El pasado jueves nuestro bienaventurado presidente del Gobierno manifestó que la crisis se había superado y que íbamos a disfrutar las Navidades de la recuperación. Su iluminación quiso ser un alegato de la eficacia de sus medidas y una oda al positivismo, sólo vivido en legislaturas pretéritas, pero se trató de una desconsideración con fines propagandísticos, porque comienza el año electoral, de tal magnitud que no ha dejado indiferente a nadie.

Hay expertos que anuncian que la crisis, en efecto, ya ha pasado y que la situación que vivimos actualmente es la que nos toca vivir por mucho tiempo, es decir, que es el sistema de vida que nos corresponde, tal cual, crudo y con restricciones. Me resisto a creer en este enunciado. Pero Rajoy no se refería a esto, aunque parece que lo acepta, sino a los datos macroeconómicos que arroja últimamente nuestro país. Salvo el PIB, que sostiene el alejamiento de la recesión, y la balanza comercial pocos datos más apuntan a la superación de la crisis, que no a la recuperación económica. La recuperación llegará cuando las empresas tengan un mercado interior y no deban buscar el internacional como única fuente para colocar sus productos o servicios. No hay que olvidar que la creación de empleo necesita de los comercios y las pymes, y éstas no se encuentran en condiciones de hacer inversiones e incrementar los puestos de trabajo, se bastan con intentar mantenerse en pie. Las empresas no tienen actualmente expectativas de mejora, a no ser que pregunten al presidente de Telefónica o de otras compañías que viven su realidad, que no es la de las pymes españolas.

La economía no funciona, rozamos la deflación y el nivel de endeudamiento, unido a la falta de soluciones ante el mismo, provoca que no fluya el capital necesario para que las empresas inviertan y mejore el mercado interior, dicho en términos de empleo y renta disponible. Mientras tanto la sociedad sigue sufriendo la dura realidad, es decir, paro, rentas bajas, desigual presión fiscal, desahucios, congelación de las pensiones y un largo etcétera. Todas estas situaciones deberían enfriar las intenciones propagandísticas del presidente y asumir la prudencia en sus declaraciones porque representan un atentado contra la dignidad de sus conciudadanos. Y ello porque al tiempo que hacía el alarde de los datos macroeconómicos se conocía que en los últimos meses de este año más de trece mil familias eran desalojadas de sus casas debido a las ejecuciones hipotecarias de entidades que, por cierto, sí han tenido ayudas públicas, las cuales serán pagadas por los mismos que han sido desahuciados. Además, llama la atención que un número importante de esas familias se compone de miembros que tienen un puesto de trabajo, pero su salario no les da ni para pagar su casa. Menos mal que tienen a sus padres, que les acogen en sus viviendas y con sus pensiones, revalorizadas al 0,25%, mantienen a toda la familia. En fin, mejor no seguir.

A todo esto, se aprueba la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que convierte los derechos de manifestación, opinión y expresión en una suerte de arma antidemocrática. Supongo que el Tribunal Constitucional acabará apartando del ordenamiento jurídico parte de esta Ley, pero mientras tanto prevendrá, bajo pena de sanciones de multa y prisión, a aquellos que quieran patalear, que es lo único que queda, durante este año electoral.

Entiendo que el partido que sostiene el gobierno está en su legítimo derecho de vender su gestión durante esta legislatura, pero debe reflexionar profundamente sobre si amordazando a la ciudadanía y apostando por una España que sólo ven unos pocos no será finalmente contraproducente.