La sentencia que le perdona al grupo Ortiz 1,2 millones de euros por obras inexistentes o pagadas dos veces en el Teatro Calderón de Alcoy es una señal inequívoca de que la justicia española no está preparada para asumir una tarea tan compleja como la lucha contra la corrupción política. La existencia de dos informes periciales demoledores, uno de ellos elaborado en sede judicial, denunciando gravísimas irregularidades en estos pagos, no ha impedido que el juzgado haya enterrado el asunto, alegando que los hechos denunciados ya habían prescrito.
Una legislación obsoleta y perfectamente inútil ha impedido que un juez haya entrado a investigar unos hechos envueltos por el inconfundible aroma del delito. El fallo judicial abre un espacio para la impunidad, ante una situación en la que aparecen todos los elementos clásicos del chanchullo: una empresa favorecida por la Administración, una Administración que entrega el dinero público con una sospechosa ligereza y una ciudadanía escandalizada por algo que es un trato de favor absolutamente descarado. La fijación por ley de plazos excesivamente cortos para la prescripción de este tipo de irregularidades administrativas es una puerta abierta por la que se han escapado en manada políticos corruptos y delincuentes de cuello blanco, pertenecientes a eso que se ha dado en llamar el capitalismo de amiguetes. La reforma de este inexplicable aspecto de la normativa legal es precisamente una de las principales reivindicaciones que se hacen a la hora de exigir medidas contundentes contra la corrupción.
Por lo que respecta a la vía judicial, el caso Calderón parece cerrado. La extraña historia de la reforma de este teatro, que se presupuestó en 1,6 millones y que acabó costando 12, no da para más en los palacios de justicia. Tendremos que empezar a olvidarnos de esta maloliente componenda, en la que resultó claramente favorecido el grupo Ortiz; una de las empresas de cabecera del PP provincial, beneficiaria de otros desaguisados millonarios locales, como el del bulevar de la explanación del ferrocarril.
Agotados los recursos ante los tribunales, sólo queda encomendarse a las responsabilidades políticas. En este aspecto, el gobierno municipal de Alcoy ha decidido abrir otro inesperado y contradictorio espacio de impunidad. Hay algo muy llamativo en las valoraciones que se hacen desde el PSOE en torno al mazazo de la sentencia del Calderón: en ellas, no aparece ni la más mínima referencia al exalcalde Jorge Sedano, que fue al fin y al cabo el máximo responsable de que se le entregara al grupo Ortiz una suculenta cantidad de dinero a cambio de unos trabajos que no se habían hecho. Carlos Fabra, hoy felizmente encarcelado, decía que todas sus culpas políticas quedaban lavadas por sus aplastantes victorias electorales. Sedano puede afirmar, sin temor a la exageración, que todos sus pecados en la Alcaldía han quedado absueltos tras su decisión de abandonar las filas del PP para montar un grupo de tránsfugas y convertirse en el gran apoyo externo de la coalición de izquierdas que hoy dirige el Ayuntamiento de Alcoy.
Desde la concejalía de Régimen Jurídico se nos está ofreciendo una versión incompleta de esta historia, en la que por inconfesables intereses políticos ha desaparecido uno de los protagonistas imprescindibles: para que alguien cobre dinero de forma indebida es necesario que antes otro alguien se lo entregue. Contempladas las cosas desde este punto de vista, resulta muy difícil creerse los gestos de indignación y las intenciones ejemplarizantes expresadas desde el gobierno municipal.
El caso del Calderón se une así a esa lista de asuntos turbios de las pasadas legislaturas, que nunca se aclararán y que les costarán una millonada a los contribuyentes alcoyanos. La Rosaleda, el desastre del nuevo palacio de justicia y el «pastissot» del bulevar forman una particular galería de monstruos gestados durante el periodo en que el PP tuvo el poder. Se trata de proyectos de obra pública llenos de zonas de sombra, que se han beneficiado de una incomprensible amnistía decretada por un gobierno de izquierdas, que en su día prometió revisar hasta el último cajón y exigir todas las responsabilidades.
