Hace muchos años, cuando todavía no era pasto de las televisiones nacionales, Enrique Ortiz me confesó un día: «Tengo tanto dinero que no me lo podré gastar ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos. Pero no he conseguido ningún reconocimiento social. Para todos sigo siendo un paleto». Me preguntó qué había que hacer para cambiar esa situación. Le contesté lo obvio: invertir en Alicante. No en negocios en Alicante. Sino en Alicante, en la ciudad y para la ciudad. Revertir una parte de todo eso que decía que había ganado. En aquellos tiempos, el viejo edificio de Correos en Gabriel Miró se desmoronaba, cerrado por la empresa pública y sin nadie que quisiera quedárselo, mientras la plaza -como siempre dice Paco Esquivel, la más hermosa de Alicante- se había convertido en el escaparate de todas las miserias que puede acumular una ciudad. Le aconsejé que lo comprara, lo rehabilitara y lo cediera para su uso público con fines culturales, lo que de paso contribuiría a regenerar todo el espacio y devolverle a la zona su antiguo esplendor. No quiso él, no quiso Alperi o no quisieron ninguno de los dos. Probablemente, como siempre, Ortiz sólo me estaba hablando de lo que pensaba que yo quería oír, un empresario que reintegra un porcentaje de sus beneficios a la sociedad de la que forma parte. Además, siempre ha presumido de que, que lo tomaran por un paleto, que lo menospreciaran sus pares, era su mejor arma. Así que hoy que recuerdo aquella conversación no creo que hubiera un ápice de sinceridad en sus palabras. El caso es que Ortiz pudo hacer algo importante por Alicante y, sin embargo, ha acabado hundiéndola. Conviene no olvidarlo, porque los políticos, que son los que copan las portadas, si cometen irregularidades, es porque alguien las alienta y las financia. Y cuando digo no olvidarlo, digo no olvidarlo nunca.
La situación en la que se encuentra Alicante por el llamado caso Brugal y su derivadas, las instrucciones judiciales sobre el presunto amaño del PGOU y la supuesta trama corrupta del plan Rabasa, no tiene referencias en ningún otro sitio de España, salvo que miremos a la Marbella de Gil y Gil y sus sucesores.
Desde que el miércoles pasado mi compañera Mercedes Gallego anticipara en este periódico la nueva imputación de Sonia Castedo -notificada a renglón seguido por el juez, que la ha citado en noviembre-, Alicante no tiene de facto ni alcaldesa, ni gobierno. Castedo se ha encastillado y estoy seguro de que siente y padece, pero ni escucha ni habla ni se mueve. Sus compañeros andan divididos entre quienes no hacen nada para que cualquier actuación, por nimia que sea, no pueda ser malinterpretada ni utilizada por ningún comando; los que intentan repartirse el botín que quede y los que maniobran para sucederla. Y el PP mantiene un incomprensible e imperdonable silencio, escudándose en que sólo ella puede decidir si renuncia o continúa. Es verdad que la decisión es suya, pero es falso que no haya más alternativas. Simplemente falta firmeza y coherencia, justo lo que los ciudadanos reclaman; y sobran cálculos y conspiraciones, precisamente lo que repudian. El presidente regional del PP y jefe del Consell, Alberto Fabra, aún no ha sido confirmado como candidato, y el presidente provincial del partido y vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, está desahuciado si Fabra es ratificado; no tiene autoridad. O sea, parálisis total. Un desastre de tamaño gigantesco que mantiene en coma a la segunda ciudad de esta comunidad a ocho meses, ocho, de las elecciones. No crean que los meses no importan. Importan mucho. Fieles a la perversa costumbre, estos son los meses donde van a llegar buena parte de las inversiones que durante estos años no han fluido. Y o estás encima o te quedas fuera. Lo que significa que, de mantenerse esta situación por más tiempo, volveremos a ver a Alicante relegada a la cola. O, por mejor decir, Alicante seguirá en el rincón en el que lleva años postergada. La pregunta para el PP es qué le importa más, ¿los ciudadanos a los que todos sus miembros se comprometieron a servir o el mezquino cálculo de probabilidades personales de sus dirigentes?
