Ya no me preocupan los cinco millones de parados. Ni siquiera los problemas de la Seguridad Social y la posibilidad de que nos quedemos sin pensión en un futuro inmediato. Tampoco la reforma Constitucional, la independencia de Cataluña, los salarios de miseria, la pobreza general de España, los recortes a la investigación o la nueva crisis que se avecina. Nada. Para todo siempre acaba llegando una solución. Y también creo que lo de las «tarjetas B» es peccata minuta.
Que Rodrigo Rato se haya bebido la noche tirando del plástico con dinero que no era suyo; que Moral Santín, el que fuera de IU, sí, haya sacado de los cajeros por su jeta 367.000 euros; o que Miguel Blesa se haya fundido el mundo mientras les escupía a la cara a los incautos de las preferentes se arregla en medio segundo: máximas penas, embargos, devolución del dinero y una buena temporada a la sombra. Ahora, que Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña CEIM y vicepresidente de la CEOE, tenga la cara dura de pedir tiempo para rematar un código ético antes de dimitir y después de haber engullido lo suyo con las dichosas tarjetas, resulta demoledor.
Y que un líder minero de Asturias durante más de tres décadas aprovechara la regularización fiscal para meter en su cuenta 1,4 millones, me sume en el desconcierto. José Ángel Fernández Villa, socialista, máximo representante del poderoso sindicato SOMA-UGT, contaba el dinero mientras enseñaba los dientes a la Policía y arengaba a los huelguistas de las cuencas mineras. Y entró en un banco por la puerta que abrió el Gobierno con una bolsa repleta de billetes. Está siendo investigado por la Fiscalía y hasta ahora no ha abierto el pico. Tanto Fernández como Villa han dado la foto del vértigo, de la indecencia, del cáncer de este país. Y mucho me temo que no hay valiente que consiga erradicar esta detestable hipocresía.
