Digo que les escribo desde el limbo porque, aunque quizá la mayoría crea lo contrario, ese lugar existe en la vida real. Para quienes fuimos educados en la fe católica, el limbo era un lugar al que se enviaba a aquellos a los que no se podía condenar por no haber cometido falta alguna, pero no eran considerados inocentes por no haberse librado del pecado original. Esa especie de condena a la nada eterna, sin pena ni gloria, se consideraba una forma compasiva de castigo, por más que resulte esencialmente injusto y difícil concebir que se pueda condenar a alguien por no querer decidir entre su culpabilidad o inocencia.
Algo parecido viene a ser lo que nos sucedió a Pablo Rosser y a mí en nuestro partido, el PSOE, cuando hicimos público los manejos y los tratos de Ángel Franco con el presunto corruptor E. Ortiz, y pedimos a nuestro partido que se actuara contra él. Quedó patente que no se tenía intención alguna de aclarar cuánto de verdad había en esas denuncias, ni se estaba dispuesto a permitir que nadie agitara ningún avispero que pudiera alterar el statu quo€ Como si no se quisiera despertar a la bestia, a instancias del obediente pupilo de Ángel Franco, Gabriel Echávarri, fuimos fulminantemente expedientados y, poco después, «suspendidos cautelarmente de militancia en espera de resolución». Curiosamente, casi dos años después, nadie nos ha condenado todavía. Han preferido mantenernos en un limbo irregular a mancharse las manos con una resolución que pudiera comprometerles. No hay una resolución de expulsión por un tiempo concreto ante la que poder recurrir, sino una suspensión sine díe y sin posibilidad de recurso. Así es que seguimos siendo militantes, pagamos nuestra cuota, pero nos mantienen apartados del partido y excluidos de cualquier derecho de militancia, sin ni voz ni voto por tiempo indefinido.
Y, lo que son las cosas, hace solo unos días, nuevamente -no es la primera vez que los medios dan cuenta de ello- sale publicada información sobre la implicación de Ángel Franco en la aprobación del Plan Rabassa, sus confidencias con Ortiz sobre el interno del PSOE, los regalos y prebendas del constructor, y sus mediaciones en representación de los intereses del empresario. Grosso modo, lo que Pablo Rosser y yo habíamos denunciado y, casi exactamente, lo que más de cincuenta militantes de la agrupación socialista alicantina relataron, firmaron y enviaron a los órganos de su partido hace casi dos años, sin resultado alguno.
Ahora Ángel Franco ha suspendido voluntariamente su militancia. Subrayo lo de voluntariamente porque, diga lo que diga ahora Echávarri, ha sido Ángel Franco el que ha solicitado su «baja temporal» para no dañar a su pupilo en plena campaña de primarias. Echávarri no puede negar que sabía desde hace más de dos años, punto por punto, lo que se ha publicado ahora y mucho más, como secretario general y como letrado de un partido que está personado en la causa. Echávarri no puede negar que, a día de hoy, sigue sin abrir expediente para aclarar todo lo sucedido en torno a estos comportamientos dentro de la agrupación. Echávarri no puede negar que prefirió actuar contra quienes denunciaban esos comportamientos por puro interés personal, para librarse de aquellos que considera sus oponentes dentro de la agrupación alicantina. Misión, por cierto, casi cumplida ya que hasta ocho socialistas están expedientados y, desde que accedió a la secretaría general, se ha producido un verdadero éxodo de socialistas abochornados con sus manejos... ciertamente parece haberse dejado el camino bastante despejado. Con estos mimbres, las primarias cerradas serán un mero plebiscito.
Soy de la opinión de que esta agrupación solo puede recuperarse y tener futuro si empieza desde cero. Quizá el único camino posible sea la refundación del PSPV-PSOE en Alacant, de la mano de una gestora de socialistas prestigiosos. En todo caso, suceda esto o no, debe abrirse inmediatamente expediente -y nombrar instructor a un socialista honorable, de prestigio, no dependiente del aparato y ajeno a las luchas internas locales- para investigar y proponer medidas en torno a lo sucedido en esta agrupación en relación con los casos Rabassa, Brugal y los tratos de destacados militantes con el empresario E. Ortiz. Y quizá la primera tarea, justa e inaplazable, sea archivar todos los expedientes abiertos, restituir en la condición de militantes con todos sus derechos a los suspendidos por denunciar los hechos y pedir disculpas a la militancia socialista, totalmente ajena a ellos y justamente avergonzada por los mismos. Sería una buena forma de retomar el largo camino de la recuperación de la credibilidad ante la ciudadanía que nuestro partido debe emprender cuanto antes.