Si el problema lo tuviera sólo el PP, la solución sería fácil: con no volver a votarles bastaba. Pero el primer partido de la oposición, el único capacitado hoy por hoy para reemplazarlo, está igual o peor. Desde que empezamos a desvelar el último informe policial que ha servido de base al juez para imputar de nuevo a Sonia Castedo y Enrique Ortiz, INFORMACIÓN ha abierto su primera página una vez con ellos dos, otra con los dos grandes partidos y dos con personas vinculadas a los socialistas, pese a que éstos ni gobiernan ni gobernaban cuando sucedieron los hechos. Más que significativo, es demoledor.
Irse para quedarse. Al contrario que el PP, el PSPV sí ha movido ficha inmediatamente. A Blas Bernal, el portavoz del grupo municipal cuando los socialistas votaron a favor del plan Rabasa a cambio de que les subieran el sueldo, de quien la Policía sostiene que Ortiz, del que fue empleado tras dejar el Ayuntamiento, le regaló un velero, cosa que él niega, no lo han podido echar porque ya no pertenece al partido del que llegó a ser candidato a la Alcaldía. Pero al exsenador Ángel Franco, que se sentaba al lado de Bernal en el pleno en el que dieron barra libre a Ortiz para manosear la ciudad según sus intereses, le han obligado a darse de baja, después de más de 35 años de militancia y más de veinte de controlarlo en Alicante. En este caso, el informe policial sostiene que Franco formaba parte de la trama supuestamente corrupta formada alrededor de Ortiz, y que de hecho actuaba como una especie de capo de él en el PSOE. O se iba, o lo expedientaban, pese a no estar de momento imputado. Se ha ido. Lo que significa que piensa seguir.
Porque habrá que aplaudir al PSPV por actuar de forma rápida y contundente. Pero también habrá que exigirle que todo esto no quede en una burla. Si no se toman otras medidas, Franco continuará controlando la asamblea socialista, aunque no milite en ella, y sobre todo impondrá al candidato a la Alcaldía que quiere. Una pregunta: ¿si Franco ha muerto, políticamente, Gabriel Echávarri, el secretario general que él puso y el candidato a la Alcaldía que él apadrina, es acaso Arias Navarro? Otra: ¿jugó Echávarri algún papel como asesor jurídico en el apoyo del PSOE al plan Rabasa?
Los sucesos de los últimos días han reavivado la guerra civil que el PSPV de Alicante libra desde hace 20 años, justo desde que permitieron que Franco se hiciera con los mandos del partido. Han puesto en la calle a la concejal Ana Paula Cid -con lo cual, cumplirán con la tradición de acabar con menos concejales de los que empezaron- por decir que «la mierda flota» en el PSOE y que Echávarri ampara la corrupción. Es lógico que lo hayan hecho: ningún partido soporta impasible una descalificación pública tan dura de parte de uno de sus representantes. Pero la cuestión es, si además de echarla, piensan investigar si hay algo de verdad en lo que ha dicho, hasta dónde llegaría ésta y a quienes, además de a Franco y a Bernal, afectaría. Si no actúan, los socialistas no habrán hecho nada por la regeneración que tanto necesitan apartando a Franco, sólo habrá sido una operación de cosmética por la que pagarán otra vez factura. A estas alturas, lo único que cabe es la intervención de la agrupación local por parte de la dirección federal. ¿Que esa tesis coincide con la que defienden los que guerrean en bandos opuestos a Franco pero que, al final, de una forma u otra, siempre acaban perdiendo el crédito por pactar con él? ¿Y qué? La principal virtud de una intervención federal sería precisamente la de desarmar por fin a todos los contendientes. O empiezan ellos de cero o los ciudadanos los reducirán a eso: cero.
Brugal ha acabado por socavar los cimientos de Alicante. El PP y el PSOE, con independencia de la suerte que corran en las urnas y de las decisiones que tomen los jueces, están obligados a reconstruirlos desde la propia configuración de las próximas listas. En cuanto a Ortiz, hace unos años preguntaba cómo conseguir prestigio. En realidad, lo que había perdido era la dignidad.
