o descubro nada si digo que la evolución de la situación económica de España y, consiguientemente, de la Comunidad Valenciana constituye el principal problema al que debemos enfrentarnos en estos momentos. Con esto no estoy negando la existencia de otros de especial gravedad, como la corrupción o el crecimiento del sentimiento independentista en Cataluña, por citar dos ejemplos de actualidad. Lo que vengo a decir es que sin los embates de la crisis, la evolución de los otros problemas no hubiera sido igual. En estas circunstancias, la economía habría de estar en el centro de todos los debates pues hasta los sentimientos terminan condicionados por ella. Bien lo dice el refrán: poca alegría en la casa del pobre.
En el mundo globalizado en que vivimos, la economía de un país, pongamos España, no se puede analizar fuera del contexto internacional. Aún menos fuera del europeo, dada nuestra pertenencia al área Euro, donde funciona la moneda única. Hay que estar muy atentos a cómo van las cosas en el exterior para conocer bien los límites dentro de los que podremos actuar en casa. Eso o jugar a la autarquía y al aislamiento, que también hay quien lo defiende, aunque no lo diga claramente.
La semana empezaba con una intervención ante el Parlamento Europeo de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, advirtiendo de que la eurozona «está en punto muerto». Dos días antes, el ministro De Guindos había dicho en Australia, en la reunión del G-20, que «España no es inmune a la desaceleración de la eurozona». Hasta el Banco de España ha venido a confirmar el frenazo de la pregonada recuperación. Preocupantes afirmaciones que arrojan una elevada dosis de incertidumbre sobre nuestro futuro inmediato. En estas circunstancias, acudí como espectador al debate de política general que se celebró el pasado martes en les Corts Valencianes. Se podía esperar que los participantes hicieran algún tipo de análisis prospectivo sobre la evolución de la economía de la eurozona, para contextualizar y razonar sus análisis y sus previsiones sobre la evolución de la economía valenciana y, consiguientemente, sobre la capacidad de la Generalitat para recaudar ingresos que le permitan ejecutar políticas. Nada de nada. Ni una palabra escuché sobre la situación y perspectivas de la economía española, de la europea o de la internacional, más allá de la reiterada y archiconocida alusión de Morera a los banqueros y las personas. Como si la Comunidad Valenciana viviera en una burbuja autónoma, insensible a los condicionantes exteriores y su aparato productivo funcionara de forma independiente del resto del mundo. Un auténtico despropósito que demuestra la falta de anclaje en la realidad que subyace a algunos debates políticos.
Se ha destacado el contrasentido que supone achacar todos nuestros males y deficiencias a la falta de financiación -hasta mil millones de Euros más al año se dice que nos tendría que dar Montoro- mientras se prometen rebajas en el IRPF que, según dijo el President Fabra, harán que los valencianos paguemos anualmente 830 millones de Euros menos a las arcas públicas. Con el volumen de deuda que tiene la Generalitat, ¿se puede tomar esto en serio? Éstas y otras rebajas impositivas compartieron alegremente discurso presidencial con propuestas de planes de estímulo a la economía que requieren, necesariamente, un aumento considerable del gasto de la Generalitat. Como dijo el presidente de los empresarios valencianos, presentan un programa claramente expansivo que no explica cómo se va a financiar. Es evidente que para este ejercicio de funambulismo no hace falta ninguna referencia al contexto económico exterior.
Aunque se puedan entender algunos ejercicios de huida de la realidad, sabiendo que estamos en tiempo preelectoral, otros resultan especialmente despiadados. Ni como ejercicio retórico es aceptable la promesa de incorporar dieciocho mil nuevos beneficiarios al sistema de ayuda a la dependencia cuando se conoce la situación del día a día de muchos dependientes. Los ajenos al tema deben saber que, tras solicitar la ayuda, es habitual tener que esperar en torno a un año para ser valorado en el grado de dependencia y, después, tener que esperar otros tres años más para que se apruebe el Programa Individual de Atención (PIA) que es la resolución que permite acceder a los servicios o recibir las prestaciones. Algunos cifran en quince mil los que se encuentran en esta dramática «lista de espera», estando muchos de ellos valorados como grandes dependientes y en circunstancias de precariedad absoluta. No son pocos los que se quedan por el camino y fallecen antes de recibir alguna asistencia. Cuando se producen quejas, la Conselleria suele «lamentar» los exagerados retrasos sin ofrecer razón alguna que los justifique, pero prometiendo resolverlos «a la mayor brevedad». Como coletilla ineludible de sus respuestas, recuerda que el pago de las prestaciones «está condicionado a las disponibilidades presupuestarias de la Generalitat» que, como todo el mundo sabe, son las que son.
¿A quién va a beneficiar la rebaja en el IRPF que anuncia el President de la Generalitat? Hay mucha gente a la que no le afecta el IRPF porque no gana nada o no llega al umbral mínimo de ingresos para tener que hacer declaración de la renta. En cambio sí que se ven afectados por la introducción de copagos y tasas o por el recorte y la demora en las ayudas. Son los grandes perdedores de la crisis, a los que se seguirá castigando porque con menos ingresos habrá menos «disponibilidades presupuestarias» para cumplir con las ayudas que deberían garantizar las leyes. Son pobres, en muchos casos tienen pocas habilidades sociales o poco nivel cultural, no se organizan y, frecuentemente, no votan. Políticamente hablando, hay públicos mucho más interesantes a los que se puede camelar con rebajas de impuestos. Al parecer, de eso se trata.
