Cuando los compañeros de su partido han señalado las virtudes de Rajoy siempre han destacado de él su inteligencia. Entiendo que esa cualidad responde a una presunción que en el argot jurídico denominamos iuris tantum, puesto que admite prueba en contrario. Es cierto que los silencios prolongados del presidente, así como su altanera distancia, unido a la mística del poder, provocan la sensación de que tiene un plan perfectamente urdido y diseñado para enfrentarse a cada problema que se le presenta o frente que se le abre. Sin embargo, empieza a cundir el pánico por la falta de juicio en uno de esos problemas a los que se está enfrentando, o quizá no, desde el inicio de la legislatura, que no es otro que el independentismo catalán.
Desde el primer momento no me ha gustado nada la afrenta del gobierno catalán amenazando con la convocatoria de un referéndum para que los catalanes pudieran pronunciarse sobre la posibilidad de que Cataluña fuera independiente, pero menos me ha gustado, ni me sigue gustando, la actitud del gobierno central. Hemos presenciado atónitos cómo el Ejecutivo de Rajoy reducía el desafío catalán a un mero debate en torno a la legalidad o constitucionalidad de la convocatoria del referéndum que, en cualquier caso, entiendo inconstitucional, pero, a mi modo de ver, el problema nunca debía haberse abordado como algo estrictamente jurídico, pues la posición de la Generalitat requería una respuesta política por parte de Rajoy, y la ausencia de respuesta confirma la prueba que niega la presunción anteriormente mencionada.
Aunque estemos viviendo una etapa de falso puritanismo, en la que todo se reduce a blanco o negro, Rajoy tendría que haber negociado las peticiones de Mas desde el primer momento y hubiera evitado el problema real que se cierne ahora sobre España. El silencio de Rajoy o la errónea estrategia de reducir el problema a una mera cuestión a resolver por el Tribunal Constitucional ha conseguido, por un lado, que se materializara el suicidio político de un futurible aliado, el Molt Honorable, y, sobre todo, el nacimiento de una nueva mayoría en Cataluña liderada por Junqueras. Algunos pensarán que el gobierno actuó correctamente al no claudicar ante las amenazas del president, pero a esos mismos habría que preguntarles qué debería hacer Rajoy cuando gane ERC las próximas elecciones autonómicas y declare de manera unilateral la independencia de Cataluña. Si seguimos la lógica que ha guiado los pasos del gobierno central hasta el momento la respuesta es fácil: la Constitución Española; si bien, en esas circunstancias la facultad que nuestro texto constitucional otorga al gobierno es requerir al flamante president para que deponga su actitud e, incluso, adoptar las medidas que estimase necesarias, pudiendo llegar al extremo de suspender la autonomía catalana. No sé qué les parecerá a los lectores, pero a mí me parece una absoluta barbaridad y una muestra de incompetencia política por parte de Rajoy.
Quizá algunos hayan olvidado que antes de plantear el referéndum, Mas propuso al gobierno de Rajoy la mejora de la financiación de Cataluña, es decir, el presidente tenía en su mano haber evitado la situación a la que hemos llegado. Negociar la financiación de Cataluña no hubiera sido un disparate, pues hubiera sido el inicio de un debate necesario en nuestro país, que es la financiación de las Comunidades Autonómicas, el cual habría facilitado un nuevo diseño de la recaudación y una distribución más equitativa. Sin embargo, el gobierno, lejos de haber mantenido una posición política con perspectiva de futuro, nos ha colocado ante uno de los escenarios más difíciles de nuestra democracia. Un escenario, a todas luces, evitable, a no ser que haya sido el escenario deseado por una Rajoy tornado en independentista.
Por cierto, haría una segunda pregunta a los que defienden la posición de Rajoy: ¿A quién buscarán para pactar un gobierno central sin mayoría absoluta del Partido Popular? Recordemos que otros incluso llegaron a hablar catalán en la intimidad. Desde Génova lamentarán no haber reforzado a Mas en este proceso.
Que funcione el Estado de Derecho es una garantía para la seguridad de los españoles, pero es más inteligente prevenir los delitos que castigarlos.
