Podríamos pensar que se trata de una «broma pesada» si la tozuda realidad de experiencias pasadas no nos dijera que tenemos que tomarnos muy en serio los nuevos «cantos de sirena» que nos llegan de los que mandan sobre las cuentas públicas de nuestro país.
Ahora, cuando llevamos meses escuchando decir a nuestros dirigentes que la crisis económica es cosa del pasado y que no van a resultar necesarios esfuerzos adicionales para controlar nuestro déficit, nos enteramos por los medios de comunicación que Gobierno central y CC AA han estado intercambiando documentos con nuevas posibles medidas de recorte que afectarían tanto a ciudadanos como a empleados públicos.
Como si de una carta a los Reyes «Malos» se tratara, los responsables de las cuentas autonómicas han planteado a Hacienda dónde y de qué manera se puede dar una nueva «vuelta de tuerca» para tener que gastar menos.
Una vez conocido un primer documento en el que se enumeran todas las medidas, tanto desde las autonomías como desde el Estado se han apresurado a asegurar que éstas no son cosa suya y que no tienen intención de recortar más. Si esto finalmente fuera así, no se entiende entonces la innecesaria alarma social generada ni la pésima imagen que vuelven a dar nuestros responsables públicos.
Lamentablemente, soy de los que creen que, por mucho que unos y otros quieran huir de la paternidad de estas medidas, los ciudadanos y profesionales seguiremos sufriendo las consecuencias negativas de unos recortes que llegaron para no marcharse.
Entrando en el detalle de las medidas propuestas, vemos que las que afectan a nuestro sistema sanitario suponen el grueso de las mismas, volviéndose a constatar que los gestores públicos siguen viendo a la sanidad, por mucho que digan que es intocable, como principal víctima propiciatoria a sus intereses de reducción de gastos.
Especialmente lesivas para los intereses de los ciudadanos son las que apuestan por la aplicación de nuevos copagos y tasas, como la hostelera, o el cobro de parte del coste de las estancias hospitalarias en los tratamientos de larga duración.
De cara a los profesionales, no resultan aceptables propuestas como el no reponer plantillas cuando se producen jubilaciones o bajas; la reducción o eliminación de interinos; la no convocatoria de nuevas ofertas públicas de empleo; la pérdida de derechos laborales o el homogeneizar las retribuciones a través de conceptos variables.
También resulta muy preocupante que, mientras muchas de las medidas propuestas suponen «de facto» un mayor desmantelamiento de nuestro sector público sanitario, otras beneficien claramente los intereses económicos del sector privado, como el aprobar una desgravación fiscal para sus asegurados o el alquiler de plantas y camas en los centros públicos para los enfermos de la privada.
Dicho esto, todo no puede ser malo y entre tanto despropósito se incluyen algunas medidas que resultarían beneficiosas, como el acabar con las pruebas diagnósticas que se repiten sin necesidad; distintas actuaciones de ahorro en farmacia y medicamentos; la revisión de conciertos y prestaciones realizadas con medios ajenos o la realización de compras de forma centralizada. Muchas de ellas, propuestas ya realizadas por SATSE en los distintos ámbitos de negociación sanitaria.
Mención aparte nos merece al colectivo que representó la medida que apuesta por el desarrollo de nuevas competencias profesionales en Enfermería que respondan a los requerimientos actuales del sistema sanitario español. Una actuación que ya está incluida en el acuerdo suscrito el pasado año con el Ministerio de Sanidad, así como en el documento sobre el nuevo espacio sociosanitario elaborado por el Consejo Asesor de Sanidad.
Dicen los que entienden de los entresijos de la política que no se atreverán a adoptar nuevas medidas de recorte en momentos previos a elecciones por la impopularidad que conllevan, algo que sucederá el próximo año, primero con las autonómicas y locales y luego con las generales, pero la pregunta es: ¿qué pasará después?
Ojalá nos equivoquemos los que pensamos que, tarde o temprano, intentarán convencernos de la necesidad o idoneidad de apretarnos un poco más el cinturón.
En todo caso, se lleguen a producir o no nuevos recortes, sería muy necesario que, de igual manera que se ha hecho pública en estos días la balanza fiscal de las distintas autonomías, pudiéramos conocer la «balanza» de la aplicación de los recortes ya realizados a los ciudadanos y profesionales de cada una de las CC AA, porque no olvidemos que una cosa está estrechamente relacionada con otra.
