Avanza el veranito y ya nos van centrando el discurso post-vacacional. Prepárense para no hablar de otra cosa que no sea la reforma del sistema electoral. Eso sí, siempre que los chicos de Juan Antonio Orenga no nos ofrezcan una merecida alegría en el Mundial de basket. De ser así, por lo menos tendremos algo que celebrar. Por el momento se calienta el ambiente a fuerza de frases altisonantes. Mientras unos hablan de «secuestro de la democracia» o de «golpe de Estado», otros han descubierto la panacea de una supuesta elección directa de alcaldes como medio para mantenerse en la poltrona. Nada nuevo bajo el sol.
No sé quién diablos asesora a Rajoy cuando lanza sus «globos sonda» -supongo que Pedro Arriola- pero da la impresión de tratarse de un infiltrado de la muy leal oposición. A nueve meses vista de las municipales y autonómicas, se saca de la manga una reforma de la Ley Electoral que, pudiendo ser el principio de algo interesante, nace desgraciada. Y, lo que pudo haber cosechado el reconocimiento ciudadano al principio de la legislatura, hoy acaba pareciendo un burdo intento de pucherazo más propio de Maduro y sus secuaces.
Elegir directamente, no solo a los alcaldes sino a todo cargo representativo, es algo que cualquier españolito desea. Pero sin faroles y con listas abiertas de una santa vez. Porque una cosa es elegir alcaldes de forma directa y otra -bien distinta y como inicialmente propone el PP- dar prioridad a una lista cerrada de concejales. Ojo, que no es lo mismo. Eso sí, hay que ser muy incrédulo para esperar que la medida sea bien recibida a estas alturas de la película. Como apunta Ximo Puig, cambiar las reglas del juego al final de la partida es hacer trampa. Y no está el país para cambios legislativos de este calado, sin el debido consenso entre los grupos políticos, aunque solo sean los mayoritarios. El tema pinta -y suena- tan mal que mejor dejarlo para la próxima legislatura. ¿Que estaba en el programa electoral? Pues haberlo planteado antes.
La falta de oportunidad debería ser argumento más que suficiente para dar la razón a los partidos de la oposición, en su negativa a sentarse a negociar. Ahora bien, las razones esgrimidas por algunos de los que no comparten la iniciativa de Rajoy, parecen tan burdas como las prisas de éste. Considerar que la elección directa de los alcaldes y las alcaldesas es un secuestro a la democracia, como ha afirmado más de uno, no parece muy acertado. En todo caso se trata de devolver el poder de decisión a los ciudadanos, liberándolos del filtro de la partidocracia. Porque precisamente aquí radica uno de los secuestros que sufre actualmente nuestra democracia: el generado por los intereses propios de los partidos políticos. Razón tienen al quejarse de las formas, pero no del fondo.
Los políticos, tarde o temprano, acaban pensando lo mismo. El problema es que no coinciden en el tiempo. Y esto parece ocurrir con la propuesta de la elección directa. Quien ayer estuvo en contra, hoy la defiende. Quien la propuso, ahora la detesta. Vean al alcalde de Vigo, Abel Caballero, afirmando que el PSOE no va a negociar «ni ahora ni nunca, porque sería avalar un intento antidemocrático y regresivo». Es comprensible que no quieran ahora, pero extraña que niegue la mayor anticipando que nunca negociarán la elección directa de alcaldes.
El también vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ex ministro socialista, parece que ya no está de acuerdo con la proposición que su partido presentó en el Congreso de los Diputados en 1998. Era una buena idea, aplicable a los municipios de más de 250 habitantes aunque, eso sí, planteando segunda vuelta en caso de no obtenerse una mayoría absoluta. Si a Rajoy empieza a hacerle tilín esto de la democracia directa, la propuesta socialista del 98 parece un buen punto de partida para negociar. Tal vez sea mejor esta posición -u órdago, según se vea- que la confrontación directa. ¿Ven? Ya hay materia para trabajar, sin necesidad de esperar a la próxima legislatura. Pero sin prisas, que éstas siempre son malas consejeras.
¿Y qué dice la novia de todas las novias? En Podemos, juez y parte en este galimatías en que se está convirtiendo la política española, afirman que el PP legisla contra ellos. Eso dice Juan Carlos Monedero. Me pierdo. Con las reglas actuales, difícilmente alcanzarían muchas alcaldías por ser los más votados. Y no serían, precisamente, las que actualmente ocupan los populares. La formación de Pablo Iglesias es un peligro evidente para algunos partidos pero dudo que lo sea para el PP. El barómetro del CIS de julio, el mismo que le situaba como tercera fuerza política del país, mostraba la procedencia de su electorado potencial. Desde el PP, apenas un 3% cambiaría su voto por esta opción. Es a Izquierda Unida a quien le rasca el 28% de sus votantes, mientras PSOE y UPyD les transfieren el 16% de los suyos. Los datos demoscópicos no parecen mostrar un peligro para el PP sino, más bien, un beneficio. Precisamente es la irrupción de Podemos lo que está permitiendo a los populares distanciarse y ser el partido más votado.
Otra cosa es que los pactos post-electorales sean utilizados como catapulta para «adelantar» a otros y tergiversar los resultados. Hambre y sed de poder. Si desde el PP hay desazón por mantener alcaldías, otros también pierden igualmente el sueño por alcanzarlas. Es obvio que el PP le tiene miedo a los tripartitos o a cualquier otro «pacto de progreso». Pero también deberían tenerlo algunos de sus protagonistas. Estos negocietes siempre acaban mal y, en todo caso, aquí sí encontramos auténticos secuestros de la democracia.
Rajoy tiene parte de razón pero ha perdido el tren que le interesaba. No obstante, un buen estadista no perdería la ocasión para liderar el cambio de un sistema perverso. Eso sí, sin prisas y con buena letra.
