No es de extrañar que las conversaciones telefónicas grabadas por la policía entre el constructor Ortiz y los hace ocho años responsables municipales del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, así como con políticos del PP hayan causado sorpresa y aturdimiento entre la ciudadanía de Alicante. Gracias a estas grabaciones hemos conocido la gran influencia que tenía y tiene dicho empresario en el grupo popular del Ayuntamiento y en un número indeterminado de funcionarios relacionados con el urbanismo, pero sobre todo hemos entendido la fragilidad de un sistema democrático que no ha podido evitar que se hayan producido ciertos comportamientos que, como mínimo, tienen apariencia delictiva tal y como han recogido a lo largo de los últimos años las investigaciones judiciales plasmadas en numerosos autos y en varias imputaciones de miembros del Partido Popular.

Pero una cosa es la responsabilidad política que se pueda derivar de lo escuchado y analizado y otra muy distinta es que lo dicho sea susceptible de ser incluido en alguno de los tipos penales que recoge nuestro Código Penal español debidamente ejecutado por las leyes procesales aplicables a las personas implicadas, sea cual sea el grado de aplicación existente en cada una de ellas. Una parte muy importante del Derecho, injustamente olvidados en ocasiones, son los preámbulos y las exposiciones de motivos que preceden cualquier ley y que en el caso de determinadas leyes son de importancia fundamental para conocer la esencia de las normas que han de regir nuestras vidas, es decir, son los apartados, si se me permite la expresión, donde el legislador establece su función pedagógica y su declaración de intención política. De la exposición de motivos del vigente Código Penal de 1995 y de su íntima unión con la Constitución Española al hacer referencia a la necesidad de desarrollar los derechos fundamentales recogidos en ella, se vislumbra que una de las funciones del moderno Derecho Penal es desterrar la voluntad de venganza y de revanchismo, de linchamiento en la plaza del pueblo y de la utilización de la tortura como medio de prueba que nuestras antiguas leyes admitían, por un sistema garantista de los derechos que las personas poseen por el mero hecho de serlo.

Que las conversaciones de Blas Bernal y Ángel Franco con Ortiz sean delictivas está por demostrar y en previsión de que la Justicia, y no aquellos que se han lanzado en tromba a insultar y a pontificar en las redes sociales, sea la que definitivamente establezca la responsabilidad de cada uno, en previsión de ello, repito, algunos se han adelantado y ya han condenado a aquellas personas que quieren que sean condenadas de antemano, pero, mucho me temo, una cosa son los deseos y otra la realidad. Resulta curioso que aquellos que según ellos mismos admiten se apoyaron en Ángel Franco para conseguir auparse a la dirección del Partido Socialista en Alicante, me refiero, obviamente, a Elena Martín y Gabriel Moreno ( MyM en adelante), sean ahora los que más le acusan de dirigir el partido en la sombra y los que más prontamente han acusado a Franco de corrupto y de connivencia con cierto constructor sin esperar la decisión de la Justicia, que ni siquiera los ha imputado, porque, por supuesto, MyM están en posesión de la verdad más absoluta. El gran drama de ambos es que en las asambleas locales de su partido, a las que el tándem MyM dejaron de acudir hace tiempo, sus tesis siempre han sido rechazadas por los afiliados. Decir que todos los que ejercen su democrático y libre ejercicio de voto en las asambleas están comprados o manipulados es insultar la honestidad e inteligencia de sus compañeros de partido.

Pero lo extraño es que cuando Elena Martín fue elegida secretaria de Organización del PSPV, con un sueldo de 60.000 euros anuales, no denunciase a Ángel Franco como ahora lo hace. O que cuando fue elegida como candidata a la Alcaldía de Alicante en las pasadas elecciones municipales con el apoyo, según se dice, de Ángel Franco, aceptara de buen gusto su apoyo. En vez de ello, el dúo MyM se dedicaron a hacer en cuanto pudieron aquello de lo que ahora acusan a Franco de haber hecho. Así, MyM colocaron a sus amigos en la lista electoral municipal, echaron a los anteriores insultándolos y colocaron a familiares en ayuntamientos, en el Parlamento autonómico o en instituciones alicantinas. Lo resumió Juan Ramón Gil, director de este periódico, en julio de 2013, cuando los llamados concejales socialistas díscolos llevaron a cabo aquella charlotada de intento de cambio del actual portavoz municipal, al decir Gil que «después de haber acusado a Franco de corrupto en todos los foros que circulan por las redes sociales, no tuvieron ningún empacho en pactar con él para conseguir en su día el puesto en la candidatura. O sea, que no. Que aquí no hay política, sino miserias».

Especialmente bochornosas han sido las declaraciones de Ana Paula Cid, acusando a su partido de estar lleno de mierda y de corruptos que apoyan la corrupción. Cabría preguntarse si cuando la señora Cid recibe todos los meses su sueldo prorrateado de 65.000 euros anuales como diputada provincial gracias al Partido Socialista, lo hará con gesto de disgusto y tapándose la nariz. Ante su profundo pensamiento de que «la mierda flota en el PSOE» estamos seguros de que en breve, por higiene, dejará su puesto y volverá a ejercer la medicina.