Todo perfectamente legal, todo perfectamente indecente. El grupo Ortiz se llevará cuatro millones de euros por no hacer el bulevar de Alcoy. Los desvelos del gobierno de Jorge Sedano han dado su fruto; el objetivo estaba muy claro: que el promotor de cabecera del PP alicantino se llevara una millonada si se hacía la obra o que se llevara otra millonada (algo más pequeña) si el proyecto no llegaba a convertirse en realidad. Saliera lo que saliera, al final acabábamos pagando el pato todo los alcoyanos: si se construía esta polémica infraestructura, la hacienda municipal quedaba hipotecada hasta el año 2030 y, además, nos veíamos obligados a soportar de por vida un infumable vial que destrozaba buena parte del Ensanche y de Sant Rosa y si no se construía, una indemnización prácticamente cantada iba a dejar las arcas de nuestro Ayuntamiento en los puros huesos. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante, condenando al Ayuntamiento de Alcoy a pagarle 4 millones de euros a grupo Ortiz, era esperada y previsible, dados los planteamientos leoninos sobre los que en su día se redactó el contrato de concesión.
La forma en que el PP gestionó los trámites previos al proyecto del bulevar hacía prever este castigo si la iniciativa se paralizaba. Contra viento y marea, con el rechazo vecinal y de todos los partidos de la oposición, los populares aprobaron una actuación de 27 millones de euros, que suponía la mayor inversión municipal de la historia de Alcoy. El proceso se hizo a uña de caballo, en lo que era un claro intento de tener adjudicada esta obra antes de que acabara la legislatura, en previsión de que un cambio político en la corporación afectara negativamente a algo que se perfilaba como un traje a medida para un promotor envuelto por una enorme lista de casos de corrupción. Se trataba de dejar atada y bien atada una infraestructura, que por su envergadura económica y por su impacto urbanístico merecía un cierto grado de consenso, que en ningún momento se produjo. Los planes de Jorge Sedano se han cumplido a la perfección, el gobierno municipal de izquierdas ha encarado la insoportable herencia del bulevar con dos únicas alternativas posibles: una mala y otra peor.
Ante un desastre de esta envergadura, el gobierno de Toni Francés sólo le queda la posibilidad de explorar la vía de los recursos en los tribunales, en un intento de dilatar el proceso y de buscar algún golpe de suerte judicial, que reduzca la magnitud económica de la tragedia. En una corporación que hace equilibrios para mantener los servicios mínimos, el impacto de una sanción de 4 millones de euros es un verdadero drama, que acabará afectando al día a día municipal.
La única ventaja de este endiablado asunto es que tiene un clarísimo responsable político: el ex alcalde Jorge Sedano, un hombre que se saltó todos los límites de la prudencia para aprobar un proyecto urbanístico lleno de zonas de sospecha y de incertidumbre. Habrá que esperar a ver cómo el actual gobierno de izquierdas le exige al ex dirigente popular su obligada cuota de explicaciones sobre este explosivo capítulo de su nefasto legado político. Dada su actual condición de tránsfuga y de principal apoyo del bipartito PSOE/EU, no hay que albergar grandes esperanzas al respecto. El Ayuntamiento seguirá con su batalla en los palacios de justicia y pasará de puntillas sobre un elemento tan relevante como es la autoría del desaguisado. Conviene tener en cuenta que estamos en Alcoy, la ciudad del eterno borrón y cuenta nueva, en la que la amnesia se ha consolidado como una herramienta imprescindible para alguien que quiera hacer carrera política.
