La actualidad alcoyana está ocupada en los últimos meses por dos temas, que copan de forma casi monográfica las páginas de los periódicos y los informativos de las radios: el debate sobre el proyecto industrial de La Española en la Canal y el recrudecimiento del conflicto en el seno de la organización de las Fiestas de Moros y Cristianos. Nos hallamos ante dos polémicas muy distintas: la del plan Alcoinnova viene acompañada de una fuerte carga política y puede influir de forma notable en el futuro de la ciudad, mientras que en la del Casal se barajan una serie de variables sentimentales, que contribuyen a elevar el tono de la discusión y a llevar al primer plano un asunto aparentemente secundario. Hay que subrayar, sin embargo, que a pesar de sus abismales diferencias, ambos asuntos tienen un punto significativo en común: los dos acabarán en los juzgados y al final, será un juez el que decida quién tiene razón y quién está equivocado.
En primer lugar, conviene tener muy claro que el recurso a los tribunales supone el reconocimiento de un fracaso colectivo. Una sociedad como la alcoyana, que en el pasado ha presumido de su espíritu de consenso y de su talante negociador, se ve obligada a recurrir al arbitraje judicial ante su incapacidad para resolver sus asuntos importantes por sí misma. En los dos temas -el festero y el industrial- se han alcanzado tales niveles de encono y de incomunicación entre las partes, que desde un principio nadie ha llegado ni siquiera a plantearse la posibilidad de resolver los contenciosos hablando tranquilamente en torno a una mesa.
En segundo lugar, es importante llamar la atención sobre una evidencia que también ha de tenerse en cuenta. La utilización de la vía judicial para la resolución de nuestros problemas significa que la decisión final sobre ellos quedará en manos de un señor con toga, que vive y trabaja en Valencia, en Alicante o en Madrid y que desconoce totalmente los matices y las innumerables derivadas económicas, sentimentales o personales que acompañan a cualquier pleito de ámbito local. Trasladar un debate a los tribunales implica un importante grado de renuncia, ya que conlleva admitir el riesgo de dejar nuestra suerte en manos de un montón de fríos legajos técnicos, que en la mayor parte de las ocasiones son incapaces de reflejar los complicados detalles de la auténtica realidad. La experiencia de la Rosaleda está ahí para recordarnos que, sea cual sea el sentido del fallo del juez, las salidas judiciales pueden ser traumáticas. Pasan los años y a pesar de que existe una sentencia en firme, el despropósito urbanístico de este parque sigue en pie, esperando una solución que costará una millonada y recordándonos todos los disgustos que nos habríamos evitado si los obcecados promotores de la obra les hubieran hecho un poco de caso a aquellas personas que cuestionaban su legalidad. La posibilidad de repetir esa misma historia con un polígono industrial ya construido o con una directiva de la Asociación de San Jorge a pleno rendimiento provoca un fuerte sentimiento de desasosiego y de intranquilidad.
En algún momento de nuestra historia reciente a los alcoyanos se nos ha atrofiado el músculo de negociar. Nos hemos convertido en una ciudad iracunda, habitada por personas permanentemente instaladas en sus propias certezas e incapaces de reconocer ni el más mínimo valor en las propuestas de los que no piensan igual que nosotros. Aquí, nadie quiere dar su brazo a torcer. Aquí, nadie está dispuesto a retroceder ni un milímetro en sus planteamientos iniciales, ya que se ha llegado a la conclusión de que corregir los errores es un síntoma imperdonable de debilidad. Esta manera de ver la vida y la política se está convirtiendo en un peso insoportable para una comunidad que ve cómo los problemas se eternizan en el tiempo y cómo crece la sensación de que vivimos en un bucle permanente en el que siempre se habla y se discute de las mismas cosas.
Posdata. El que tenga alguna duda en torno a la existencia de esta extraña patología social, sólo tiene que recordar la triste historia del último pacto de gobierno de izquierdas. Miles de personas suspiraron por ese acuerdo durante los once años de gobierno del PP, pero eso no impidió que los políticos reventasen el tripartito en sólo unos meses.
