En los últimos años, coincidiendo con la progresiva decadencia del gobierno valenciano, hemos asistido en la ciudad de Elche a varios comienzos de curso escolar muy difíciles, caracterizados siempre por múltiples problemas organizativos y dotacionales que impedían un arranque tranquilo y con normalidad. Sin embargo, la decisión en el presente año de la Conselleria de Educaciò, dirigida por María José Catalá, de adelantar el inicio de curso al pasado 3 de septiembre, en todos los niveles no universitarios, no ha sido más que la última gota de una serie de despropósitos que ha colmado la ya exigua paciencia de la comunidad educativa ilicitana. Este baile de fechas lleva, al tiempo, aparejado un adelanto al mes de junio de las tradicionales pruebas extraordinarias de septiembre, exámenes que permitían a muchos alumnos recuperar asignaturas suspensas durante el curso. Las pretendidas intenciones de la consellera con estas medidas, disminuir el fracaso escolar en la Comunidad, no son más que una cortina de humo bajo la que se esconde la verdadera causa que las motiva: disminuir costes económicos al evitar la contratación de profesorado interino.

Este último curso académico, en el que nuestros estudiantes han tenido apenas dos semanas de julio para preparar los exámenes de las asignaturas suspensas, ha servido de banco de pruebas y ha revelado que el resultado no sólo no ha mejorado el número de aprobados, sino que en la mayor parte de centros de secundaria de la ciudad los ha aumentado e incluso duplicado en ciertas materias. Queda demostrado, de este modo, que no se pueden aplicar criterios de gestión económica, aunque sean disfrazados de supuestas reformas educativas, para tratar de obtener logros académicos y obviar, por otra parte, los criterios pedagógicos y la experiencia docente, que justamente nos indicaban que éste no era el camino a seguir, como así ha quedado patente.

A todo lo dicho habría que añadir la implantación en los centros escolares de Elche de la LOMCE, ley que ha nacido sin el consenso de la comunidad educativa y que está condenada por ende a su fracaso, que, junto con la precipitación del inicio, ha provocado uno de los comienzos más accidentados que se recuerdan. A las ya consabidos problemas que sufren colegios, escuelas infantiles e institutos ilicitanos, tales como la falta de profesorado por la lentitud de la administración a la hora de cubrir las vacantes, la presencia todavía de numerosos barracones repartidos a lo largo y ancho del municipio, o los habituales problemas de matriculación de última hora, hay que sumar este año la premura por comenzar en los primeros días de septiembre. Esta sorprendente y poco razonable decisión, que nos ha convertido en la primera autonomía española en dar inicio a las clases, nos ha conducido a situaciones insostenibles, y cuando menos preocupantes, dentro de las aulas, ya que durante varios días las temperaturas en el interior de éstas superaban con creces los 30 grados. Ante esta situación excepcional, que incluso incumple la legislación laboral, se nos ha querido hacer comulgar con ruedas de molino, tanto por parte de la misma Conselleria, como de los responsables municipales al afirmar que vivimos una situación de «normalidad» teniendo en cuenta la zona de España en la que habitamos. Desde el sentido común, me pregunto si es ésta la escuela de calidad que deseamos en la ciudad, si tener a cientos de niños y niñas ilicitanos dando clases en estas condiciones es «normal». Todo hace indicar que no. Asociaciones de padres, sindicatos de profesores y estudiantes han manifestado su malestar e indignación ante tal desatino, llegando incluso al extremo de sacar a sus hijos de las aulas o pedir las suspensión de las jornada escolar en las horas más calurosas del día para evitar que sus hijos sufran lipotimias o mareos que pongan en peligro su salud, como así ha sucedido en varios casos.

No podemos hablar de «normalidad» en la comunidad educativa ilicitana cuando, además de esta excepcional situación climatológica, observamos cómo al inicio de curso faltan por cubrir alrededor de doscientas plazas de profesores, según confirma la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública. No podemos tampoco hacerlo cuando todavía las aulas prefabricadas forman parte del paisaje habitual de centros como La Torreta, Tirant lo Blanc, La Hoya, etc. Y mucho menos podemos entender el continuo recorte en las becas, el aumento del gasto en libros de texto que ha supuesto la entrada en vigor de la nueva ley o las altas ratios que sufren determinados centros en zonas concretas de la ciudad. Esto, se mire como se mire, no puede ser calificado de «normal».

Las políticas educativas socialistas desarrolladas en Elche durante muchos años convirtieron a la ciudad en un modelo a seguir dentro de la comunidad, en el que la educación pública era el eje principal, a diferencia de otras ciudades vecinas. Siempre hemos entendido que la escuela pública es una herramienta vertebradora de la sociedad, que adquiere su sentido más pleno cuando posibilita la igualdad de oportunidades para todos, independientemente del origen social de cada familia. Sin embargo, ha hecho falta muy poco tiempo para comprobar que las prioridades en cuestión de educación en la ciudad para el gobierno del PP son otras. La decidida apuesta por la construcción del llamado CIS (Centro de Iniciativa Social) en Altabix es una muestra clara de que la alcaldesa, Mercedes Alonso, está más preocupada por la privatización de la enseñanza, que por los problemas reales que padecen los centros públicos y que ella entiende como normales. Esta ciudad ha estado durante muchos años orgullosa de su modelo educativo público, sin que nada tuviéramos que envidiar a otros modelos que pretender hacer negocio con la educación, y en ese camino deberíamos perseverar porque nos ha dado excelentes frutos.

Considero que, sin vacilación alguna, debemos oponernos a los recortes que está sufriendo la educación pública, recortes que cada vez son más palpables en nuestra ciudad. No son válidas, de ninguna manera, las excusas manidas de que con la actual crisis no hay dinero en las arcas de la administración para sostener el sistema, y no lo son porque hace unos años, cuando éstas estaban llenas y sobraba dinero para numeroso proyectos faraónicos, tampoco lo había para invertir en educación. Todos sabemos que había otros intereses y que de aquellos barros nos vienen estos lodos. Los socialistas no vamos a permitir que siga adelante esta merma continua de la calidad de la enseñanza pública, ya que en ella reside las posibilidades de prosperidad de nuestra ciudad. La apuesta por un modelo público que garantice la igualdad de oportunidades para todos, que consiga fomentar la Formación Profesional en el contexto laboral de la ciudad y sea capaz de integrar a la Universidad plenamente en la vida cultural y el tejido económico de Elche, nos permitirá afrontar los retos que se abran tras esta situación de crisis en mejores condiciones, al tiempo que desarrollará la conciencia de todos como ciudadanos comprometidos y solidarios dentro de la sociedad en la que vivimos. Sin duda, una mejor educación en el presente, hará de Elche un mejor lugar para vivir en el futuro.