a ha pasado el 9N y se ha celebrado el sucedáneo de consulta en Cataluña. La pregunta que debemos hacernos es qué va a pasar ahora. Lo que ha pasado es que hemos presenciado el fracaso de la política, con lo que no resulta muy esperanzador el futuro inmediato. Si bien, antes de llegar a esta conclusión, se exige una descripción del escenario en el que nos encontramos en estos momentos.

En primer lugar, el President Mas no puede erigirse como vencedor en relación a los datos que ha arrojado la consulta, puesto que la participación ha sido muy baja si la ponemos en relación con el censo, y lo más llamativo ha resultado que, después de una campaña sin precedentes a favor de la independencia, sólo el 24% de los catalanes respaldaron la constitución de un Estado independiente. Es decir, que el prurito independentista se ha enterrado bajo una movilización manifiestamente insuficiente para mantener la misma estrategia política que han seguido hasta ahora. Tanto es así que la unidad exhibida por los grupos a favor de la consulta se ha desmenuzado y han huido en espantada, dejando al President asumiendo en soledad los pírricos resultados y sus consecuencias.

En segundo lugar, y salvo que nuevas encuestas demuestren lo contrario a la luz del resultado del 9N, el beneficiario del denominado proceso soberanista ha sido Oriol Junqueras y su partido ERC. Las últimas demoscopias han arrojado una victoria sin precedentes del partido independentista, es más, el Parlament podría tener una amplia mayoría formada por ERC, CiU (siempre que no se vea fagocitada) y CUP. Pues bien, en ese contexto el propio Junqueras ha anunciado que si gana las elecciones declarará unilateralmente la independencia de Cataluña.

En tercer lugar, el llamado quietismo de Rajoy ha exacerbado el proceso hasta llevarlo al punto anteriormente expuesto y dejando una distancia política que se antoja, a día de hoy, insalvable.

Todo esto se tenía que haber evitado, pues tendría que haber jugado un papel predominante la política, en lugar de haber ocupado ese espacio el Tribunal Constitucional, pues su competencia en este conflicto, que no dudo, no era la solución que reclamaba, y reclama, la sociedad catalana y española. Como tampoco deben ser los protagonistas el Fiscal General del Estado y los Tribunales catalanes en persecución de las supuestas responsabilidades penales del proceso; sirva decir que no muestro contrariedad con la exigencia de responsabilidades judiciales cuando éstas existan, sino que me inclino por la preferencia del conducto político. En efecto, Rajoy no tendría que haber permitido hace más de un año que Mas, desde su debilidad, hubiera dado pie al proceso soberanista. Las negociaciones entre ellos tendrían que haberse canalizado desde la sensibilidad a un pueblo como el catalán; hasta Aznar llegó a hablar catalán en la intimidad. Hoy ambos dirigentes están enrocados en dos posiciones antagónicas e ineficaces: Rajoy en la de un mero gestor de la Ley y Mas en la de un suicida político. Y España y Cataluña en medio.

En definitiva, Rajoy ha provocado con su inacción que los dirigentes catalanes hayan excitado un conflicto que puede pasar factura a España. Y Mas no ha conseguido el liderazgo social ni político que perseguía para poder sobrevivir en las próximas elecciones.

Si la política sigue sin aparecer, deberíamos cuestionarnos cuál será el siguiente paso en el supuesto de que, finalmente, se confirman los pronósticos, es decir, que gane ERC las próximas elecciones autonómicas y que Oriol Junqueras se proclame President para, acto seguido, declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Ante esta hipótesis, con visos de realidad, si Rajoy sigue recurriendo a la Constitución nos encontraríamos ante un contexto histórico inédito, pues el Estado dispone constitucionalmente del artículo 155 de la Constitución Española, dibujando a partir de ese momento una escenografía nada alentadora para la convivencia pacífica.

Cuál puede llegar a ser el nivel de irresponsabilidad política para despreciar el esfuerzo político que representó el artículo 2 de la Constitución Española.