El 24 de octubre de 2002 se puso en marcha en España «La operación Brujo» en la que unos 200 guardias civiles, policías y funcionarios, detuvieron a 23 personas -algunos médicos- por fabricar o estar relacionadas con el Bio-Bac. Este es un producto que, según el expresidente de la Asociación de Microbiología y Salud española «consigue estimular claramente el sistema inmune, la citolisis de determinadas células tumorales y una modulación de la muerte celular programada». Y según el doctor Ramón Cacabelos -catedrático de Medicina Genómica y vicerrector de Investigación y Ciencia de la Universidad de Camilo José Cela de Madrid- «es un producto con actividad antioncogénica de gran especificidad en algunas líneas tumorales».

Fue el doctor Fernando Chacón Mejías, microbiólogo, farmacéutico y veterinario español nacido en Córdoba en 1917 quien dedicó su vida a estudiar los mecanismos patógenos de las proteínas, siendo realmente el descubridor de que determinadas proteínas anómalas podían ser las causantes de numerosas enfermedades degenerativas. Después de 50 años de investigación anunció en 1974 el hallazgo de la etiología de enfermedades producidas por los llamados ahora «priones». Fue este cordobés quien realmente descubrió las bases de lo que los científicos de vanguardia llaman hoy la Proteómica. Lo que ahora pretenden averiguar, ya lo descubrió Fernando Chacón -ya fallecido- hace más de cuarenta años. Y está publicado. Y además fue quien elaboró y patentó el Renoven, hoy conocido como Bio-Bac: uno de los productos más perseguidos, ridiculizados y ninguneados por parte de la «oficialidad» y de los poderes sanitarios públicos regidos por el PP. Producto que, derivado de sus investigaciones, Chacón recomendaba contra las enfermedades degenerativas a las cuales relacionaba con las mencionadas proteínas anómalas.

Desde el Ministerio de Sanidad de Ana Pastor (hoy ministra de Fomento) y desde la Agencia del Medicamento dirigida en aquel entonces por Fernando García Alonso (hoy director científico del grupo farmacéutico Ferrer), ¡vivan las puertas giratorias!, y aplaudida por los mismos sectores multinacionales que, hasta en dos ocasiones, intentaron comprar los derechos de la patente del Bio-Bac por un montante enorme y que, evidentemente, no consiguieron, se acusó a los encausados de pertenencia a una red organizada y armada con la pretensión de enriquecerse con la fabricación y comercialización de un producto que ponía en riesgo la salud pública. El Bio-Bac fue retirado del mercado y se inició un proceso judicial por delito contra la salud pública que ha durado más de doce años.

Ante la retirada del producto vinieron las demandas de muchos pacientes encabezadas por Luis Sánchez Harguindey, médico y exsecretario de Estado de Sanidad, y exjefe de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Asimismo, Enrique Sánchez de León, exministro de Sanidad, abogado y experto en Derecho Sanitario, asumió la defensa de Rafael Chacón hijo, interponiendo en junio de 2003 y ante la Fiscalía General del Estado una demanda contra la ministra de Sanidad de entonces, y tres altos cargos más de su Ministerio. Ministerio que en abril anterior de ese mismo año había dado la posibilidad a Chacón de autorizar su producto bajo el epígrafe de dietético y ante las presiones de diputados del PSOE, IU, BNG, los Verdes y curiosamente Esperanza Aguirre; todos apoyando a los consumidores en el uso del remedio.

Al final, y ante la incuestionable evidencia científica demostrada por este producto en los ensayos e investigaciones realizados en 15 centros de prestigio internacional -algunos españoles- se optó por registrarlo y legalizarlo en el resto de Europa y, finalmente en febrero de 2006, nuevamente en España como «complemento dietético».

Doce años después, 19 de los 23 encausados ni siquiera han llegado a sentarse en el banquillo y tres más han sido absueltos. Solo uno de ellos -Rafael Chacón- ha sido condenado -sentencia recurrible- y no por los delitos que dieron lugar a tan infame operación sino por alegar «manifestaciones inciertas o falsas de los efectos que produce el consumo de Bio-Bac» a pesar de que 63 de 70 pacientes afirmaron en el juicio que el producto «les fue bien». Canallada que merece una amplia reflexión. Los fabricantes de yogurt sí pueden atribuir propiedades benéficas a sus productos, caso del colesterol por ejemplo, el Bio-Bac, no. Demencial e injusto.

Nunca hemos dejado de usarlo, que lo sepan. La sentencia reconoce que el producto es inocuo y la misma Comisión Europea permite hasta 222 declaraciones de propiedades saludables determinando que los complementos alimenticios pueden especificar en sus etiquetados y prospectos declaraciones terapéuticas de los mismos. Si no ¿cómo se explica que en los registros europeos aparezca el cartílago de tiburón como regenerador del cartílago humano?