Alcoy necesita con urgencia la creación de una concejalía de Asuntos Exteriores. El aislamiento político se ha convertido en el principal problema de una ciudad, que lleva dos décadas desconectada de esa red de administraciones externas, cuyo aporte económico resulta imprescindible para la puesta en marcha de cualquier iniciativa en materia de desarrollo local. Nuestros gobernantes viajan poco y hay que retroceder a la noche de los tiempos para encontrar una fotografía de un alcalde alcoyano manteniendo en Madrid o en Valencia una reunión de trabajo con algún director general, con algún ministro o con algún conseller de la Generalitat. Nuestros ayuntamientos, ya sean de derechas o de izquierdas, viven absorbidos por los asuntos domésticos y se han de conformar con hacer de anfitriones de una agenda de visitas institucionales programada desde fuera y totalmente ajena a los intereses reales de los alcoyanos.
Para muestra, un botón. Se cumplen cinco años desde la inauguración de la variante y no se ha completado todavía el proceso de la cesión de las travesías de la antigua Nacional 340. Se trata de un trámite rutinario, que en otras ciudades se ha realizado en unos pocos meses y que aquí ha entrado en fase de paralización por los desacuerdos entre el Ministerio y el Ayuntamiento: Fomento se niega a aportar los 1,2 millones que le corresponden por ley y la corporación se niega a aceptar estas vías urbanas hasta que no reciba ese dinero. Por Madrid y por Alcoy han pasado gobiernos del PSOE y del PP, sin que ninguno de ellos haya conseguido desatascar esta operación. Esta falta de comunicación ha supuesto el bloqueo de importantes obras, como la reforma del acceso sur o la reurbanización de la calle Entenza.
Los ejemplos de este singular estado de cosas son innumerables. Hace dos semanas, la consellera de Infraestructuras y Medio Ambiente, Isabel Bonig, realizaba una desafiante visita a Alcoy, en la que tras bendecir el polémico proyecto de La Española (gestado de espaldas al Ayuntamiento), aprovechaba la ocasión para anunciarnos que el tren Alcoy-Xàtiva no recibirá ni un duro de la administración autonómica valenciana. Mención aparte merecen las inclasificables experiencias alcoyanas del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra; un hombre que se ha especializado en llegar siempre en el momento menos oportuno y al que nunca se le ha escuchado un discurso en el que se anunciaran inversiones públicas para algún proyecto local.
No se puede construir una ciudad de espaldas al Gobierno central, a la Generalitat o a la Diputación Provincial. El actual estado de postración en el que se encuentra sumido Alcoy confirma que un ayuntamiento carece de medios económicos y técnicos suficientes para solucionar en solitario los complejos problemas a los que se enfrenta actualmente una administración local. Situaciones extremas y vergonzantes, como las de la calle Calderón o la de los accesos al polígono Santiago Payá, serían impensables si instituciones como la Generalitat cumplieran con el papel para el que fueron creadas.
Aunque los desencuentros entre Alcoy y el resto del mundo han servido para generar un importante caudal de declaraciones políticas, la única forma de salir de esta nefasta situación pasa obligatoriamente por un radical cambio de actitud por parte de los gobernantes alcoyanos. A ellos les corresponde hacer un esfuerzo para abrir vías de diálogo donde ahora sólo hay incomunicación y desconfianza mutua. Para lograrlo tendrán que utilizar todas sus armas, que van desde sus habilidades para la negociación y el consenso a su capacidad para ejercer presión como legítimos representantes de una ciudad de más de 60.000 habitantes con importantes carencias.
La persistente negativa de los ayuntamientos alcoyanos a ejercer un papel reivindicativo frente a las administraciones externas es un peligroso ejercicio de irresponsabilidad política. Nuestras corporaciones locales parecen haber renunciado a una importante cuota de protagonismo en la planificación de la ciudad y aceptan que el futuro de Alcoy se diseñe desde fuera, según soplen los vientos de los intereses partidarios del gobierno de turno.
