos. Y en eso estamos. Desde el Consejo, de acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional y la ausencia de Ángel María Villar, se ha puesto en circulación una lista de proyectos con que acometer la lucha contra la violencia en los estadios. Se anuncian graves sanciones y antes de caer en agravios comparativos y, hasta manifestaciones en las calles de una ciudad, se precisa poner en claro todas y cada una de las circunstancias que van a componer el articulado y sus consecuencias.
Repartir en los campos un prontuario relativo a los insultos no es suficiente. En las consecuencias del incumplimiento de las normas hay que especificar la parte alícuota que corresponderá a individuos y clubes. El problema es tan delicado, y de abanico tan amplio, que no basta el reparto del manual con el fin de que los aficionados sepan a qué atenerse cuando comienzan a echar venablos por la boca.
La calificación de los insultos ha de hacerse de acuerdo con lo que los tribunales ordinarios de justicia pueden condenar. Normas creadas por departamentos deportivos no son suficientes. En los campos se pueden dar gritos colectivos como el de desearle a un equipo que descienda a segunda o el de pedir la muerte a un futbolista o amenazar de tal guisa al árbitro.
Hasta la fecha, quienes han sido receptores de los mayores insultos han sido los jueces arbitrales. Irónicamente hay quien opina que, antiguamente, los entonces trencillas solamente aparecían en la prensa con el apellido paterno: Escartín, Melcón. Azón, Asensi y ahora todos tienen segundo en la prensa: Teixeira Vitienes, Velasco Carballo, Undiano Mallenco, Mateu Lahoz, Fernández Borbalán y hasta Hernández Hernández, lo que facilita la agresión verbal a la mamá.
La gradación de sanciones que lleven a un club al descenso de categoría no puede ser fácil. Solamente en Primera estamos ante dos estamentos distintos: cuatro clubes deportivos y dieciséis sociedades anónimas. La descalificación de un club debería hacerse por causas muy graves y aún así, nos toparíamos con criterios encontrados no solo entre los estamentos deportivos, sino también entre los judiciales. Entre otras razones, ya se distingue entre jueces de lo penal, como ocurre con los casos de asesinato de un hincha, y previsiblemente, en ocasiones, se habría que recurrir a lo contencioso administrativo y, posiblemente, a un juzgado de lo Mercantil. Las sanciones judiciales, aunque puedan ser recurridas, tienen el problema de que se puede caer en la condena de la FIFA, que no acepta el concurso de los estamentos judiciales. En todo caso, para cualquier cuestión de lo que se entienda por delito muy grave, es decir, que la sanción administrativa determine el descenso de categoría, siempre, y en todo caso, habría que objetivar las razones de tales decisiones. De no medir bien cada una de las circunstancias correríamos el riesgo de que no se aplicara el mismo rasero para todos.
El cierre parcial de los estadios ya tiene precedentes conocidos. No es novedad. Lo nuevo sería establecer normas que sirvieran para todos por igual. La retirada de puntos será justa y necesaria para que los clubes no miren hacia otro lado y dejen de prestar colaboración a los grupos ultras. Estas funciones son más fáciles de controlar. En el reparto de las entradas está la clave de algunos desplazamientos de los violentos. Los precios de los viajes con localidad incluida habría que vigilarlos porque por debajo de lo establecido en el mercado sólo se puede acompañar al equipo si desde el club se subvenciona.
Ya ha habido la primera discrepancia entre el Real Madrid y la petición de sanción por los insultos contra Messi y Cataluña. El presidente madridista, que maniató a los Ultrasur y que por ello recibió insultos y amenazas y hasta llevaron la venganza a la tumba de su mujer, no entendió la rapidez con que la Liga de Fútbol Profesional denunció los gritos contra el jugador argentino y Cataluña. Es el primer indicio de que los reglamentos han de estar muy claros y, por supuesto, las amenazas y denuncias no han de ser cuestión de un individuo, como ha sido en este caso, sino decisión del comité de expertos que trate estas cuestiones.
