Muchos alicantinos están hartos -y muchos más indignados- por la situación que vive nuestro Ayuntamiento, con una alcaldesa más pendiente de su situación judicial y de sus consecuencias sobre su carrera política -truncada ya del todo con su segunda imputación en Brugal por la pieza del Plan Rabassa e Ikea- que de la gestión de la ciudad. Que la atención mediática municipal se concentre principalmente en las dos piezas del «mega caso» de corrupción Brugal en las que está imputada Sonia Castedo da una idea cabal de la situación existente en el consistorio alicantino. No es para menos, las acusaciones que pesan sobre la alcaldesa Castedo y su antecesor y mentor en el cargo, Luis Díaz Alperi, recaen sobre la mayor manifestación del poder municipal: la potestad de ordenar su territorio. Una potestad cuyo ejercicio debiera ir encaminado a la satisfacción del interés público, de sus vecinos, y no, como apuntan los indicios de las dos piezas del presunto amaño del urbanismo de la ciudad, a beneficiar los intereses de particulares, por más poderosos y cercanos al poder que sean.

Cierto que, como a cualquier supuesto delincuente, a la señora Castedo le asiste el derecho fundamental a la presunción de inocencia, pero a los políticos les es exigible un plus de responsabilidad que trasciende la esfera jurídica y que han de asumir cuando, como en el caso de la todavía alcaldesa, el órgano judicial razonadamente mantiene la imputación de conductas muy graves en términos jurídicos penales e inadmisibles en representantes públicos. Dentro del proceso se puede discutir la regularidad en la obtención de pruebas: legítimamente vienen alegando las defensas la nulidad de las intervenciones telefónicas, algo que en su momento tendrá que dirimirse judicialmente. Pero el contenido de las conversaciones intervenidas, ampliamente difundido por los medios de comunicación, revela un grado de venalidad y sinvergonzonería política que hubiera debido llevar a los máximos responsables del PP a fulminar políticamente a sus protagonistas hace tiempo. Pero a su vez Rajoy, Cospedal y compañía tienen poca o ninguna legitimidad para poner orden habida cuenta de las peripecias de Bárcenas y sus jugosos sobres.

Lo peor es que las tribulaciones de Castedo y sus fieles comprometen el futuro de Alicante con el nefasto legado de sus gobiernos: un Ayuntamiento hipotecado hasta 2022 para poder pagar las facturas en los cajones de las empresas de Ortiz, servicios públicos ineficientes, trabajadores públicos desmotivados y cabreados al no apreciarse sus méritos sino la afinidad a los gobernantes, servicios sociales colapsados, vecinos acuciados por la crisis que, por si no fuera suficiente, contemplan entre resignados e indignados el deterioro creciente de sus barrios y partidas rurales? En definitiva, una ciudad paralizada y desorientada, carente de modelo territorial, social y económico, sin pujanza cultural, sin horizonte industrial, con un entorno natural y un patrimonio abandonados, sucia y sin atractivos para sus visitantes más allá del buen clima y la playa. Faltan pocos meses ya para poner fin a tanta indecencia política y a la desesperanza mediante un poderoso instrumento en manos de los ciudadanos: el voto. Sin duda lo ejerceremos para recuperar el derecho a nuestra ciudad y cambiar de raíz su lamentable estado actual desde la participación y la transparencia.