Y Mariano se echó al monte. O de perdidos al río. A Rajoy le ha entrado el pánico, y ya se sabe que en esos momentos es cuando es más fácil cometer errores, o hacer tonterías, me temo. Después de treinta y siete años de democracia, ahora a nueve meses de las elecciones municipales, ha descubierto que es urgente cambiar el sistema de elección de los alcaldes «para que sea más democrático».

La Constitución establece (art. 140) que «los concejales serán elegidos por los vecinos», «los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos». Ahora se pretende que el alcalde sea el de la lista más votada, la minoría mayoritaria, y para garantizar la gobernabilidad, y para que el alcalde tenga mayoría en la corporación se le dará, por ley, la mitad más uno de los concejales. Por ejemplo: en las últimas europeas, en Alicante ciudad, el PP obtuvo un 28,8% de los votos, y fue la lista más votada; con el sistema actual -proporcional corregido por la regla D'Hont- la distribución sería 11 concejales PP, 7 PSOE y 4, 4, 3 respectivamente para UPyD, EU y Podemos; el PP tendría que acordar con algún minoritario, UPyD por ejemplo, el alcalde y el gobierno municipal. Con la propuesta de Rajoy el alcalde sería el de la lista más votada -aunque fuera en dos vueltas- pero para poder gobernar tendría la mitad más uno de los concejales, o sea 15 en el caso de Alicante, y el resto se supone que se reparte proporcionalmente entre los minoritarios.

El sistema de dar la mayoría absoluta a la lista más votada es democrático. En Gran Bretaña la lista más votada en cada circunscripción obtiene el escaño al Parlamento, o en Francia se decide en una segunda vuelta. La reforma propuesta es incontestablemente democrática, y el PP de Rajoy tiene la mayoría absoluta en el Congreso lo que le permite modificar la Ley Electoral (art.81 de la Constitución). Nada que objetar, en ese aspecto.

Pero, y es importante, la reforma es menos democrática que la Ley Electoral actual, porque la representación será menos plural. Los minoritarios se quedan fuera o tendrían menos representación. Porque, siguiendo con el caso de Alicante, el 71% de los votantes tendrían un 49% de los concejales; y los representantes de un tercio de los alicantinos gobernarían de forma incontestable la ciudad. Ya hemos sufrido varias mayorías absolutas consecutivas. La gobernabilidad se puede garantizar como en estos treinta años mediante pactos de Gobierno o de apoyo en el pleno.

La reforma es de inspiración demoscópica, persigue objetivos electorales partidistas, en varios sentidos. Primero, con la ley actual el PP perdería el gobierno de una veintena de capitales y grandes ciudades; con la modificación, no. Segundo: el PP ya no es la única candidatura en la derecha, como hasta ahora; a los nacionalistas hay que unir UPyD y Ciutadans, además de Podemos que también ha obtenido votos en ese caladero, con su propuesta transversal. Tercero: es sabido que quien gana las municipales gana las generales; no tendría nada de particular que Arriola le recomendara adelantar las generales, para evitar el efecto arrastre haciéndolas casi coincidir.

Y por último, y al margen de sondeos electorales, ni Rajoy se cree ya que la reactivación económica la vayan a percibir los ciudadanos antes de las elecciones de mayo y le ha entrado el miedo. El frenazo en las principales economías europeas -Alemania y Francia- y la recesión en Italia, más las sanciones de Rusia, obligan a revisar a la baja las previsiones de crecimiento para este año y el próximo.

La penúltima medida estrella ha sido el Decreto Ley 8/2014 aprobado, en vísperas de las vacaciones, con el tiempo justo para que lo convalide su mayoría absoluta en el Parlamento, y por el que se modifican nada menos que 26 leyes, 26, de una tacada, con 170 artículos, con otras tantas páginas y once anexos. Acogiéndose a que las modificaciones de todas ellas son de «extraordinaria y urgente necesidad» -como exige la Constitución para los decretos leyes- han metido: una exposición de Picasso, la modificación del cuerpo de registradores -el de Rajoy-, comercio minorista, aviación civil, sector portuario, fomento del empleo, el terremoto de Lorca, etcétera. Es una burla a las Cortes Generales, y aunque está recurrido ante el Tribunal Constitucional, para cuando salga la sentencia llevará cuatro o seis años vigente. Lo dicho, se ha echado al monte.