Sin duda alguna el tema político del verano, amén del relativo al excesivo número de aforados, ha sido el del empeño del PP en reformar la actual Ley Electoral en el sentido de que, en las elecciones locales del 24 de mayo próximo, sea proclamado alcalde, «ipso facto», el cabeza de la lista más votada. Se trata de un asunto que a nuestro entender requiere mucho más tiempo para ahondar en el mismo que el que nos separa de la celebración de aquéllas. Tal propuesta ha provocado que los partidos minoritarios tiendan a coaligarse al entender que la pretendida reforma les perjudica.

Consideramos prioritarios otros asuntos que preocupan mucho más a la ciudadanía como son, entre otros, los relativos a la duración de los mandatos - legislaturas, el de la confección de listas, el de que estas sean abiertas, el de la minoración del número de diputados autonómicos o el de la supresión de los privilegios de que gozan los expresidentes de las autonomías, el de las incompatibilidades o el de la acumulación de cargos?

El nuevo Rey ha sido el primero en dar un paso adelante al prohibir a la Familia Real trabajar en empresas privadas, lo que aplaudimos.

Resulta indignante hasta causar alarma social que el expresident compatibilice un escaño en Les Corts, faltando demasiadas veces a las sesiones, con el de ser miembro del Consell Jurídic-Consultiu, disponiendo además de coche oficial, despacho y secretaria. Escandalosas prebendas a las que ha tenido que renunciar el otrora Molt Honorable por fraude fiscal durante 30 años.

Dice nuestro president que no habrá imputados en las próximas listas electorales, a lo que replicamos ¿Por qué tenían que figurar de nuevo? ¿Por qué se repiten cada cuatro años los mismos nombres? Habiendo miles de afiliados o simpatizantes más capacitados y con un mayor bagaje ético para realizar las tareas pertinentes. Tampoco deberían incluirse todos aquellos diputados, y son muchos, que firmaron la petición de indulto a favor del exalcalde de Torrevieja, actualmente en prisión. Ni los que hayan apoyado estos últimos días el solicitado por el expresidente de la Diputación de Castellón.

Panorama político desolador teniendo en cuenta que hay nada menos que 27 procesados por contratar con Gürtel, entre ellos tres exconsellers, por pasarse de listos, al trocear contratos que debieron licitarse mediante concursos con publicidad, para proceder a su contratación directa e? interesada. Fiel reflejo de ello se expresa en la viñeta de Enrique, en este medio, en el que uno pregunta: «¿Cuáles son los destinos de moda este verano?» y el otro le contesta que «Depende: mayoritariamente, los políticos han elegido centros penitenciarios».

Tampoco deberían aparecer en las listas los autores de declaraciones totalmente desafortunadas e impertinentes, impropias de quienes ejercen cargos públicos como las efectuadas, y no es la primera vez, por el alcalde de Valladolid, nominado para ser declarado «bocazas mayor del Reino». Ni ser nombrados asesores, como el del Ayuntamiento de Orihuela, cuyas palabras no reproducimos por caernos muy bien los madrileños.

También consideramos prioritario reformar la legislación electoral a los fines de que no resulten beneficiados los grupos mayoritarios en detrimento de los minoritarios. Eliminar el listón del 5% de los votos emitidos para la obtención de escaños en el Palau dels Borja.

Rechazamos la práctica de aquellos, en demasía, de acogerse en su beneficio al «do ut des» (doy para que me des), como ha quedado demostrado recientemente con los nombramientos de los síndics de Greuges, titular (PP) y adjunto (PSOE), perpetuándose ambos en cargos públicos.

Menos asesores, menos diputados autonómicos, menos cargos directivos? es lo que demandan urgentemente los ciudadanos. En el Psiquiátrico de Fontcalent, los sindicatos denuncian que un solo funcionario debe vigilar 160 reclusos, lo que no deja de ser aberrante.

Actualmente componen Les Corts el número máximo permitido por el Estatut d'Autonomía, 99, tras haberse aumentado dos veces desde 1982. Lógico que se pida su disminución hasta el mínimo, 75. La ciudadanía prefiere que se aumente el número de funcionarios de prisiones, de sanitarios, de profesores que tanto diputado con unos tres meses de vacaciones, tiempo, que al cobrarlo, deberían dedicarlo a labores de voluntariado. Nos gustaría saber cuántos de ellos participan en tan nobles como loables y solidarias actividades. Por otra parte, si su president ejerce su cargo sin dedicación exclusiva ¿Por qué los restantes 98 la tienen concedida automáticamente desde el momento de su toma de posesión? ¿No debería ofrecérseles o imponérseles tan solo a los síndics y a los componentes de la Mesa? ¿Por qué resulta tan barata (precio de saldo) desprenderse de ella?

Nuestro parecer es que no hay chollo mayor que ser diputado en la Comunidad Valenciana, salvo haber sido tesorero del PP a nivel nacional o ser diputado provincial. Nuestra última propuesta es que ningún alcalde de poblaciones con más de 20.000 habitantes pueda simultanear su cargo con el de diputado ni autonómico ni provincial ni nacional. ¡Un político, un cargo, un sueldo, proporcional a su dedicación y responsabilidad, y sin sobresueldos!